Los cien días para apaciguar el país que había fijado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han llegado a término con un símbolo inquietante: todas las manifestaciones contra la violencia policial han sido prohibidas durante la celebración de la fiesta nacional del 14 de julio y durante el fin de semana.
El excepcional despliegue policial para proteger al jefe del Estado y el desfile militar en los campos elíseos no ha impedido, sin embargo, que muchas personas abucheen una vez más al presidente, provocando numerosas detenciones arbitrarias.
La libertad de expresión y la libertad de manifestación han sido atacadas de nuevo en este país, como lo denuncian la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la izquierda parlamentaria, mientras que el presidente, como su ministro del interior, Gerald Darmanin, siguen tendiendo la mano a las ideas xenófobas de la ultraderecha.
El catorce de julio, que conmemora la revolución francesa de 1789, (Libertad, igualdad, fraternidad), ha sido utilizado por Macron para establecer lazos de amistad con el primer ministro indio, Narendra Modi, conocido neofascista, xenófobo y anti islamista, quien ha pisoteado los derechos humanos y las libertades democráticas en su país. Un contrato de armamento es la justificación del poder sobre tal ignominia.
Triste símbolo que en el ámbito interior va acompañado del silencio de Macron sobre la «colecta de la vergüenza», dinero recaudado para la familia del policía que mató al joven Nahel, y que está acusado de «homicidio voluntario».
Silencio también del presidente y de su gobierno frente a la amenaza sediciosa de dos sindicatos de extrema derecha en la policía nacional, que han declarado la guerra a los «dañinos» (les nuisibles) denominando así la rebelión de los jóvenes en los barrios populares tras la muerte de Nahel.
Según los informes de la propia policía, noventa por ciento de los jóvenes que participaron en los disturbios son de nacionalidad francesa. Esa información no ha impedido que se desate una polémica racista, sobre todo en la prensa del grupo Bolloré, para definir a partir de cuantas generaciones se es o no francés.
Silencio también del gobierno y de los diputados macronistas, cuando el ministro de la educación, Pap Ndiaye, ha sido calumniado y atacado por la extrema derecha. Aun siendo fiel seguidor de Macron, su color de piel no es del agrado de los neofascistas.
Pap Ndiaye, ministro francés de origen senegalés, ha acusado al grupo Bolloré (Cnews, Europe 1, Valeurs actuels, JDD) de ser dañino para la democracia. Por cierto, que la redacción del JDD, Journal du Dimanche, sigue en huelga desde hace veintitrés días para protestar contra la designación por Bolloré de un conocido ultraderechista como director del diario.
Los cien días de «apaciguamiento» tienen pues un olor podrido de fin de reino para el régimen autoritario de Macron, presidente monarca que es hoy no solo cómplice sino al mismo tiempo rehén de esa extrema derecha neofascista que pretendía combatir, pero que es ahora su mejor aliado.
La ultra derechización de Macron y de su régimen se ha acelerado en las últimas semanas tras los disturbios en los barrios populares, con una alianza declarada entre la derecha y la extrema derecha para calificar de «anti republicana» a la izquierda parlamentaria en Francia. La neo lengua macronista alcanza niveles surrealistas, entre mentira y difamación.
En plena crisis, el neoliberal Macron navega en pleno delirio demagógico, temeroso probablemente de que la policía que le protege, le indique dentro de poco la puerta de salida. Los ataques del gobierno contra la Liga de Derechos Humanos, contra el movimiento ecologista, acusado de «eco terrorismo», o contra Anticor, organismo que lucha en Francia contra la corrupción, son pruebas de esa pérdida de rumbo iliberal.
La incontrolada violencia policial y la represión de toda manifestación hostil al poder del jefe del Estado se extiende de forma inquietante en constantes ataques contra la libertad de expresión. Cualquier opinión expresada en público contra el presidente puede motivar hoy la detención arbitraria de un ciudadano.
Cien organizaciones políticas, sindicales, oenegés, asociaciones y colectivos ciudadanos han firmado un manifiesto contra la violencia policial en Francia tras la muerte del joven Nahel, con el título de «Notre pays est en deuil et en colere» (Nuestro país está de luto y en cólera).
Un manifiesto en el que se reclaman medidas concretas para terminar con el racismo en el seno de la policía, así como la abrogación de la ley que autoriza el uso de armas de fuego en caso de «negarse a obedecer».
En el semanario cultural Telerama, doscientas cincuenta personalidades del mundo del arte y de la cultura acaban de publicar una tribuna o carta abierta para denunciar la banalización de las presiones políticas contra la cultura y llaman a los representantes electos demócratas a afirmar una franca oposición frente a la extrema derecha.
«¿Vivimos en un país en el que la ideología de la extrema derecha a impuesto su influencia, antes de haber logrado una mayoría electoral?» Se preguntan los firmantes de ese llamamiento que cita los innumerables atentados contra la libertad de expresión y contra la creación artística, en diversos festivales y conciertos en diversas regiones del país, bajo la presión de la ultraderecha y con la complicidad o el silencio del gobierno y del jefe del Estado.
«Hay que oponerse a lo que amenaza gravemente nuestra democracia, nuestros derechos y libertades fundamentales», concluyen los signatarios.
En todo caso, valga recordar que nadie ha pasado la página aquí sobre la ley de pensiones por mucho que le pese a Macron, y la movilización sindical y popular va a proseguir durante y después del periodo veraniego. Esa lucha por la abrogación de la ley de pensiones está estrechamente ligada a la que plantea la inflación galopante, la carestía de la vida, el incremento del desempleo y el gigantesco aumento de las desigualdades sociales entre la población y una élite de multimillonarios que se niegan a redistribuir la riqueza.
Lucha sindical y social que confluye cada vez más con la denuncia de la arbitraria y letal violencia policial, con la lucha parlamentaria contra la tentativa de amordazar las instituciones democráticas y con la movilización ecologista para salvar el planeta, frente a las políticas destructoras de las multinacionales.