Veinticuatro horas después de la anterior entrega, una nueva crónica del Observatorio Trump registra un cambio sustancial en la batalla por las elecciones legislativas estadounidenses. La oposición democrática en sentido amplio ya no se limita a obtener protección judicial frente a la intervención federal: ha comenzado a comprobar la calidad de las pruebas utilizadas por el Gobierno.
La primera revisión externa de la lista con la que el Departamento de Justicia pretendía que California apartase miles de papeletas ha encontrado errores cuantificables. De los 20.930 nombres señalados como posibles votantes no ciudadanos, 8880 —el 42 por ciento— no aparecen en el censo electoral vigente del estado, según el análisis presentado el sábado ante un tribunal federal.
Una lista que no coincide con el censo
La AP explica que dos especialistas del UCLA Voting Rights Project compararon la relación federal con el archivo electoral de California y con una lista de ciudadanos naturalizados vinculados a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). Identificaron al menos veintidós coincidencias completas entre personas que el Gobierno consideraba posiblemente inelegibles y ciudadanos estadounidenses confirmados.
El examen encontró además 66 coincidencias casi completas con otros miembros de CHIRLA y cientos de correspondencias probables. Los analistas advirtieron de duplicados, campos incompletos y de la ausencia del identificador electoral individual, el dato que permitiría comprobar con mayor precisión si una persona concreta figura en el censo.
La revisión, recogida también por Democracy Docket, calcula que aplicar la metodología federal al conjunto del electorado podría señalar erróneamente a cerca de 7500 ciudadanos naturalizados. Esa cifra exige cautela: no significa que se hayan confirmado 7500 ciudadanos dentro de la lista. Es una estimación del riesgo de falsos positivos producido por el método de cruce de datos.
Que 8880 nombres no aparezcan en el censo vigente tampoco determina su situación migratoria. Demuestra algo distinto y políticamente relevante: esas personas no pueden respaldar, sin verificaciones adicionales, la afirmación de que California está a punto de contar 20.930 votos de no ciudadanos.
La transparencia judicial produce evidencia
El análisis fue posible porque el juez federal James Boasberg ordenó el viernes que el Gobierno entregase la lista a los demandantes. Hasta entonces, la Administración de Donald Trump había empleado esos datos para amenazar con responsabilidades penales a funcionarios electorales, pero se había opuesto a que una organización externa examinase los nombres.
La entrega permite medir mejor el alcance de la victoria obtenida el viernes por sindicatos, organizaciones civiles y administradores electorales. Los tribunales no solo impidieron provisionalmente que Justicia obligase a California a alterar el recuento. Al abrir la lista al escrutinio, hicieron posible que una universidad y una organización de inmigrantes sometieran a contraste el instrumento utilizado para justificar esas exigencias.
El fiscal federal Bill Essayli calificó el estudio de «fraudulento» y presentó a CHIRLA como un grupo activista. El Departamento de Justicia sostuvo que cada voto de una persona inelegible anula el de un ciudadano. Sin embargo, la respuesta difundida el sábado no ofreció una refutación metodológica detallada de las cifras ni explicó por qué más de cuatro de cada diez nombres no aparecen en el archivo electoral vigente.
La Administración mantiene abierta la escalada. El fiscal general adjunto en funciones Trent McCotter declaró que probablemente pediría al Tribunal Supremo que interviniese antes de las elecciones del martes. Reuters sitúa ese posible recurso dentro de una campaña nacional que ya ha llevado a más de 51 millones de estadounidenses a votar anticipadamente, un récord para unas legislativas.
Alaska marca otro límite institucional
La resistencia a la intervención federal no procede únicamente de estados demócratas. El Gobierno republicano de Alaska pidió el sábado a la jueza federal Sharon Gleason que archive definitivamente la demanda con la que Justicia pretende condicionar la certificación de las elecciones al Senado si vence la demócrata Mary Peltola.
El conflicto parte de la presencia en la papeleta de Daniel J. Sullivan Jr., un candidato que comparte nombre con el senador republicano Dan Sullivan. Una investigación de The New York Times reveló indicios de que personas vinculadas a la campaña de Peltola y al comité senatorial demócrata buscaron un candidato homónimo. Es una información relevante que impide presentar al Partido Demócrata como un actor ajeno al problema, pero no prueba por sí misma un delito ni que Peltola conociese la operación.
Alaska ha abierto su propia investigación y su gobernador republicano ha censurado la maniobra. Aun así, el estado sostiene que las nuevas revelaciones no autorizan al Ejecutivo federal a intervenir en el recuento. Según la AP, sus abogados calificaron de «perturbadora e imposible» la petición de separar todas las papeletas que incluyan al segundo Sullivan: los votos se mezclan durante el escrutinio y reconstruir la selección de cada elector vulneraría el secreto del voto.
El estado recuerda además que la papeleta identifica al senador como republicano y titular del cargo, mientras presenta al otro aspirante como «Daniel J. Sullivan Jr.». El Tribunal Supremo de Alaska ya había determinado que este último cumplía los requisitos legales para concurrir.
La investigación penal federal también se intensificó. Agentes del FBI contactaron con donantes del segundo Sullivan para preguntarles si se habían sentido engañados. Varios de ellos dijeron a la AP que sabían a quién entregaban el dinero. Alaska Public Media añade una cautela decisiva: el fiscal federal anunció un refuerzo de agentes y fiscales, pero no identificó el posible delito investigado y reconoció que todavía no había determinado si se había cometido alguno.
Dos dimensiones de la respuesta
La oposición partidista del Partido Demócrata apuesta, entretanto, por una participación suficientemente amplia para reducir el espacio de las impugnaciones. Kamala Harris pidió una movilización «demasiado grande para manipular» y defendió cambios estructurales como la ampliación del Supremo y la revisión del Colegio Electoral, según la AP. Es una estrategia electoral y partidista distinta de los límites que están imponiendo tribunales, organizaciones civiles, universidades y administraciones estatales.
La jornada del sábado muestra que la oposición democrática en sentido amplio gana capacidad cuando combina litigio, acceso a los datos y conocimiento técnico. La victoria todavía es provisional: Justicia puede acudir al Supremo y las investigaciones continuarán después de las urnas. Pero el debate ya no enfrenta únicamente dos relatos políticos. Por primera vez, la principal lista utilizada para justificar la intervención federal ha sido examinada desde fuera, y sus primeras comprobaciones debilitan de forma sustancial las premisas del Gobierno.
Los sondeos mantienen una ventaja demócrata amplia
La demoscopia publicada al cierre de la jornada refuerza la expectativa de un voto de castigo contra el Gobierno. Un sondeo de Big Data Poll, elaborado entre el 27 y el 30 de octubre, sitúa a los candidatos demócratas en el 52,3 por ciento del voto probable frente al 40 por ciento de los republicanos. La encuesta entrevistó a 3214 votantes probables y declara un margen de error de 1,7 puntos.
La medición no aparece aislada. El último estudio de Reuters/Ipsos otorga a los demócratas una ventaja de nueve puntos entre votantes probables, con un 53 por ciento frente al 44 por ciento. La encuesta se hizo entre el 22 y el 26 de octubre sobre una muestra probabilística nacional de 1679 adultos. Solo el 32 por ciento aprueba la gestión general de Donald Trump; el respaldo cae al 25 por ciento en economía y al 20 por ciento en coste de vida.
El sondeo final de Emerson College Polling, elaborado entre el 24 y el 26 de octubre con mil votantes probables, registra una diferencia semejante: 52 por ciento para los demócratas y 42 por ciento para los republicanos. Trump obtiene un 37 por ciento de aprobación frente a un 57 por ciento de desaprobación. Emerson detecta además una brecha de entusiasmo: el 76 por ciento de los demócratas se declara muy motivado para votar, frente al 64 por ciento de los republicanos.
Entre los jóvenes aparece otra señal de movilización contraria al presidente. Una encuesta de Axios y Generation Lab señala que el 33 por ciento de los consultados considera a Trump la principal amenaza para Estados Unidos, por delante del coste de vida y la desigualdad. Su alcance es limitado: la muestra comprende 919 universitarios o titulados recientes de entre 18 y 29 años, no al conjunto de la juventud estadounidense.
La coincidencia de las tres encuestas nacionales sitúa la ventaja demócrata entre nueve y doce puntos. No equivale a una previsión directa de escaños: el voto genérico no refleja la distribución territorial, los distritos electorales ni las diferencias de participación. Sí confirma que la oposición social a Trump está ofreciendo al Partido Demócrata una oportunidad electoral considerable, sostenida por el rechazo a la gestión económica, el coste de vida y la corrupción gubernamental.
