Los españoles volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre. El presidente Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales, previstas para 2027, tres días después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos ley de vivienda del Gobierno con los votos en contra del PP, Vox y Junts.
La vivienda será el eje de la campaña, pero no el único asunto: la sanidad, la educación y las pensiones completan el cuadro de los grandes debates sociales que los partidos tendrán que abordar en las próximas ocho semanas. Repasamos cómo está cada uno de ellos y por qué estarán en el centro de la contienda.
Vivienda: el detonante
El alquiler marca máximos históricos y Madrid encabeza la subida. Según el último informe de idealista, el precio medio en España cerró agosto en 15,1 euros por metro cuadrado, un 5,8 por ciento más que hace un año. Madrid capital es la más cara del país, con 23,3 euros por metro cuadrado, y la Comunidad de Madrid lidera el ranking regional con 21,5 euros (Qué!). Un piso de 45 metros en la capital supera ya los 1000 euros mensuales.
El Congreso rechazó el pasado viernes los dos decretos ley con los que el Gobierno pretendía frenar las rentas y los desahucios. El principal, el Real Decreto-ley 26/2026, incluía, entre otras medidas:
- La suspensión hasta 2030 de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el propietario sea un gran tenedor o un fondo.
- Una prórroga de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.
- La regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la prohibición de compras especulativas por parte de fondos.
- Deducciones fiscales para los inquilinos, bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, IVA del 4por ciento para la vivienda protegida y préstamos ICO a interés cero para la entrada de una hipoteca.
El segundo decreto reforzaba la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El Gobierno prevé volver a aprobar este martes en el Consejo de Ministros nuevas medidas sobre vivienda para someterlos a la Diputación Permanente, aunque fuentes de Moncloa no han concretado si mantendrán la misma redacción o presentarán un texto nuevo (Deia / Europa Press).
La aritmética no está asegurada. Los grupos que apoyaron el primer decreto (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) sumarían 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts, pero el PNV votó en contra del segundo, el de la estabilidad de los contratos de alquiler, que con esas posiciones volvería a caer. Además, el PNV no garantiza que vaya a repetir su apoyo al primero y ha puesto condiciones al Gobierno (El Debate). Sánchez ya utilizó esta vía en 2019.
La oposición defiende otra receta. Alberto Núñez Feijóo prometió el sábado en el Foro La Toja construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, a razón de 250.000 al año (elDiario.es). Este lunes detalló sus ejes: poner en el mercado suelo público para que la vivienda construida sobre él cueste un 30 por ciento menos, acortar planeamientos y licencias, reformar la Ley del Suelo y la ley antiokupación, y rebajar los impuestos a la compra (Última Hora / EFE). Según el líder del PP, el plan crearía entre 500.000 y 600.000 empleos y se sostendría con inversión privada, no con gasto ni deuda pública.
Las cifras dejan preguntas abiertas que el PP tendrá que responder en campaña. En 2025 se concedieron visados para 162.200 viviendas, el máximo desde 2008, y CaixaBank Research prevé que en 2026 difícilmente se terminen más de 100.000, por la escasez de mano de obra, los retrasos en los suministros, los cuellos de botella eléctricos y la carga regulatoria (CaixaBank Research).
Llegar a 250.000 al año supondría multiplicar por más de dos ese ritmo, y el PP no ha concretado quién las construiría, con qué trabajadores ni cómo se pagaría el parque público que también promete.
Tampoco ha explicado qué ofrece a las familias vulnerables amenazadas de desahucio: en lo publicado sobre su plan, la única referencia a los desalojos es la reforma de la ley antiokupación.
El choque entre intervenir el mercado de alquiler o aumentar la oferta será la línea divisoria de la campaña.
Sanidad: listas de espera y conflicto médico
Más de 850.000 personas esperan una operación en la sanidad pública. El último informe del Ministerio de Sanidad, con datos de cierre de 2025, sitúa la demora media quirúrgica en 122 días; uno de cada cinco pacientes (el 21,6 por ciento) lleva más de seis meses esperando y la primera cita con el especialista tarda de media 102 días (Qué!). Pero esas cifras dicen menos de lo que parece.
Los datos no son comparables entre comunidades, porque cada una registra y notifica sus listas con criterios propios. El responsable asistencial del Servei Català de la Salut, Ignasi Carrasco, ha denunciado que hay comunidades que no inscriben a los pacientes hasta que están en el preoperatorio o que los borran de la lista cuando los derivan a la sanidad privada (Ara). El Ministerio prepara un real decreto para unificar esos criterios (elDiario.es), aún sin aprobar.
Tampoco miden la espera real. El cómputo oficial empieza cuando el paciente entra en la lista del hospital y no suma la demora previa en atención primaria ni la de las pruebas diagnósticas (Euronews).
En Madrid, la fiabilidad de las listas está en entredicho por el caso del Hospital Ramón y Cajal. Entre febrero y marzo de 2025, 57 pacientes de Traumatología pasaron de prioridad 2, con intervención recomendada antes de noventa días, a prioridad 3, que admite más demora. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, acusó al cirujano que lo denunció, Luis Alberto Martos, de hacerlo para trabajar menos y operar casos más sencillos, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso le acusó de manipular las citas.
Martos lo niega, y una grabación de una reunión interna, publicada por El País, contradice esa versión oficial: en ella, responsables del servicio reconocen que fueron ellos quienes acordaron que los casos «preferentes pasarían a normales», sin informar a todos los cirujanos. Lo justificaron por la revisión de diagnósticos, la elevada demanda y la falta de recursos. Más Madrid y Facua han llevado el caso a la Fiscalía por presunta prevaricación y falsedad documental, y la Consejería mantiene abierta una investigación interna (Última Hora / EFE).
No es el primer caso. En diciembre de 2025, el Ministerio de Sanidad abrió una investigación sobre el Hospital de Torrejón, público de gestión privada, después de que se difundieran audios en los que el consejero delegado del grupo Ribera, Pablo Gallart, pedía aumentar las listas de espera para mejorar los márgenes de la empresa (Euronews).
Educación: ratios y una ley que se queda en el cajón
La ley estatal para bajar las ratios y limitar las horas lectivas del profesorado decae con la disolución. El proyecto había superado en junio el debate de totalidad en el Congreso y fijaba un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO, además de un tope de 23 horas lectivas semanales en Infantil y Primaria y de 18 en el resto de enseñanzas (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes). Su recuperación dependerá de la mayoría que salga de las urnas.
Madrid llega a la campaña con su enseñanza pública en pie de guerra. Tras la manifestación de abril entre Atocha y Sol contra la masificación de las aulas y la falta de financiación (Qué!), casi una decena de sindicatos, entre ellos CCOO, UGT y STEM, han convocado una huelga indefinida en Secundaria, Bachillerato y FP a partir del 14 de octubre; CSIF secunda los días 14, 15 y 16 y después paros parciales (El Salto). Las seis universidades públicas madrileñas ya fueron a la huelga en noviembre de 2025 para denunciar su infrafinanciación (El Salto).
Aunque la gestión educativa corresponde a las comunidades autónomas, el conflicto madrileño coincidirá con la campaña y alimentará el debate nacional sobre la financiación de la escuela pública, la concertada y las universidades.
Pensiones: la subida garantizada y el debate sobre su coste
Las pensiones subirán en enero por encima del 3 por ciento, gane quien gane. Desde 2021 la Ley General de la Seguridad Social obliga a revalorizarlas cada 1 de enero con la inflación media del año anterior, y el Instituto BBVA de Pensiones calcula una subida en torno al 3,2 por ciento para 2027, que llegará a más de 9,5 millones de pensionistas (Qué!). La pensión media de jubilación pasaría de 1576,1 a 1626,5 euros mensuales; la cifra exacta se conocerá a mediados de diciembre, cuando el INE confirme el IPC.
El debate de campaña estará en el coste y en la brecha con los trabajadores en activo. Cada punto de revalorización añade unos 2300 millones de euros al gasto de la Seguridad Social, de modo que la subida de 2027 rondará los 7400 millones. Al mismo tiempo, los precios vuelven a crecer más que los salarios y los trabajadores pierden poder de compra por primera vez desde mediados de 2023, según BBVA Research.
Vox ha sido el primero en llevar la cuestión al terreno del modelo. «El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado», afirmó el domingo José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso y portavoz económico del partido, en una entrevista en El Debate. Figaredo defendió una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual. Su propuesta se ha entendido como que una parte de las cotizaciones que hoy se descuentan de la nómina pasaría a cuentas individuales gestionadas por entidades privadas (Público).
La capitalización individual ya existe en España, pero como complemento voluntario del sistema público, a través de los planes de pensiones privados y de los planes de empleo. La novedad sería hacerla obligatoria y detraer cotizaciones del sistema de reparto.
Sus detractores citan a Chile como ejemplo de modelo fallido: el país implantó en 1981 un sistema de capitalización gestionado por administradoras privadas (AFP) y, tras décadas de protestas por la cuantía de las jubilaciones, el Gobierno aprobó en 2025 la mayor reforma desde entonces, que añade una cotización a cargo del empleador del 8,5 por ciento y un Seguro Social de carácter solidario. El propio Gobierno chileno justificó la reforma por las bajas pensiones que pagaba el sistema de capitalización (Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile).
La sostenibilidad del sistema, el papel de las cotizaciones y la equidad entre generaciones serán, por tanto, el terreno de choque. Los partidos tendrán que concretar si mantienen la indexación al IPC y cómo piensan financiarla.
Calendario: 54 días hasta las urnas
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija la votación 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria en el BOE, prevista para este martes 6 de octubre. Estas son las fechas clave (Vozpópuli):
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 6 de octubre | Publicación del decreto en el BOE. Se abre el plazo para pedir el voto por correo |
| 12 al 19 de octubre | Consulta del censo electoral y reclamaciones |
| 21 al 26 de octubre | Presentación de candidaturas ante las juntas electorales |
| 28 de octubre | Publicación de las candidaturas presentadas |
| 31 de octubre al 4 de noviembre | Sorteo de los miembros de las mesas electorales en los ayuntamientos |
| 2 y 3 de noviembre | Proclamación y publicación oficial de las candidaturas |
| Desde el 9 de noviembre | Envío a domicilio de la documentación del voto por correo |
| 13 de noviembre | Arranca la campaña electoral, a las 0.00 horas |
| 19 de noviembre | Último día para solicitar el voto por correo |
| 25 de noviembre | Último día para depositar el voto por correo en Correos |
| 27 de noviembre | Fin de la campaña electoral |
| 28 de noviembre | Jornada de reflexión |
| 29 de noviembre | Elecciones generales, de 9.00 a 20.00 horas |
Quien vote por correo no podrá hacerlo después en persona. La solicitud se dirige a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y el voto se deposita en Correos.
