El vatio se paga, el litro no: Límites hídricos y eléctricos del crecimiento en Madrid

Sigue la radio, la misma mañana de junio. Después del parte de atascos, dos noticias menores que nadie retiene. La primera: el Tajo vuelve a bajar pardo a su paso por Aranjuez, allí donde recibe al Jarama, y las asociaciones ribereñas insisten en el aviso de siempre. La segunda, apenas un breve: la depuradora que Valdemoro tiene proyectada desde 2004 continúa sin construirse; veintidós años, plazo «indeterminado», ninguna novedad. Nadie cambia de emisora por eso. Y, sin embargo, esas dos noticias que no lo son cuentan un cambio de naturaleza en la contabilidad que veníamos siguiendo.

1. El déficit que ya no se paga con dinero

Porque el déficit de la sanidad y la educación —los dos mil largos, los seiscientos— con el que abrió este bloque tiene una propiedad que lo hace, dentro de lo malo, tolerable: es reversible. Si mañana la Comunidad decidiera gastar lo que gasta la media de España, contrataría médicos, abriría consultas, climatizaría aulas y el daño, con tiempo, se repararía. Es un déficit que se enjuga con un talonario. Doloroso, injusto, pero recuperable.

El saneamiento no funciona así, y por eso es la bisagra de esta serie. Aquí lo que no se hace no se queda esperando a que alguien lo pague: se convierte en otra cosa. El dinero que no se invirtió en su día en depurar mejor no está en un cajón aguardando una legislatura más generosa; está en el río, transformado en carga que el cauce ya no puede diluir, en un tramo que lleva décadas incumpliendo el buen estado que exige Europa, en ese Jarama que baja con nueve de cada diez litros salidos de una depuradora.

Ese daño no se revierte con una partida presupuestaria: se revierte, si acaso, en décadas, y solo si se deja de añadir. El déficit sanitario produce enfermos que esperan; el déficit de saneamiento produce ríos que dejan de serlo. Y un enfermo atendido se cura. Un río no se descontamina firmando un cheque.

Conviene decir que aquí no estamos ante una carencia que denuncie la oposición o un periodista incómodo: la reconoce el propio gestor. El Canal de Isabel II tiene en marcha un plan —el llamado Plan Sanea— dotado con más de 394 millones de euros para modernizar el alcantarillado municipal de la región, renovar cientos de kilómetros de red y levantar nuevos tanques de tormenta. Es decir, la empresa pública del agua ha puesto por escrito que hay un agujero y le ha puesto precio. El detalle está en el ritmo: el plan arrancó en 2019 y, seis años después, la inversión efectivamente ejecutada en los municipios adheridos rondaba los cien millones. Poco más de una cuarta parte de lo comprometido, en seis ejercicios. No es que falte el diagnóstico ni la cifra: es que el propio reconocimiento del déficit se difiere.

Y hay que añadir una cautela, porque es lo honesto y porque hace el argumento más grave, no menos: esos 394 millones no son el coste de preparar Madrid para crecer. Son el coste de poner al día lo que ya existe, en los municipios que se han sumado al plan. No incluyen la infraestructura nueva que exigiría un millón de habitantes más. Es decir, ni siquiera estamos hablando del futuro: hablamos de una deuda con el presente que se reconoce, se presupuesta y se ejecuta a un cuarto de su ritmo, mientras el crecimiento no espera.

Aquí es donde este bloque gira, porque lo que viene ya no es un problema de dinero. Todo lo dicho hasta ahora podría resumirse en que Madrid gasta menos de lo que debería: en sanidad, en educación, en sus tuberías. Podríamos concluir que basta con abrir el grifo del presupuesto.

Pero el crecimiento que la región proyecta —un millón de habitantes más, la mitad del sur metropolitano en obras, los centros de datos llegando a la vez— no plantea un problema de cantidad. Plantea uno de naturaleza. Y esa es una distinción que conviene entender bien, porque en ella se juega todo lo demás.

Hasta cierto umbral, un territorio se puede gestionar: cada pieza se resuelve cuando aprieta, con obras sueltas, con parches, con un plan parcial que trae su propia depuradora provisional y una subestación para su polígono. Cada actor arregla lo suyo y el conjunto va tirando. Por encima de cierto umbral, esa forma de operar deja de funcionar, y no porque falte dinero, sino porque los problemas dejan de ser locales. La depuradora de un municipio ya no depende de ese municipio, sino de lo que la cuenca entera puede asimilar.

El enganche eléctrico de un polígono ya no depende del promotor, sino de una red de alta tensión que planifica el Estado con horizontes de diez años. Al cambiar de escala, los problemas cambian de dueño: dejan de estar en las manos de quien aprueba el crecimiento y pasan a las de otros —la Comunidad, el Estado, la Confederación, la operadora de la red— que no han sido convocados a la decisión.

Ahí está la fractura del modelo, y es más profunda que cualquier partida presupuestaria. Quien decide crecer —el ayuntamiento que reclasifica, el promotor que urbaniza— no es quien tiene que sostener las consecuencias de ese crecimiento. Y quien tendría que sostenerlas no ha sido preguntado. Nadie, en ese esquema, está mirando el conjunto. Hay gestores excelentes de cada pieza, pero no hay nadie planificando el sistema entero. El déficit de Madrid, cuando se mira de cerca, no es solo de euros. Es de plan.

2. La planta que flota sola

Y esa falta de plan tiene una prueba física, medible, meciéndose a la vista de todos. Sobre el depósito inferior de la centenaria minicentral hidroeléctrica de Torrelaguna flotan 3770 paneles solares, como se aprecia en la imagen de portada. Ocupan 11.680 metros cuadrados, tienen 1696 kilovatios de potencia pico, costaron 2,1 millones de euros pagados con fondos europeos y producen al año el equivalente al consumo de mil trescientos hogares. Es la primera planta fotovoltaica flotante de la Comunidad de Madrid y, según el propio Canal, la primera instalación que hibrida generación hidroeléctrica y fotovoltaica. El comisario europeo de Acción por el Clima fue a verla. Está ahí desde 2023.

Y sigue ahí. Sola.

Conviene saber por qué se puso. No se puso para salvar agua. Forma parte del Plan Solar del Canal de Isabel II, cuyo objetivo declarado es que la empresa produzca tanta energía como consume antes de 2030. El propósito era el vatio. Que la sombra de los paneles conserve además el agua que hay debajo aparece en la documentación como una ventaja añadida, junto al hecho de que el agua refrigera los módulos y les saca hasta un quince por ciento más de rendimiento. La sombra fue un efecto secundario de una decisión eléctrica.

Y, sin embargo, esa planta se construyó, dicho por sus propios técnicos, como prueba piloto para comprobar el comportamiento de estas estructuras sobre el agua y ver si en el futuro era factible extender la tecnología a los propios embalses. Es decir: alguien se hizo la pregunta correcta. Levantó el demostrador. Lo puso a flotar.

Y tres años después no ha llegado a ninguno de los trece embalses de la región, aunque el marco legal existe desde 2024 —el Real Decreto 662/2024 permite cubrir con paneles entre un 5 y un 15 por ciento de la superficie útil de un embalse, según su estado trófico— y aunque el agua vaya escaseando. La pregunta se hizo, se financió, se inauguró y se dejó flotando.

Esa planta parada resume lo que este artículo cuenta, así que la dejamos meciéndose y vamos a los dos límites que el crecimiento de Madrid tiene delante: dos recursos que se estrechan y una mano distinta en cada llave.

3. El primer límite: la red

Empecemos por deshacer un malentendido. Cuando se dice que la energía no será problema porque España genera de sobra, se confunde tener electricidad con tener dónde conectarla. El cuello no está en la producción: está en la malla.

Y la malla está llena. La saturación de los nudos madrileños era del 82 por ciento en septiembre de 2025; pasó al 84 por ciento en enero de 2026 y al 86 por ciento en febrero, mientras el conjunto de la red de distribución española escalaba del 83,4 por ciento al 89,73 por ciento entre septiembre y abril.

Red Eléctrica admite que solo el 25 por ciento de sus nudos de transporte conserva capacidad para nueva demanda. Fíjese el lector en el detalle temporal, que dice más que el porcentaje: más de seis puntos en siete meses. No es una fotografía. Es una curva, y va en una sola dirección.

Aquí conviene detenerse en algo que explica el resto del bloque. Lo que hoy está saturado no se decidió hoy. Un informe de PwC para Aelec sobre el borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 concluye que seis de cada diez actuaciones previstas no son nuevas —proceden de planes anteriores que se arrastran—, y que más de la mitad de las posiciones y el 63 por ciento de las subestaciones acumulan retrasos, con una media de 5,7 y de 7 años respectivamente, y hasta 49 subestaciones con más de una década de demora. Léase despacio: el nudo que hoy no admite un enganche es, literalmente, la subestación que se planificó hace más de diez años y no se construyó.

Esto convierte el atasco, el nudo lleno y el embalse bajo en algo distinto de lo que parecen. No son noticias de hoy. Son el eco de decisiones que se tomaron —o que no se tomaron— cuando la región era más pequeña y el problema, más fácil. La infraestructura de red tiene plazos de una década larga, de modo que lo que hoy se padece mide las decisiones de 2006, y lo que hoy se decida no se notará hasta 2040.

El termómetro nunca marca la fiebre del día: marca la que se incubó entonces. Y de ahí sale la pregunta que este artículo no puede responder y el lector sí: si esto es lo que dejó una región de seis millones, ¿qué está incubando ahora una que quiere ser de ocho sin haber planificado la malla?

Y hay un dato que cambia la naturaleza del asunto, y es el más importante de esta mitad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha establecido un criterio dinámico para calcular la capacidad, cuyo efecto es que una sola solicitud de acceso en un nudo puede drenar capacidad en cascada y bloquear peticiones a decenas de kilómetros.

Pero lo decisivo es lo otro: en las zonas limitadas por ese criterio ya no se habilita capacidad nueva simplemente invirtiendo en más cobre. El problema deja de ser de inversión y pasa a ser de estabilidad del sistema. Hay, por tanto, un punto en el que el dinero deja de resolver, y solo resuelven la planificación y la gestión de la demanda. Ese punto ya no es teórico: está aquí.

Tanto que el arbitraje ya se está legislando. El Real Decreto-ley 7/2026 crea un régimen de consumos de alta prioridad en el que entran los desarrollos urbanísticos residenciales y los servicios esenciales. Traducido: se está normando para que el vecino pase por delante del centro de datos en la cola de la red. La competencia entre el enchufe de una casa y el de una máquina ha dejado de ser una hipótesis de artículo. Es un real decreto.

4. El segundo límite: el recurso

Con el agua ocurre lo contrario, y la diferencia lo es todo.

Antes, la concesión, porque sin ella no hay autoridad para lo que viene después. El Canal de Isabel II ha hecho un trabajo excepcional. Sus pérdidas reales —las fugas físicas, según los últimos datos del INE, de diciembre de 2025— son del 1,86 por ciento, frente a una media nacional del 15,36 por ciento: la red más eficiente de España y una de las mejores del mundo. El consumo por habitante ha bajado más de un treinta por ciento desde la sequía de 2005. Y el dato que lo resume: la población abastecida ha crecido más de un veinte por ciento en dos décadas y la demanda global, en vez de subir, ha bajado. Han absorbido veinte años de crecimiento sin pedir una gota más. Eso hay que decirlo alto.

Ahora júntese con el tercer número. Las aportaciones a los embalses —lo que llueve y baja de la sierra— se han reducido cerca de un veinte por ciento en las últimas dos décadas. Y lo dice el propio Canal, no un crítico.

Tres cifras que, puestas en fila, cuentan una historia que nadie ha contado: aportaciones un veinte por ciento abajo, población un veinte por ciento arriba, demanda plana. Madrid lleva veinte años creciendo gratis en términos hídricos. Cada vecino nuevo se ha alojado en el agua que se ahorraba arreglando fugas y cambiando cisternas. La eficiencia ha pagado la factura del crecimiento.

Pero un colchón tiene fondo, y este está tocado. No existe una red con cero fugas físicas: por debajo de ese 1,86 por ciento apenas hay recorrido. No se recorta indefinidamente un consumo por cabeza ya bajado un treinta por ciento. El limón está exprimido. Y aquí está lo que hace del próximo millón de habitantes algo de otra naturaleza que los anteriores: los veinte años pasados se pagaron con eficiencia, y esa eficiencia no solo resolvió el problema, lo escondió. Permitió crecer sin decidir. Creó la ilusión de que el agua nunca sería un límite.

La respuesta oficial a todo esto ya está publicada, y conviene mirarla de frente. El Plan Estratégico del Canal a 2030 asegura la garantía de suministro incluso con aumentos sostenidos de población, y su plan estrella, el Plan −25, propone reducir otro veinticinco por ciento el agua derivada por habitante —de 208 litros por habitante y día en 2016 a 156 en 2030—.

Es decir: frente a un millón de vecinos más y un veinte por ciento menos de agua que baja de la sierra, la estrategia es apretar otra vez el limón. Otro veinticinco por ciento de una palanca que ya dio un treinta y que tiene las fugas físicas en el 1,86 por ciento. El Plan −25 no es falso: es la confesión de que no hay plan B. Cuando la única respuesta a un problema nuevo es repetir la solución vieja, no se está planificando. Se está confiando.

5. Lo que se va por el aire y no está en ninguna casilla

Y falta un término. Uno que no aparece en el balance de nadie.

El agua embalsada se evapora. Un estudio reciente sobre 362 embalses españoles, el 94 por ciento de la capacidad del país, cifra esa pérdida en cerca del diez por ciento del volumen almacenado cada año: unos dos mil hectómetros cúbicos, el equivalente al cuarenta y seis por ciento del consumo urbano español, con un impacto estimado en ochocientos millones de euros anuales.

Los autores lo llaman paradoja hidrológica, y el nombre es exacto: almacenar agua implica perderla, porque cuanto más se llena un embalse mayor es la lámina expuesta y más deprisa se va por el aire. La respuesta clásica a la sequía —embalsar más— alimenta el problema que pretende resolver.

Lo revelador no es la cifra. Es dónde no está. Esa pérdida no figura en la planificación hidrológica 2022-2027, que aún no contempla la evaporación como variable de ajuste. Se planifica el agua de la cuenca del Tajo —una de las que el propio estudio señala entre las más vulnerables, por su capacidad de retención y por la subida de las temperaturas— sin una casilla para el diez por ciento que nunca llega al grifo.

Y no hay dato público de cuánta agua se evapora en los trece embalses madrileños, ni constancia de que las proyecciones del Canal lo incorporen. No es que se calcule mal. Es que no es una variable.

Añádase el sentido de la marcha. El crecimiento histórico de esa pérdida se explica sobre todo por haber construido embalses, más que por el clima. Pero Madrid no va a construir un embalse más: los trece que hay son los que habrá. De modo que, de aquí en adelante, todo el aumento es térmico.

Y las proyecciones apuntan a que esas pérdidas crezcan un treinta y cinco por ciento a final de siglo, hasta cerca de tres mil hectómetros cúbicos al año; y, con menos agua embalsada, la fracción que se evapora se duplica: dos de cada diez litros, en vez de uno. No es un sobresalto. Es una pendiente, y lleva la misma dirección que las aportaciones, hacia abajo, y la misma que la demanda, hacia arriba.

6. Las tres palancas

Llegados aquí, la tentación es concluir que Madrid es una víctima: que la red la planifica el Estado, que la lluvia la decide el clima, que la cuenca es de la Confederación y que la región, pobre, crece como puede con las manos atadas. Es una conclusión falsa, y conviene desmontarla porque es exactamente la que le conviene a quien decide.

Hay tres clases de palanca y solo dos permiten un reproche.

Están las que la Comunidad no tiene ni puede tener. La lluvia y la malla estatal de alta tensión. Aquí es cierto que Madrid manda poco: no hay presupuesto que fabrique un litro ni consejería que levante una subestación que planifica Red Eléctrica con horizontes de una década. Esto no es reprochable. Es el escenario.

Están las que tiene y no usa. Y aquí está todo el reproche. La depuración es competencia autonómica, y el plan que reconoce su propio agujero va a un cuarto del ritmo que se fijó. La red de agua regenerada es del Canal, que es suyo, y encuentra destino para el trece por ciento de lo que produce.

Que un centro de datos se refrigere con agua regenerada en vez de con agua de boca no lo impide Red Eléctrica: lo impide, sobre todo, que nadie lo haya ordenado. Y los paneles siguen flotando en Torrelaguna sin llegar a un embalse, con el real decreto que lo autoriza ya en el Boletín. Ninguna de estas palancas la sujeta el Estado. Todas están en manos de la Comunidad. Todas están quietas.

Y está la que tiene y usa. La reclasificación. La única palanca que la Comunidad acciona sin pedir permiso a nadie es la que dice «crezcamos». Para aprobar un plan parcial no hace falta la red. Para recalificar no hace falta la cuenca. Ahí la autonomía es plena, y el uso, incesante.

Ese es el retrato, y ya no se puede voltear: se acciona en solitario la única palanca que aumenta la demanda, se dejan paradas todas las palancas que la aliviarían y son propias, y luego se señala hacia arriba las palancas que no se tienen.

7. El vatio y el litro no son lo mismo

Falta una última distinción, y es la que impide que todo esto se resuelva con un cheque.

En la energía, la palanca la tiene otro. Existe: está en el Estado, en Red Eléctrica, en la Comisión de los Mercados. Se puede reclamar, negociar, planificar, incluso arrancar —el régimen de consumos de alta prioridad es precisamente eso, alguien accionándola—. Es un problema institucional, y los problemas institucionales tienen interlocutor y tienen precio. El vatio se paga: tarde, caro, con veinte años de retraso, pero se paga.

En el agua no hay palanca. El clima no es un actor. No hay despacho al que ir ni real decreto que devuelva el veinte por ciento de aportaciones perdidas. Y el límite de fondo es físico, no administrativo: aunque cada depuradora de la región cumpliera escrupulosamente sus límites, el tramo medio del Tajo seguiría sin alcanzar el buen estado que exige Europa. Ahí no hay reparto de competencias que valga. Hay un techo.

Por eso la fórmula que resume este bloque no es que Madrid no mande. Es que el vatio se paga y el litro no, y que Madrid está vendiendo un sueño de ocho millones como si tuviera en la mano las palancas que lo sostendrían. No las tiene. Tiene una, y la usa.

Y por eso los paneles de Torrelaguna llevan tres años flotando en un depósito. Los pusieron ahí unos kilovatios. El agua que salvan la salvan de propina, porque nadie tenía ese problema en su cartera. Cuando la sombra sobre el agua solo se construye si además produce electricidad, ya sabemos cuál de los dos límites se está tomando en serio. Y no es el que no tiene arreglo.