Fuerzas de seguridad de todo el mundo hacen uso indebido, de forma habitual, de balas de goma y de plástico y otras armas de aplicación de la ley para reprimir protestas pacíficas y causan terribles lesiones y muertes, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado este 14 de marzo 2023, que pide controles estrictos de su uso y un tratado global para regular su comercio.
El informe, titulado Me estalló el ojo y publicado conjuntamente con la Fundación de Investigación Omega, se basa en investigación efectuada en más de treinta países durante más de cinco años, y documenta cómo miles de manifestantes y transeúntes han sufrido mutilaciones y decenas han muerto debido al uso, a menudo imprudente y desproporcionado, de armas menos letales con fines de cumplimiento de la ley, incluidos proyectiles de impacto cinético como balas de goma, así como a disparos de balines recubiertos de goma y granadas de gas lacrimógeno apuntados y disparados directamente a manifestantes.
«Creemos que es necesario introducir con urgencia controles de ámbito global y jurídicamente vinculantes sobre la fabricación y el comercio de armas menos letales, incluidos los proyectiles de impacto cinético, además de directrices efectivas sobre el uso de la fuerza, para combatir el ciclo en aumento de abusos», ha afirmado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega son dos de las treinta organizaciones que piden un Tratado sobre el Comercio sin Tortura respaldado por la ONU que prohíba la fabricación y el comercio de proyectiles de impacto cinético intrínsecamente abusivos y otras armas para el cumplimiento de la ley, y que introduzca controles sobre el comercio basados en los derechos humanos del suministro de otros materiales para hacer cumplir la ley, incluidas las balas de goma y de plástico.
«El Tratado sobre el Comercio sin Tortura prohibiría toda producción y comercio de armas y material para el cumplimiento de la ley intrínsecamente abusivo, incluidos los proyectiles de impacto cinético únicos intrínsecamente peligrosos o imprecisos, las balas de metal recubiertas de goma, los balines recubiertos de goma y la munición con múltiples proyectiles que han dado lugar a pérdidas de visión y otras lesiones graves y muertes en todo el mundo», ha afirmado Michael Crowley, adjunto de investigación de la Fundación de Investigación Omega.
Una persona muerta y veinticuatro personas heridas en España
En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil continúan usando las pelotas de goma, que han causado, en las dos últimas décadas, la muerte de una persona, Iñigo Cabacas, y 24 lesiones graves, incluyendo once casos de severas lesiones oculares, como ha documentado «Stop Balas de Goma».
Amnistía Internacional considera que las pelotas de goma deben estar prohibidas, por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. Asimismo, recuerda que han podido contribuir a la muerte de decenas de personas más en los episodios de Tarajal en 2014 y Melilla, en 2022.
Policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, reemplazaron las pelotas de goma por las balas de ‘foam’, cuyo uso también ha causado lesiones graves y se ha utilizado para dispersar multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales.
Amnistía Internacional considera que debe suspenderse su uso para evaluar los protocolos puestos en práctica por las fuerzas de seguridad y especificaciones técnicas, al tiempo que ha documentado cinco casos de lesiones muy graves ocasionadas por su uso: dos personas que perdieron un ojo, dos personas con traumatismo craneoencefálico severo y otra persona que perdió un testículo, además de otros casos de impactos en las piernas. Todos ellos han contado, o cuentan, con representación legal de la entidad IRIDIA.
Entre ellos está el caso de África, una joven que tenía diecinueve años cuando el 16 de febrero de 2021, durante las protestas en Barcelona por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, recibió un impacto de una bala de ‘foam’ disparada por los Mossos d’Esquadra por el que perdió un ojo.
«Ahora tiene mucho miedo a cualquier ruido, con un petardo o un claxon se asusta. Era una chica con mucha vida social, que iba a muchas manifestaciones, y ahora no quiere ir a un sitio donde haya mucha gente. El impacto para ella ha sido brutal, ha dejado de estudiar incluso. No puede ser que una persona vaya a una manifestación y vuelva sin un ojo», contó a Amnistía Internacional Eric Cuesta, padre de África.
El pasado 2 de diciembre, el Parlament de Catalunya aprobó solicitar la retirada urgente de la munición más lesiva (el proyectil SIR-X). Hasta el momento la Generalitat no ha anunciado si va a atender o no esta petición.
Lesiones devastadoras en todo el mundo
Estas armas han causado discapacidad permanente en cientos de casos y muchas muertes. Se ha observado un alarmante aumento de las lesiones oculares, incluidas rupturas de globos oculares, desprendimientos de retina y pérdida total de la visión, así como fracturas óseas y craneales, lesiones cerebrales, ruptura de órganos internos y hemorragias, perforación de corazón y pulmones causada por fracturas de costillas, daños en genitales y trauma psicológico.
Según una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las acciones policiales durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 dieron lugar a más de 440 lesiones oculares, con más de treinta casos de pérdida de ojo o ruptura ocular. Entre 1990 y junio de 2017, al menos 53 personas murieron por proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad, según un estudio contrastado por iguales y basado en publicaciones médicas. El estudio también concluyó que 300 de las 1984 personas heridas sufrieron discapacidad permanente. Es probable que el verdadero número sea muy superior.
Desde entonces, la disponibilidad, variedad y uso de proyectiles de impacto cinético se ha intensificado en el mundo y ha fomentado la militarización del control policial de las protestas. El informe revela que las directrices nacionales sobre el uso de proyectiles de impacto cinético casi nunca se ajustan a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su utilización debe limitarse a situaciones de último recurso cuando individuos violentos representen una amenaza inminente de causar daños a otras personas. Las fuerzas policiales infringen de forma habitual la normativa con impunidad.
En Estados Unidos, el uso de balas de goma para reprimir protestas pacíficas es cada vez más habitual. Un manifestante alcanzado en la cara en Minneapolis, Minnesota, el 31 de mayo de 2020, dijo a Amnistía Internacional: «Me estalló el ojo por el impacto de la bala de goma y la nariz se movió desde donde debía estar a debajo del otro ojo. La primera noche que estuve en el hospital reunieron los pedazos del ojo y los cosieron para recomponerlo. Después volvieron a ponerme la nariz donde debía estar y la reconstruyeron. Me pusieron una prótesis ocular, así que ahora sólo veo con el ojo derecho».
En Francia, el examen médico de 21 pacientes con lesiones faciales y oculares causadas por balas de goma indicó lesiones graves como fragmentación ósea, fracturas y rupturas con consecuencia de ceguera.
Amnistía Internacional también ha documentado casos de granadas de gas lacrimógeno apuntadas y disparadas directamente contra personas o multitudes en Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Gaza, Guinea, Hong Kong, Irak, Irán, Perú, Sudán, Túnez y Venezuela.
En Irak, las fuerzas de seguridad atacaron deliberadamente a manifestantes con granadas especializadas, que son diez veces más pesadas que las municiones de gas lacrimógeno típicas, y causaron terribles lesiones y al menos unas veinticuatro muertes en 2019.
En Colombia, las fuerzas de seguridad han utilizado VENOM, un lanzador de granadas de treinta tubos —desarrollado originalmente para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos— para lanzar descargas de gas lacrimógeno contra manifestantes.