En una iniciativa sin precedentes para procurar justicia por el asesinato de periodistas, tres organizaciones defensoras de la libertad de prensa líderes han constituido un Tribunal de los Pueblos para hacer que los Gobiernos rindan cuentas de sus actos.
El tribunal, una forma de justicia popular, se basa en investigaciones y análisis jurídicos de calidad relacionados con casos específicos de tres países. La audiencia inicial se celebra en La Haya hoy 2 de noviembre de 2021 y asisten expertos internacionales en materia de leyes y medios.
La violencia contra los periodistas ha registrado un incremento en todo el mundo. Desde 1992, más de 1400 periodistas han sido asesinados, y en el 80 por ciento de ellos, los autores del crimen no recibieron castigo. En respuesta a esta persistente crisis de impunidad, el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, impulsado por Free Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros sin Fronteras (RSF), comenzará oficialmente sus actividades este martes 2 de noviembre de 20121, fecha en que se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
A continuación de la audiencia inicial de esta semana, se realizarán tres más relacionadas con un caso específico de cada país y, posteriormente, la audiencia de clausura, que tendrá lugar el 3 de mayo de 2022, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La inicial convocará a trece testigos para que presenten sus testimonios sobre los patrones de violencia, las causas de la impunidad y la responsabilidad de los Estados. La fiscal principal, la prestigiosa abogada de derechos humanos Almudena Bernabéu, hará entrega formal del acta de acusación ante el panel de jueces. El acta acusa a los Gobiernos de Sri Lanka, México y Siria de incumplir con su obligación de procurar justicia por los asesinatos de Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco* y Nabil Al-Sharbaji, respectivamente.
Está previsto que cientos de asistentes procedentes de todo el mundo escuchen el testimonio de figuras líderes en la lucha por la libertad de prensa, entre ellas la reconocida periodista Maria Ressa, ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien hablará sobre las amenazas que enfrenta en represalia por su labor.
Otros testigos son Matthew Caruana Galizia, hijo de la asesinada periodista maltesa Daphne Caruana Galizia; la periodista investigativa Pavla Holcová, colega del asesinado periodista eslovaco Ján Kuciak; y Hatice Cengiz, la prometida del saudita Jamal Khashoggi.
Los Tribunales de los Pueblos se han concebido para hacer que los Estados rindan cuenta de violaciones del derecho internacional, pues crean conciencia pública, generan un historial de pruebas legítimo y desempeñan un papel importante para empoderar a las víctimas y documentar sus historias.
Las razones de los participantes
Almudena Bernabéu, la fiscal del Tribunal, opina que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Y, sin embargo, la frecuencia de las graves violaciones cometidas contra los periodistas, sumada a los elevados niveles de impunidad imperantes, es alarmante. Ya es hora de que los Estados rindan cuentas.
Hatice Cengiz, dice que participa para revelar la verdad sobre cómo los periodistas son objeto de represalias por Gobiernos ilegítimos que tienen mucho que ocultar. El mundo necesita conocer los hechos reales y necesita actuar de manera decisiva para proteger a la prensa libre.
Matthew Caruana, ha asegurado que decidió participar en el tribunal porque le preocupan los ataques de los Estados contra nuestros derechos democráticos. La condición de Estado es un arma que debe emplearse para defender las libertades de todos. Dondequiera que se asesine a periodistas que informan sobre la corrupción y la delincuencia organizada, ello es señal de que la condición de Estado, por el contrario, se utiliza para proteger los intereses de unos pocos.
*También conocido como Milo Vera, fue asesinado el 20 de junio de 2011 en un atentado en el que también fallecieron su esposa y su hijo. En aquella época, México estaba inmerso en la “guerra contra las drogas” impulsada por el presidente Felipe Calderón.