Andrea Blandín
El Tribunal Supremo ha evitado el intento de la Comunidad de Madrid por frenar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs-Azora, en 2013, cuando Ana Botella era la alcaldesa. Las VPO han generado doscientos un millones de euros a las arcas de la Comunidad.
El 12 de diciembre de 2019 el Tribunal Supremo confirmaba la anulación de la perturbación de casi tres mil viviendas a fondos buitre por debajo de su precio de mercado. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entonces, está siendo investigado por los casos de corrupción de Púnica y Lezo.
Tras esta sentencia, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y Ciudadanos, pusieron un recurso de casación gastándo así su última oportunidad en esta situación. El Supremo ha desestimado sus argumentos por “referencias a terceros interesados”, ya que, “el Letrado de la Comunidad no es quien tiene que erigirse como representante o defensor de los derechos de los terceros interesados, puesto que son estos a quienes corresponde la defensa de sus propios derechos e intereses”.
El proceso para la anulación judicial de la enajenación de las viviendas empezó en 2016 por un inquilino de Navalcarnero, Rachid Bouikou, junto con su abogado. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó que el hombre pudiera recurrir la venta de la vivienda ante la falta de “legitimación activa”, es decir, las condiciones necesarias que deben reunirse para formar parte de un proceso.
Sin embargo un año después, el Tribunal Supremo reconoció la legitimación, aunque no al completo. Esto supuso que se les permitiese a Bouikou y su abogado que iniciasen el proceso judicial que hoy ha terminado.
