El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, autorizó el viernes 21 una suspensión administrativa que permite a la Casa Blanca continuar la construcción del salón de baile presidencial mientras el alto tribunal decide si atiende la petición de emergencia de la Administración de Donald Trump. Es la última entrada de este Observatorio Trump sobre un litigio que enfrenta al Ejecutivo con la sociedad civil organizada y, ahora también, con la oposición parlamentaria demócrata.
Conviene aclarar, para evitar equívocos, que el Tribunal Supremo estadounidense no equivale a su homónimo español. Es la máxima instancia judicial del país, con nueve jueces vitalicios nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. A diferencia del español, integrado por magistrados de carrera, tiene una composición marcadamente política: actualmente mayoría conservadora de seis a tres, con seis jueces nombrados por presidentes republicanos —tres de ellos, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, designados por el propio Trump en su primer mandato— frente a tres nombrados por presidentes demócratas.
La orden de Roberts no resuelve el fondo del asunto ni explica su razonamiento: solo congela, de forma temporal, la orden judicial que habría obligado a detener la obra sobre el nivel del suelo a medianoche del viernes. Esa orden procedía del juez federal Richard Leon, confirmada el 7 de agosto por un tribunal de apelaciones en una decisión de 2 a 1 que sostuvo que solo el Congreso puede autorizar la reconstrucción del ala este de la Casa Blanca, demolida el pasado otoño para levantar el nuevo espacio de 8400 metros cuadrados y un coste superior a los 400 millones de dólares.
Trump celebró la decisión en Truth Social, calificando el proyecto de «complejo militar y de salón de baile» como «vital para la seguridad nacional» y prometiendo que será «el mejor de su tipo».
La reacción contraria llegó por dos vías bien diferenciadas, en línea con la distinción que este Observatorio mantiene desde su primera entrada.
Por un lado, la oposición partidista formal: el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al tribunal de «sellar con goma la corrupción dorada y vanidosa de Trump» y prometió seguir combatiendo el proyecto «en los tribunales».
Por otro, la resistencia institucional no partidista: el National Trust for Historic Preservation, organización sin ánimo de lucro creada por el Congreso en 1949 para la protección del patrimonio histórico y única demandante en el caso, sostiene que la Administración intenta «esquivar la revisión judicial» en lugar de solicitar la autorización parlamentaria que exige la ley.
El propio historial del expediente respalda ese argumento de fondo. Cuando la Comisión de Bellas Artes revisó el proyecto en febrero, recibió un número récord de comentarios públicos: cerca de dos mil, el 99 por ciento críticos con la propuesta, según datos publicados por el propio National Trust. La suspensión de Roberts no altera ese contexto de opinión pública adversa: se trata de una decisión procesal, no de un respaldo a la legalidad de la obra.
Ese contraste —entre el visto bueno cautelar del Supremo y el desgaste sostenido en la opinión pública— es la clave de cara al seguimiento de los midterms del 3 de noviembre. Como recogía este Observatorio el pasado 16 de agosto, una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos ya situaba la oposición al salón de baile en el 56 por ciento, con el 61 por ciento en contra entre los votantes independientes, el grupo que suele decidir las elecciones de mitad de mandato.
La disputa legal continuará en los tribunales durante meses, pero el litigio del salón de baile se ha instalado ya como uno de los símbolos con los que la oposición demócrata intenta traducir el gasto y el estilo de gobierno de Trump en un argumento electoral de cara a noviembre.
- Pie de foto: Maqueta del Salón de baile estatal de la Casa Blanca (foto publicada por la Casa Blanca el 22 de octubre de 2025)
