El requisito de identificarse para ocupar un cargo público vulnera derechos civiles de los masones portugueses

La Comisión Nacional de Protección de Datos de Portugal, el organismo que vela por la defensa de los derechos, libertades y garantías de las personas en relación con el tratamiento de sus datos personales, ha emitido un dictamen en el que considera «una medida restrictiva innecesaria y excesiva de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y la protección de los datos personales» la pretensión de la Asamblea de la República de obligar a los cargos electos y altos funcionarios públicos a declarar su pertenencia a la Masonería. 

«En nombre de una aparente transparencia pública, restringe los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en violación del principio de proporcionalidad», dice este organismo en un dictamen recogido por el diario Público, informa El Oriente de la Gran Logia de España.

Agrega que el dictamen del alto organismo portugués, que recuerda algunos de los derechos fundamentales en los que se fundamenta la calidad de las democracias, supone una llamada de atención a la masofobia que resurge en el corazón de la Unión Europea. 

La Comisión Nacional de Protección de Datos destaca que la información que pretende requerirse trata sobre «dimensiones de la vida privada que revelan creencias religiosas o filosóficas», precisamente áreas cuyo tratamiento está prohibido por el régimen de protección de datos personales. Tampoco la modalidad de una declaración voluntaria sobre la pertenencia o no a la Masonería convence a la Comisión ya que aquellos cargos electos que no la afrontasen «despertarían sospechas sobre sí mismos, lo que acaba haciendo obligatoria la declaración».

Libertad de conciencia

Las distintas voces de la Masonería presentes en Portugal se escucharon al fin en la Asamblea de la República que impulsa la ley que pretende marcarlos. 

Según explica el diario Público, con diversos matices, pero con argumentos comunes, todas esas voces recordaron que «esta obligación era habitual en los regímenes dictatoriales, que vulnera derechos y libertades de los convenios internacionales y de la Constitución y que su carácter antidemocrático e inconstitucional no aporta nada a la supuesta transparencia».

Armindo Azevedo, gran maestro de la Gran Logia Legal de Portugal, lamentó que se ofenda a los masones «en su dignidad y honor» al sugerir que existe una «subordinación de intereses» de un cargo electo por el hecho de ser masón diferentes a aquellos para los que fue elegido: «Este proyecto atenta contra la libertad de conciencia de todo hombre libre», dijo.

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