Una grabación de una reunión interna del Hospital Ramón y Cajal recoge que responsables del centro acordaron modificar la prioridad quirúrgica de decenas de pacientes sin consultar a los cirujanos que la habían establecido. FACUA ha llevado el caso a la Fiscalía, mientras la Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación interna y el Ministerio de Sanidad reclama explicaciones.
Responsables del Hospital Universitario Ramón y Cajal reconocieron en una reunión interna que habían acordado cambiar de preferente a normal la prioridad quirúrgica de 57 pacientes, según una grabación publicada el 19 de septiembre por EL PAÍS.
Los afectados pertenecían al servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Los cambios se hicieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 y ampliaban el plazo de referencia para la intervención: de 90 días en los casos preferentes a 180 días en los ordinarios.
La investigación periodística que dio a conocer los hechos sostiene que las modificaciones se efectuaron sin una nueva valoración clínica y sin consultar a los cirujanos que habían asignado la prioridad inicial. El caso se conoció públicamente el 15 de septiembre de 2026, más de un año después de producirse los cambios.
La grabación contradice la primera explicación de la Comunidad
En la reunión interna, celebrada dos días después de publicarse el caso, el subdirector quirúrgico del centro, Enrique Aracil, afirmó: «Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales». En ella participaron también el director médico, Rafael Martínez, y el jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre, según la información publicada.
La grabación entra en conflicto con la explicación inicial ofrecida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su titular, Fátima Matute, atribuyó las modificaciones al cirujano Luis Alberto Martos, uno de los profesionales que denunciaron lo sucedido, y sostuvo que había actuado de forma irregular para su propio beneficio.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, calificó posteriormente la denuncia como un «bulo del culo» y señaló también al facultativo. La Comunidad había anunciado la apertura de diligencias informativas internas, pero hasta este 20 de septiembre no consta la publicación de sus conclusiones ni una explicación institucional sobre el contenido de la grabación.
FACUA lleva el caso a la Fiscalía
FACUA-Consumidores en Acción presentó el 16 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el gerente del hospital, Carlos Mingo, y su director médico, Rafael Martínez.
La asociación solicita al Ministerio Público que determine si los responsables pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa. La presentación de la denuncia no implica que la Fiscalía haya apreciado la existencia de un delito ni que haya formulado una acusación contra los denunciados.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha solicitado información a la Comunidad de Madrid para aclarar lo ocurrido y conocer si cambios semejantes pudieron producirse en otros hospitales. La ministra, Mónica García, ha cuestionado públicamente la fiabilidad de las cifras regionales.
Las listas de espera de Madrid rozan el millón de registros
La controversia se produce cuando las listas de espera de Madrid se mantienen cerca del millón de registros. Los datos publicados por el Servicio Madrileño de Salud correspondientes a agosto de 2026 contabilizan:
- 120.168 pacientes pendientes de una intervención. De ellos, 92.525 estaban en espera estructural, 14.629 habían rechazado la derivación a otro centro y 13.014 figuraban como transitoriamente no programables.
- 698.522 pacientes pendientes de una primera consulta hospitalaria. Un total de 451.270 llevaba más de 90 días esperando.
- 168.443 pacientes pendientes de una prueba diagnóstica o terapéutica. De ellos, 80.675 superaban los 90 días.
La Comunidad advierte que este balance no incluye los datos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias debido a un problema técnico.
La suma de las tres listas asciende a 987.133 registros administrativos, pero no permite determinar cuántas personas distintas están afectadas. La normativa madrileña impide que un paciente figure simultáneamente en dos procesos quirúrgicos, pero no que aparezca a la vez en los registros de cirugía, primera consulta hospitalaria y pruebas diagnósticas. Por ello, una misma persona puede estar contabilizada en más de una de estas tres categorías.
En agosto, la demora de quienes continuaban en la lista quirúrgica estructural era de 71,88 días. En las primeras consultas alcanzaba los 76,62 días y en las pruebas diagnósticas, los 66,51. Entre quienes habían rechazado una derivación a otro centro, la demora quirúrgica media subía hasta los 141,75 días.
Estas magnitudes tampoco deben confundirse con la espera de quienes ya han sido atendidos. Los pacientes que salieron de la lista quirúrgica estructural durante agosto habían esperado una media de 58,25 días. La diferencia entre ambos indicadores explica parte de las cifras dispares empleadas en el debate político.
El volumen de pacientes y la falta de personal ya motivaron en mayo una movilización en defensa de la sanidad pública madrileña. Aquí Madrid también informó en 2025 del crecimiento de las listas hospitalarias y de las críticas sindicales a su gestión.
Una sola lista quirúrgica por paciente
La gestión del registro está regulada por la Orden 804/2016 de la Consejería de Sanidad. Esta norma diferencia entre pacientes en espera estructural, quienes rechazan una derivación y aquellos que temporalmente no pueden ser programados por razones clínicas o personales.
La orden establece además que, cuando un paciente necesita más de un procedimiento quirúrgico distinto, cada intervención se trata como un proceso independiente, pero el segundo no se incorpora al registro hasta que se ha resuelto el primero. Esta restricción, examinada también en una información sobre pacientes excluidos de una segunda lista quirúrgica, impide que los tiempos de ambas operaciones comiencen a computarse en paralelo.
En consecuencia, las cifras oficiales de espera quirúrgica no incluyen necesariamente todos los procedimientos que ya han sido indicados por los especialistas. Una persona que necesite dos operaciones solo aparecerá en el registro activo por la primera; el tiempo de la segunda comenzará a contar cuando haya concluido el proceso anterior.
El rechazo de una derivación se contabiliza aparte
El portal regional considera que la demora de quienes rechazan una intervención en un centro alternativo responde a la libre elección del paciente. Sus datos se presentan separados de la espera estructural, aunque esas personas continúan pendientes de operación en el hospital elegido.
En agosto había 14.629 pacientes en esta situación, con una demora media de 141,75 días, casi el doble de los 71,88 días correspondientes a la espera estructural. La diferencia muestra la importancia de precisar qué categoría se utiliza antes de comparar los tiempos quirúrgicos.
El Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud advierte que cada comunidad autónoma es responsable de la fidelidad de los datos aportados y del cumplimiento de los criterios de cómputo.
La Comunidad de Madrid registraba en diciembre de 2025 una espera quirúrgica media de 50 días, frente a los 121 del conjunto del Sistema Nacional de Salud. La comparación debe interpretarse con cautela: los datos estatales se publican semestralmente, mientras Madrid actualiza sus indicadores cada mes, y existen medidas diferentes para pacientes pendientes y para quienes ya han sido atendidos.
El caso del Ramón y Cajal plantea ahora una cuestión adicional: si las prioridades clínicas incluidas en el registro pueden modificarse sin una nueva valoración del paciente y sin el conocimiento del especialista que indicó la intervención.
La investigación interna y, en su caso, las actuaciones de la Fiscalía deberán determinar quién ordenó los cambios, con qué justificación y si afectaron a la asistencia recibida por las 57 personas.
