Los eurodiputados aprobaron este martes 20 de octubre de 2020 dos informes de «iniciativa legislativa» en los que piden a la Comisión Europea que aborde las deficiencias en el proyecto de Ley de servicios digitales que presentará en diciembre y aborden normas con visión, incluidas las plataformas y los mercados en línea, y un mecanismo vinculante para hacer frente a los contenidos ilícitos.

La legislación en vigor sobre servicios digitales se mantiene sin cambios de calado desde la adopción de la directiva de comercio electrónico hace veinte años. Con el nuevo paquete de medidas, la Unión Europea aspira a configurar la economía digital en la UE y marcar el camino a seguir por el resto del mundo, como ya hizo en el ámbito de la protección de datos.

Normas más estrictas para hacer frente a los contenidos ilícitos

Los eurodiputados señalan que todos los proveedores de servicios digitales establecidos en terceros países deberán respetar las nuevas normas sobre servicios digitales cuando sus servicios vayan a prestarse también a consumidores o usuarios de la UE.

Es necesario establecer un mecanismo vinculante de «notificación y acción» para que los usuarios puedan notificar a los intermediarios en línea contenidos o actividades potencialmente ilegales en la red. Esto ayudará a los intermediarios en línea a reaccionar con rapidez y a ser más transparentes con las medidas adoptadas en relación con estos contenidos. Los usuarios deberán poder presentar un recurso a través de un organismo nacional de solución de diferencias.

El Parlamento pide que se establezca una distinción inequívoca entre los contenidos ilícitos y los contenidos nocivos (el régimen de responsabilidad jurídica debe referirse únicamente a los «contenidos ilícitos» tal como se definen en la legislación nacional o de la UE).

Las plataformas no deberán aplicar filtros a los contenidos que se cargan, ni ninguna forma de control previo para los contenidos nocivos o ilícitos. La decisión final sobre si el contenido es legal o no debe recaer en un órgano judicial independiente y no en empresas privadas, en opinión de los eurodiputados.

Los contenidos nocivos, la incitación al odio y la desinformación deben abordarse obligando a una mayor transparencia y promoviendo la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía en relación con la difusión de este tipo de contenidos.

Un internet más seguro para los consumidores

Para el Parlamento, el principio de «lo que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también en la sociedad digital», así como la protección de los consumidores y la seguridad de los usuarios, deben constituir los «principios rectores» de la futura Ley de servicios digitales.

Las plataformas y los servicios de intermediación en línea deberán mejorar su capacidad para detectar y eliminar los bulos y para hacer frente a los comerciantes deshonestos, por ejemplo, los que venden equipos médicos falsos o productos peligrosos en línea, como ha sucedido durante la pandemia de COVID-19.

Los eurodiputados también piden que se introduzca un nuevo principio de «conocer al cliente empresarial», que obligue a las plataformas a comprobar y vetar a las empresas fraudulentas que utilizan sus servicios para vender sus productos y contenidos ilegales e inseguros.

Reclaman, además, normas específicas para prevenir (y no limitarse a corregir) las distorsiones del mercado causadas por las grandes plataformas, a fin de abrir los mercados a nuevos operadores, incluidas las pymes y las empresas emergentes.

Usuarios menos dependientes de los algoritmos

Los eurodiputados quieren ofrecer a los usuarios un mayor control sobre lo que encuentran en internet, incluida la posibilidad de renunciar totalmente a la curación de contenidos (es decir, la selección, organización y presentación del material en línea), y hacerlos menos dependientes de los algoritmos.

La publicidad personalizada debe regularse de manera más estricta en favor de formatos publicitarios menos intrusivos y contextualizados que requieran menos datos y no dependan de la interacción previa del usuario.

El Parlamento también pide a la Comisión que estudie opciones para regular la publicidad personalizada, incluida una eliminación progresiva que conduzca a una prohibición.

La futura Ley de servicios digitales también debería prever el derecho a utilizar los servicios digitales de forma anónima siempre que sea posible.

Por último, para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas, la Comisión debe valorar la posibilidad de crear un organismo europeo de control y con capacidad para imponer multas.

Derechos fundamentales en línea

Una tercera resolución, no legislativa, de la Comisión de Libertades Civiles, se centra en las cuestiones relativas a los derechos fundamentales. Pide que la eliminación de contenidos sea «diligente, proporcionada y no discriminatoria» para salvaguardar la libertad de expresión y de información, así como la privacidad y la protección de datos.

Los eurodiputados también ven problemática la microsegmentación basada en las vulnerabilidades de las personas, al igual que la propagación de discursos de incitación al odio y la desinformación, y piden transparencia en las políticas de monetización de las plataformas en línea.

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