En una resolución no vinculante sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y cómo financiar el Pacto Verde, los eurodiputados subrayan que uno de los objetivos de este plan ha de ser transformar las actividades económicas insostenibles en sostenibles; e insisten en las líneas maestras para esta transición verde: reducir las diferencias que existen (y podrían exacerbarse) entre los Estados miembros, impulsar la competitividad y crear empleo sostenible y de calidad.
Principios de inversión
Para el Parlamento, la inversión pública ha de respetar el principio de «no ocasionar un perjuicio significativo», que se aplica tanto a los objetivos ambientales como a los sociales, entre los que figura la reducción de la brecha salarial entre géneros.
Sólo aquellos programas nacionales y regionales con las mejores posibilidades de cumplir estos objetivos deben recibir fondos públicos. Para calcular este potencial, insisten en que se utilicen unos indicadores de sostenibilidad armonizados y una metodología para cuantificar el impacto. Los criterios fijados en el Reglamento por el que se establece una taxonomía también han de tenerse en cuenta a la hora de decidir si una inversión cumple los requisitos de la transición verde. Además, los planes nacionales de recuperación deberán alinearse con los planes nacionales de energía y clima (NECPs, en inglés).
Los eurodiputados celebran que el Plan de Recuperación para Europa tras la COVID-19 —y los planes nacionales de recuperación y resiliencia que de él se derivan— estén diseñados para poner a la UE en la senda de la neutralidad climática. La legislación climática europea prevé llegar a las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, con objetivos intermedios para 2030 y una transición hacia una economía circular y neutral desde el punto de vista climático.
Además, piden que se supriman progresivamente las inversiones públicas y privadas en actividades económicas nocivas y contaminantes para las que existan alternativas económicamente viables. Ello no significa que no respeten el derecho de los Estados miembros a decidir sobre su propia cesta energética, e insisten en que la transición a la neutralidad climática debe preservar la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión, así como su competitividad (sobre todo en caso de competencia desleal de terceros países).
Financiación del Plan
Los eurodiputados se preguntan si el Plan de Inversiones permitirá realmente movilizar un billón de euros de aquí a 2030, teniendo en cuenta las malas perspectivas económicas que ha traído consigo la crisis de la COVID-19, y quieren saber cómo puede ayudar el nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión a que se cumplan los objetivos del Plan de Inversiones. Les preocupa que pueda surgir un déficit de inversión ecológica al final del próximo marco financiero plurianual (2021-2027), y piden planes para subsanar este déficit mediante inversiones privadas y públicas. También instan a la Comisión a asegurar que el dinero europeo no apoyará actividades que puedan ser perniciosas para el medio ambiente en el largo plazo.
Además, subrayan que las inversiones públicas y privadas han de complementarse, y que debe evitarse la exclusión de la inversión privada. Celebran la decisión del Banco Europeo de Inversiones de dedicar el 50 por ciento de sus operaciones a la acción por el clima y la sostenibilidad ambiental a partir de 2025. Sugieren trabajar desde la base, y que el BEI promueva el diálogo entre los sectores público y privado y se coordine con las distintas partes interesadas.
Paul Tang (S&D, Países Bajos), ponente de la comisión de Asuntos Económicos, señaló: «Estamos construyendo un puente entre ambición y realidad, basado en cuatro pilares: todo el gasto de la UE debe respetar el principio de «no causar daños significativos»; las instituciones monetarias y financieras de la UE deben garantizar la financiación de los objetivos; hay que acabar con la inversión privada en actividades nocivas; y el dinero público debe gastarse de manera sostenible. Además, debemos luchar contra la elusión fiscal para aumentar los ingresos públicos».