El oligopolio eléctrico -y otros especuladores energéticos, produzcan energía o no- ha copado el acceso a la red eléctrica comprando el negocio de introducir energía al sistema -acceso que después venden-, por lo que el derecho por megavatio ha pasado en los últimos años de 50.000 euros a 350.000. Y ahora el acceso está copado. Ni un particular ni un pequeño productor ni las comunidades energéticas pueden acceder. Ahí está el nudo. En los derechos de acceso a la red eléctrica y sus precios.

El problema es el dominio monopolista. Al final hay cinco grandes empresas energéticas -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona- que monopolizan el sector -que también compran derechos a distribuidoras como Green Capital, y Forestalia en Aragón- además de Repsol que está comprando aceleradamente. Es decir, entre cinco nos van a seguir fijando los precios y condiciones, también con las renovables. Mientras que con una alternativa de un sistema distribuido y en manos de la ciudadanía todo esto no existiría.

Estas son las conclusiones que destacamos de la charla que mantuvimos con Javier Oquendo Calvo, educador ambiental y también portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, una de las integrantes de la «Plataforma 13 de marzo» que convocó la manifestación del pasado 16 de marzo en Zaragoza con el lema ‘Aragón sí pero no así’. En Aragón hay una amenaza muy avanzada. Pero en el resto de España también existe. 

Los megavatios se van con los megaproyectos

La «Plataforma 13 de marzo» surge como continuidad -y de ahí su nombre- de la manifestación de ese día, hace un año, con el lema ‘renovables sí, pero no así’. Y se vuelven a manifestar porque las cosas han ido a peor. Porque se han multiplicado por dos los proyectos presentados para grandes instalaciones, y muchos de los que se presentaron el año pasado han sido aprobados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), llegando a admitir el 95 por ciento. Es decir, hay más proyectos presentados y mucho más avanzados.

Por eso, decir otra vez ‘renovables sí, pero no así’ pero ampliando a ‘Aragón sí, pero no así’ porque no es sólo un problema del establecimiento de las renovables sino del modelo económico en general, que afecta también por ejemplo al sector porcino, al turismo -incluyendo las instalaciones para la nieve- y a la extracción de arcilla. Y por ello la ampliación, aunque la reivindicación fundamental siga siendo que las renovables no se implanten a beneficio del oligopolio eléctrico.

Porque no es un modelo distribuido, ya que con estas energías -al contrario que la nuclear- puedes alimentar sólo una vivienda, puedes alimentar sólo una localidad -como sería para muchos de los pueblos de Aragón y de media España-, y sólo a las grandes ciudades le sería imposible con sus recursos actuales.

Por eso el problema es atreverse a instalarlas ahí también, sobre kilómetros cuadrados de tejados existentes en los grandes polígonos industriales, y en zonas abandonadas y degradadas próximas, incluso parques eólicos en áreas apartadas, pero cercanas a las grandes urbes.

Al contrario, el megaproyecto en Andorra son 1800 megavatios, que sumados al resto que hay en Teruel llegan a los 7000, cuando las necesidades energéticas de la provincia son 100. Los otros megavatios se van.

Ante falsas promesas, verdaderas reivindicaciones

Y son falsas las dos promesas de que los megaproyectos generan riqueza y empleos en los pueblos donde se instalan -que se hacen para que los municipios acepten la instalación de molinos eólicos. Ofrecen unos ingresos iniciales que no se mantienen posteriormente. Sin embargo, si los ayuntamientos -con el apoyo del gobierno- crearan comunidades energéticas sus ingresos -tanto iniciales como durante treinta años- serían mayores.

Tampoco crean empleo porque para cuatro o cinco grandes parques sólo emplean una persona de Cobra -una empresa encargada del mantenimiento- para una inspección semanal, porque están monitorizados informáticamente y automatizados. Más bien se ha comprobado que donde se instalan parques algunas actividades rurales decaen y la población disminuye.

Por ello, las reivindicaciones son un modelo distribuido basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda. La participación de la ciudadanía en los mercados energéticos a través de las comunidades de energías renovables, de las comunidades ciudadanas de energía y de la municipalización de las redes de distribución de baja tensión. El derecho a que los pequeños proyectos queden exentos de participar en licitaciones. Una simplificación administrativa de las solicitudes y autorizaciones. La participación, no discriminatoria, de pequeños productores y entes locales en las subastas energéticas.

La «Plataforma 13 de marzo» surge como rechazo al modelo de grandes parques. La integran gente del más amplio espectro ideológico. Las plataformas surgidas en todo Aragón en defensa de los diferentes territorios amenazados se han propuesto unirse en una plataforma manteniendo cada una su independencia y sus objetivos concretos, funcionando democráticamente para tomar las decisiones unitariamente, y recogiendo las iniciativas de las distintas plataformas. Todo un ejemplo de las continuas luchas populares que a lo largo y ancho de España se enfrentan a los proyectos oligárquico-extranjeros.

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