El Gobierno de España ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma, informa La Moncloa.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez ( en el centro de la imagen), ha recordado que no puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y tampoco se les puede dar instrucciones o sugerencias ni recomendaciones en este sentido. La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, ha añadido.

El Gobierno, ha afirmado, no va a permitir que se retroceda «ni un milímetro en materia de derechos de la mujer» y va a utilizar «todos los mecanismos a su alcance, todas las herramientas jurídicas, para proteger a las mujeres».

Por otro lado, las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos adicionales a los que se derivan de la normativa estatal, por lo que el Ejecutivo también actúa en defensa de las competencias del Estado, ha explicado la portavoz.

La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. El requerimiento es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

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