El Consejo de Ministros ha aprobado este 27 de marzo de 2020 un Real Decreto por el que se prohíben los despidos relacionados con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 en España, que prorroga el Estado de Alarma declarado el pasado 14 de marzo, así como la vigencia de las medidas económicas y sociales acordadas, hasta el día 12 de abril de 2020.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el esfuerzo de permanecer otros quince días en confinamiento en casa es «imprescindible» para contener la propagación del virus, frenar su expansión y ganar tiempo para que el sistema sanitario «mantenga íntegra su capacidad de respuesta asistencial y pueda atender a la totalidad de las personas enfermas».
El Gobierno impedirá el despido por causas relacionadas con la COVID-19, y para ello, el Consejo de Ministros ha adoptado un Real Decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria.
La nueva norma completa, concreta y refuerza la aplicación y los mecanismos de control de las medidas puestas en marcha a través del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. La medida ofrece una mejor cobertura y establece medidas específicas para algunos sectores. Además, pretende agilizar la contratación pública durante la crisis causada por la coronavirus.
No habrá despidos por el COVID-19
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que «el Gobierno no va a dejar a nadie atrás» y, con este objetivo, ha acordado un ambicioso bloque de medidas de carácter social.
La norma aprobada hoy establece mecanismos legales y recursos públicos para que los empresarios puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y asegurar el mantenimiento de los contratos. En este sentido, no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción relacionadas con COVID-19.
Los contratos temporales, ha aclarado la ministra, no se extinguen, sino que se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria. «No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos», ha declarado.
Yolanda Díaz también ha avanzado que se simplificarán los expedientes de regulación temporal de empleo. Las empresas tendrán que rellenar un formulario con los datos personales del trabajador, su Documento Nacional de Identidad y su número de cuenta. Las oficinas del servicio público de empleo tramitarán y reconocerán las prestaciones por desempleo con prontitud. Estas prestaciones, ha aclarado la ministra, se otorgarán incluso a aquellas personas que no cumplen con los plazos de cotización previa habituales.
Por otra parte, la Díaz ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisará de oficio todos los ERTE, comprobará las causas alegadas para solicitarlos y, en caso de reclamaciones con falsedades e incorrecciones, o si se observa cualquier tipo de fraude, las empresas «tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado».
La titular de Empleo ha reconocido la actitud de la ciudadanía ante la crisis, la labor del personal sanitario, el trabajo que los empleados del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que se ha reforzado con mil efectivos, y de todos los servicios públicos, que «están trabajando a destajo».
España reclama unidad y coordinación internacionales
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que la unidad y la coordinación son elementos clave para combatir la pandemia y sus efectos, tanto a nivel nacional como internacional: «Esta crisis no se va a resolver si cada país decide actuar por su cuenta».
Montero ha destacado el trabajo entre todas las administraciones públicas en España y ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este domingo una tercera reunión por videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas. Asimismo, se ha referido a la solidaridad del Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas que sufren de manera más intensa los efectos de la pandemia, como la de Madrid.
En el contexto internacional y europeo, la ministra se ha referido a las dos reuniones, de los países del G-20 y del Consejo Europeo, en las que participó el presidente Pedro Sánchez este 26 de marzo de 2020.
«El Gobierno de España junto a otros gobiernos europeos, demanda de la Unión Europea una respuesta clara, contundente, eficaz, de una financiación a medio y largo plazo para abordar el impacto socioeconómico derivado de la crisis sanitaria», ha explicado Montero, quien ha lamentado que no se haya producido el consenso necesario al respecto, aunque ha recordado que los jefes de estado y de gobierno de la UE se han emplazado a una nueva cita dentro de dos semanas.
Montero ha mostrado su confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo, por el que España trabajará de forma «incansable». La portavoz ha advertido que los ciudadanos «nunca perdonarían» que la Unión Europea les diera la espalda en esta situación de emergencia sanitaria, y ha señalado que no se pueden repetir los errores cometidos tras la crisis financiera de 2008, que provocaron «desafección y división» con el proyecto europeo, que debe seguir siendo «sinónimo de solidaridad y bienestar».