El gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley de medidas de prevención contra el fraude, la elusión fiscal y la competencia desleal.
Según ha informado a Servimedia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el anteproyecto servirá para trasponer una directiva europea en donde la lucha contra el fraude sea una prioridad ya que no existe justicia social si algunos eluden sus responsabilidades, ha añadido.
El proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la agencia tributaria que el año pasado consiguió ingresar 15 715 millones de euros, un 4.1ppr ciento respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha.
Este contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías; los pagos con efectivo; actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios; además prohíbe las amnistías fiscales, y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria. Según apuntó la ministra de Hacienda, la previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.
Respecto a los softwares de doble uso, la ministra señaló que son programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad y apuntó que en los últimos cinco años se han regularizado más de 1 500 millones de actuaciones contra este tipo de softwares. En concreto, el proyecto obliga a que los sistemas informáticos de los procesos contables se ajusten a criterios que garanticen accesibilidad a los registros y trazabilidad, además de habilitar la posibilidad de someter los sistemas a certificación y establecer un régimen de sanción para quienes fabrican los sistemas o quienes lo tienen sin la debida certificación.
Sobre las criptomonedas, Montero explicó que el objetivo es tener información sobre la tenencia y las operaciones que se realizan con ellas, tanto en territorio nacional como operaciones fuera de España de contribuyentes españoles. En ese sentido habrá que informar acerca de los saldos y titulares de las monedas, así como de las operaciones que supongan adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos con ellas.
Asimismo, el proyecto contempla la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales mil quinientos a mil euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2500 euros. A este respecto, Montero señaló que el objetivo del Gobierno es ir reduciendo de forma progresiva estas cuantías para que, de manera paulatina, los pagos en efectivo bajen “a su mínima expresión”, con el objetivo de combatir la economía sumergida. Además, se reduce de quince mil a diez mil euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
De igual forma, la lista de deudores tributarios se rebajará de un millón a 600 mil euros y respecto a los paraísos fiscales, Montero ha indicado que se actualizará el criterio de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para que se conozcan estos si no realizan intercambio de información efectivo con España.
