El Gobierno flexibiliza la jubilación anticipada para personas con discapacidad

El Gobierno español aprobó, en el Consejo de Ministros del martes 16 de mayo de 2023, que las personas con discapacidad igual o superior al 45 por ciento, que tienen actualmente un periodo obligatorio de cotización de quince años para poder solicitar la jubilación anticipada, solo tengan que cotizar cinco.

Se trata de una recomendación del Pacto de Toledo al Gobierno en noviembre de 2020, la flexibilización de las condiciones para que trabajadores con discapacidad de, al menos, el 45 por ciento se jubilen anticipadamente.

Concretamente, se reducirá de quince a cinco años el periodo obligatorio de cotización con la discapacidad para poderlo solicitar.

Así, se han aprobado dos reales decretos, uno que facilita el citado acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45 por ciento y otro que completa la reforma de los incentivos de la jubilación demorada, iniciada en 2021, para todos los trabajadores.

Según el Gobierno, la reforma duplicará el número de personas con discapacidad que podrán beneficiarse de la jubilación anticipada. El pronóstico es que en diez años beneficie a seis mil personas.

La reforma permitirá a estas personas sumar varias patologías para acreditar el 45% del grado de discapacidad, simplificando así el procedimiento. Hasta ahora, se tenía que acreditar con una única patología. A partir de ahora, será suficiente un informe médico que acredite que se ha padecido alguna de las dolencias requeridas para acceder a la jubilación anticipada.

El Real Decreto de incentivos a la jubilación demorada amplía las opciones para aquellas personas que quieran prolongar voluntariamente su vida laboral, mediante una fórmula mixta que permite combinar los dos tipos de incentivos vigentes: la posibilidad de percibir un pago único (‘cheque’) en el momento de la jubilación y un incremento porcentual de su pensión.

Quien opte por esta nueva fórmula y retrase su jubilación entre dos y diez años recibirá simultáneamente un incremento de su pensión del dos por ciento por cada año que la demore, y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optara por la fórmula actual del pago único. Si retrasa la jubilación once años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a cinco años del periodo demorado.

Los incentivos a la jubilación demorada es una medida voluntaria que está permitiendo que las personas que tengan buena salud y quieren prolongar su vida laboral puedan hacerlo. Además, contribuyen a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El Ejecutivo analizó un informe sobre el sistema de pensiones, que recoge los datos de afiliación a la Seguridad Social de la primera quincena de mayo de 2023. Los datos reflejan la creación de casi ciento veinte mil empleos, que se suman a los ya creados en los primeros cuatro meses del año.

Cine para mayores de 65 años

El Gobierno también desarrollará un programa de ayudas públicas para fomentar la asistencia a las salas de cine de los mayores de 65 años. La medida, beneficiará a más de nueve millones y medio de ciudadanos, que podrán ir al cine por dos euros un día a la semana. En principio, sería los martes, pero se podría acordar otros en función de cada territorio.

Las salas de cine han perdido un 40 por ciento de espectadores desde 2019 y los mayores de 65 años acuden un 60 por ciento menos.

También se analizaron los resultados del un informe sobre la actividad de los distintos órganos de colaboración a lo largo de 2022. De acuerdo con los datos recogidos en este informe, se mantiene el nivel de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, con un total de 156 reuniones de conferencias sectoriales el año pasado, enfocadas sobre todo a la expansión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ejecutivo adoptó las obras del tercer carril de la autovía A-67 entre Polanco y Santander (172 millones de euros), la transformación de la estación intermodal de Ourense (130 millones de euros), las obras en la avenida Alfonso Molina de A Coruña (18 millones de euros) y las obras de mejora de eficiencia energética en la planta desaladora de Carboneras, en Almería (41 millones de euros).

Por otra parte, el ejecutivo aprobó una declaración institucional con motivo del Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra el miércoles 17 de mayo.

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