La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha informado de que se ha propuesto a 8200 ayuntamientos desarrollar este verano una campaña contra la violencia de género mediante la instalación de «puntos violetas» en fiestas estivales y espacios de ocio, para la atención, información y asesoramiento contra las violencias machistas, que podrán financiarse con fondos del Pacto de Estado.
La delegada ha trasladado este llamamiento a ayuntamientos y sociedad por un verano libre de violencias machistas, en una comparecencia en la que también informó de que en junio 2021 fueron asesinadas ocho mujeres por violencia de género, un total de veinticuatro en este año y 1102 desde 2003, además de un caso en investigación en las Illes Balears.
En cuanto a los menores huérfanos y huérfanas por violencia de género, en junio han sido siete, un total de trece en 2021 y 317 desde 2013.
Tres menores han sido asesinados en 2021 y cuarenta desde 2013, pendiente de la resolución judicial en investigación de Ana, la bebé de Tenerife.
Proyecto de Ley de Libertad Sexual
Rosell explicó que el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado por Consejo de Ministros, tiene como objeto la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales: «Esta ley parte de un enfoque de derechos humanos, de un enfoque feminista, y de un enfoque de deber del Estado», dijo la delegada.
«A los derechos de las víctimas de cualquier violencia sexual, le corresponden obligaciones del Estado, y estas obligaciones conforme a los convenios y las normas internacionales son la detección, antes de que la víctima verbalice la violencia sexual, la protección, la prevención, la punición y la reparación», argumentó Rosell.
En cuanto a la prevención, la delegada destacó la formación y especialización de todos los sectores profesionales que tienen o van a tener relación con las víctimas de violencia sexual: judicatura, fiscalía, policía, abogacía, etc.
Sobre la protección, Rosell expuso que está compuesta de la atención, del acompañamiento y del asesoramiento que se refuerza enormemente, y ha destacado dos servicios fundamentales incluidos en el Proyecto de Ley. En primer lugar, los centros de atención que abren veinticuatro horas, siete días a la semana, 365 días al año, y cuya financiación ya se acordó en Consejo de Ministros, con un presupuesto total de 66 millones de euros.
En segundo lugar, las Casas de Infancia para menores que han sufrido violencia sexual, para que así no tengan que acudir a los distintos servicios, sino que las instituciones sean las que acudan a donde están, tanto para sus reconocimientos, como para presarles atención, ayuda psicológica y de todo tipo, incluso para desarrollar sus declaraciones judiciales.
La delegada resaltó la importancia de este modelo para la prosperabilidad del testimonio y de las acciones, que dependen mucho de que se lleven a cabo en unas condiciones amables, seguras y de cuidado. También ha reiterado que tiene un impacto muy positivo en el bienestar y la salud física y psíquica de las víctimas de violencia sexual menores de edad, «y solo con esto ya sería razón suficiente».
Según los datos de la Macroencuesta de 2019 de Violencia sobre las Mujeres, solo el once por ciento de la violencia sexual se denuncia en España, y por las víctimas solo el ocho por ciento. «Estamos hablando de una bolsa negra cercana al noventa por ciento de violencia sexual oculta, silenciada», afirmó la delegada.
«Que la sociedad y las instituciones crean a las mujeres, les den seguridad y hagan que superen esa vergüenza, y se pongan todas las medidas para evitar, prevenir, detectar, proteger, atender y reparar las violencias sexuales contra menores de edad, hará a las mujeres vivir en un país mucho más libre y mucho más seguro», argumentó Rosell.
La delegada explicó que, con esta ley, se pasará de una cultura del sometimiento de las mujeres, de la subordinación, que es la clave y la causa de la violencia de género, a una cultura del consentimiento. Esta ley opta por un modelo de consentimiento positivo, que es el que se refleja en la conocida frase utiliza por el movimiento feminista de «Solo sí es sí».
Se suprime la distinción entre abuso y agresión sexual, porque se suprime la figura del abuso sexual. El delito de violación ya no requiere que se utilice como medios comisivos la violencia o la intimidación, que también exigía a la víctima repeler o defenderse de esta violencia o intimidación.
Se amplía el acoso reiterado o stalking en el Código Penal, y se elimina el requisito de afectación grave de la vida cotidiana de la víctima. Se modifica el concepto de explotación sexual, entendiendo que existe no solo cuando se demuestra una situación de vulnerabilidad de la víctima, sino cuando hay una relación de dependencia o subordinación. Y se incorpora la tercería locativa, para perseguir a toda persona que destina un inmueble o bien local para favorecer la explotación sexual ajena.
Llamadas y consultas al 016
La delegada ha informado también sobre los datos de las llamadas, consultas online y WhatsApp al 016. El número de llamadas pertinentes durante el mes de junio de 2021 es de 9049, mientras que en junio de 2020 fue de 8561, lo que supone una diferencia en valor absoluto de 488 llamadas pertinentes más en junio de 2021 que en junio de 2020, y en porcentaje, un aumento del seis por ciento.
Las 9049 llamadas pertinentes de junio de 2021 suponen la segunda cifra más alta de toda la serie histórica, sólo superada por las 9916 llamadas pertinentes de agosto de 2016.