El gobierno de España discrimina a las personas con discapacidad intelectual tal y como lamenta la plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También.
Tras muchos meses de esfuerzo, su reclamación para q sea retirada la disposición adicional cuarta que conllevará al cierre de los colegios de Educación Especial no ha sido escuchada. Esta ley se aprobará en el transcurso de esta tarde, 5 de noviembre de 2020 durante la tramitación parlamentaria de la LOMLOE.
Para esta plataforma, el gobierno de la nación y su máximo responsable no ha escuchado a las familias y por ello, se manifestarán frente al congreso de los Diputados y en una quedada online para protestar por dicha situación.
De igual forma, alegan que se han solicitado reuniones con la ministra de educación, Isabel Celaá y el colectivo con discapacidad intelectual ha sido no solo ignorado, sino que también ha sido apartado de cualquier reunión para intercambiar impresiones. Se ha eliminado a la sociedad civil y asimismo, alegan que no les han permitido exponer las posiciones de los padres en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados.
«Adicionalmente es una situación que implica un tremendo desgaste social por parte de miles de familias y que además se agrava en las familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual», aseveran.
La plataforma solicita la eliminación de la Disposición Adicional Cuarta de la futura Ley de Educación, la conocida Ley Celaá, por tener una redacción ambigua y la intención de abrir la puerta que permita a las Comunidades Autónomas vaciar los centros de Educación Especial de alumnos y, progresivamente, transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado.
Disposición Adicional Cuarta de la Ley Celaá:
Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2 e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidades y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Por ello, varias organizaciones de Educación Especial, entre ellas FSIE, convocan a una quedada digital hoy, cinco de noviembre para protestar por lo que de forma irrevocable será firmado en el congreso de los Diputados, haciendo una vez más, que la discapacidad intelectual y las personas afectadas, sean ignoradas dentro de las políticas sociales y en especial, en la educación que tanto les afecta.
