La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid informa de que los docentes con una discapacidad mayor al 33% se enfrentan en la Comunidad de Madrid a una serie de obstáculos que son resultado directo de la inacción y del incumplimiento de la ley por parte de la Consejería de Educación.

Este grupo de docentes, recogido a nivel burocrático en la categoría «Acceso 2», tiene derecho a una adaptación de la oposición que la haga adecuada a sus capacidades. También es obligatorio reservar al menos un cinco por ciento de las plazas que se ofertan para este Acceso, y que en los llamamientos ordinarios de forma genérica se asigne una persona de Acceso 2 por cada dieciséis llamamientos si la sustitución es de más de cuatro meses.

En los últimos tres años, el 1,75 por ciento de los trabajadores que han accedido a la profesión docente pertenece al grupo de Acceso 2. El problema, denuncia CCOO, es que cada vez se encuentran con más dificultades, aunque la ley esté de su lado.

Opacidad

«La actuación del Gobierno regional está marcada por la opacidad, la falta de datos, una nula preocupación por la igualdad y el incumplimiento de la ley», critica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín.

Agrega que «no solo no garantizan la cuota del dos por ciento que marca la ley, sino que hay centros educativos que no son accesibles, y cuando los funcionarios solicitan adaptaciones al puesto de trabajo, esas solicitudes se eternizan y nunca llegan. Un ejemplo claro, que ha tenido repercusión en los medios de comunicación, es el de un docente con discapacidad auditiva que lleva seis años pidiendo un intérprete de signos. En otras ocasiones al personal interino se le asignan destinos completamente incompatibles con su discapacidad, lo que significa la pérdida de dicha asignación».

CCOO recuerda que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce su derecho a la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás y a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, para que puedan gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La realidad es que las personas con discapacidad sufren en mayor medida la precariedad laboral –cuarenta puntos de diferencia en la tasa de actividad respecto a la población general– y el desempleo –diez puntos de diferencia–. Por ello se desarrollaron diversas legislaciones tanto a nivel europeo como estatal para el desarrollo de la accesibilidad y del empleo público de este colectivo. En Madrid, esta legislación no se cumple.

Un sinsentido

«Se trata, además, de una ley, que no es nueva y que lleva en vigor hace casi cuarenta años», subraya Isabel Galvín. Desde que se aprobó en 1982, la ley obliga a incorporar al menos un dos por ciento de personas con discapacidad a la plantilla de cualquier empresa.

La Consejería de Educación, sin embargo, ignora dicha obligación, ya que cuando se le han pedido los datos para comprobar si cumplen la ley responde que «el dato de discapacidad no se incluye como dato en su registro individual, por lo que no figura como dato extraíble en las aplicaciones de gestión de personal de esta Dirección General».

Galvín califica esta respuesta de «sinsentido», ya que el artículo cinco del también muy lejano RD 1451/1983 obliga a que la Consejería de Educación informe a los representantes de los trabajadores y al SEPE de la relación detallada de los puestos de trabajo ocupados por personal con discapacidad. 

«Es vergonzoso que una ley de los años ochenta que sentó las bases para la integración y la participación plena de estos docentes en la sociedad no se cumpla» sostiene Galvín, quien concluye que «tenemos un gobierno tan reaccionario que sus acciones en terreno de igualdad ni siquiera respetan  la legislación de hace cuarenta años. Es un cajón que no toca abrir hoy, pero esa legislación habría que actualizarla, modernizarla, mejorarla. No incumplirla. No vamos a permitirlo».

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