El Consejo de Ministros celebrado este 12 de mayo 2026 ha aprobado un paquete de medidas con impacto sanitario, territorial y social que incluye una modificación del sistema de aportación farmacéutica de los usuarios, nuevas inversiones frente a inundaciones y daños de la DANA, así como fondos para salud mental, educación y cohesión territorial.
La reunión, celebrada en el Palacio de La Moncloa, también ha dado luz verde al anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud y a diversas actuaciones vinculadas a infraestructuras ferroviarias y emergencias climáticas.
Entre las decisiones con mayor alcance político figura el real decreto-ley que modifica la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, una reforma que afecta al modelo de copago sanitario y que el Ejecutivo sitúa en el marco de la protección del acceso universal a los medicamentos.
El Consejo también ha autorizado más de 175 millones de euros adicionales para MUFACE destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias en farmacia hospitalaria, oficinas de farmacia, prótesis e incapacidad temporal.
Sanidad y políticas sociales
El Ministerio de Sanidad ha impulsado además el proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control público del sistema sanitario y establecer nuevos mecanismos de transparencia y supervisión.
El Gobierno ha aprobado igualmente la distribución territorial de 39 millones de euros para salud mental y otros 17,8 millones destinados a programas de prevención del suicidio en las comunidades autónomas y el INGESA.
Estas decisiones llegan en un contexto marcado por el debate sobre la financiación sanitaria, las listas de espera y el deterioro de la atención primaria denunciado en distintas comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid.
Inversiones frente a inundaciones y daños climáticos
El Ejecutivo ha autorizado un contrato de más de 15,4 millones de euros para actuaciones de protección frente a inundaciones en Los Alcázares (Murcia), dentro de las medidas de recuperación ambiental del Mar Menor. El proyecto contempla un parque inundable de más de 30 hectáreas capaz de retener hasta 400.000 metros cúbicos de escorrentías durante episodios de lluvias intensas.
Además, el Consejo ha aprobado nuevas partidas vinculadas a la DANA de 2024, entre ellas casi 3,9 millones de euros para financiar trabajos de peritación y valoración de daños materiales realizados por TRAGSATEC.
El Gobierno también prevé nuevas subvenciones para territorios afectados por emergencias de protección civil entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, incluidas comunidades como Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha.
Educación, ferrocarril y reto demográfico
En materia educativa, el Consejo de Ministros ha aprobado distintos programas de cooperación territorial para refuerzo de competencia lectora, matemáticas y educación inclusiva. Destaca el programa PROA+, dotado con más de 105 millones de euros para centros de especial complejidad educativa.
El Ministerio de Educación también distribuirá más de 867 millones de euros para formación profesional dirigida a personas trabajadoras.
En infraestructuras, el Ejecutivo ha autorizado contratos para la renovación de vías ferroviarias, una nueva base de mantenimiento de la línea de alta velocidad Murcia-Almería y la construcción del futuro centro de control aéreo de Baleares de ENAIRE, valorado en más de 81 millones de euros.
Declaración institucional contra la LGTBIfobia
El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo una declaración institucional con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia.
La decisión se produce en un momento de fuerte confrontación política sobre los derechos LGTBI y las políticas de igualdad impulsadas por distintas administraciones autonómicas. El Ejecutivo mantiene así una línea institucional de respaldo a las políticas de diversidad y no discriminación.
Contexto político
La reunión del Consejo se celebra en plena discusión parlamentaria sobre el gasto público, la financiación autonómica y las consecuencias económicas de los fenómenos meteorológicos extremos registrados en los últimos meses.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene además abiertas varias negociaciones con las comunidades autónomas sobre financiación sanitaria, vivienda y reparto de fondos europeos, mientras distintos gobiernos regionales reclaman mayores transferencias estatales para afrontar costes derivados de emergencias climáticas y servicios públicos.
