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El Gobierno aprueba medidas para paliar la sequía y de ayuda al sector agrario y ganadero

El Ejecutivo, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este 11 de mayo de 2023, aprobó diferentes medidas de apoyo al sector agrario y ganadero durante la sequía. Además, la normativa de seguridad y salud en los lugares de trabajo tendrá en cuenta los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.

El Gobierno dio el visto bueno a medidas de apoyo al sector primario para paliar los efectos de la sequía que renuevan y que ascienden a 784,2 millones de euros.

Por otro lado, mil cuatrocientos millones se destinarán garantizar la disponibilidad de agua, a través de la construcción de plantas desalinizadoras, de los bombeos de emergencia y la adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento. También se fomentará la reutilización de aguas urbanas para alcanzar el veinte por ciento del volumen de recursos hídricos destinados al suministro de las poblaciones.

El Real Decreto-Ley tiene como objetivo asegurar el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la regularidad de la producción agroalimentaria durante el actual episodio de sequía, agravado por las escasas lluvias y las altas temperaturas de 2022.

La reserva hídrica española está actualmente al 48,9 por ciento de su capacidad total, muy por debajo de la media del 68,7 por ciento de los diez últimos años.

Una de las novedades será la concesión de ayudas directas, por importe de más de 636 millones de euros. 360 millones se destinarán a los productores de carne y de leche de ganados vacuno, ovino y caprino ganadero, así como al sector apícola, y 276,7 serán para el sector agrario.

El importe destinado en 2023 a subvencionar la prima del seguro agrario aumenta en más de cuarenta millones, hasta los 359 millones de euros. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 por ciento del coste de la contratación de las pólizas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía.

En el ámbito fiscal, se ha acordado la exención de las cuotas del Impuesto e Bienes Inmuebles (IBI) rústico para las explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en este ejercicio una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 por ciento en zonas con limitaciones naturales, o de un 30 por ciento en las demás.

El pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduce para los más ochocientos mil agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Las medidas de liquidez, como los préstamos bonificados o el pago de los avales para recibir un préstamo bonificado, que ya preveían veinticinco millones para agricultores y ganaderos, contarán con otros veintitrés millones de euros más.

Política Agrícola Común

En relación con la Política Agrícola Común (PAC), se alarga hasta el 30 de junio el plazo actualmente abierto para solicitar las ayudas, y se escalona la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación, que podrá retrasarse hasta el 1 de enero de 2024 o de 2025 según los casos. Además, quedarán exentas de tributación las ayudas que se perciban por ecoregímenes.

Entre las medidas de carácter social se incluyen el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social para las empresas, para trabajadores por cuenta ajena y propia agrarios del régimen de autónomos.

Se prorrogará la medida excepcional de reducción a diez del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.

En apoyo a los regantes, aquellos titulares de derechos que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos tendrán una bonificación del canon: el 100 por cien si la reducción en la dotación de agua supera el 60 por ciento, y del 50 por ciento si ha sido de entre el 40 y el 60 por ciento. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del 50 por ciento en la cuota del canon.

Salud y seguridad laboral

Finalmente, el Gobierno ha acordado modificar la normativa actual que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para adoptar medidas preventivas específicas ante fenómenos meteorológicos adversos (calor, frío o viento). Estas medidas deberán tener en cuenta la tarea y la persona que la realiza.

Además, debido a las altas temperaturas ya registradas esta primavera, el Plan Nacional de actuaciones preventivas frente a los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud adelantará su entrada en vigor ya al próximo lunes 15 de mayo y se prolongará hasta el 15 de septiembre.

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