El Ejecutivo español actualizó la normativa vigente modificando también la regulación de las empresas de inserción laboral. El objetivo es renovar el marco jurídico relativo a la economía social, un sector formado por 43.000 empresas y 2,2 millones de trabajadores.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Impulso de la Economía Social, que actualiza las leyes vigentes sobre cooperativas, economía social y empresas de inserción (leyes 27/1999 de 26 de julio; 44/2007 de 13 de diciembre y 5/2011 de 29 de marzo).
La reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas mejora la eficacia y la competitividad en el mercado de esta fórmula empresarial, creando el comité de igualdad, mientras que la de la Ley 5/2011, de Economía Social clarifica las tipologías y el catálogo de entidades que la integran e incorpora las nuevas fórmulas asociativas ya reconocidas a nivel europeo.
La modificación de la Ley 44/2007, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción concilia su función social con la reforma laboral, refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y revisa los itinerarios de inserción.
El Ejecutivo también aprobó la Estrategia Española de Economía Social y la distribución entre las comunidades autónomas de 2803 millones de euros para políticas activas de empleo.
Esta dotación económica permitirá llevar a cabo actuaciones para combatir el paro, especialmente el de larga duración, en el que destacan los mayores de 45 años, un total de 1,2 millones de personas, al que se dedicará una parte importante de estos fondos.
Enseñanzas artísticas y digitalización de la Justicia
Además, el Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de ley sobre enseñanzas artísticas y aprobó la inversión de cien millones de euros en la digitalización de la administración de justicia.
Este proyecto de ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores profesionales establece su organización y equivalencias. El texto se remitirá a las Cortes para su tramitación, completa la reforma del sistema educativo junto a las leyes de Educación, Formación Profesional, Universidades y Ciencia.
Las enseñanzas artísticas superiores quedan equiparadas con las universitarias y las profesionales se homologan al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del nuevo sistema de Formación Profesional.
Actualmente las enseñanzas artísticas superiores cuentan con 141.000 estudiantes, 14.000 profesores y 690 centros.
Respecto a la Formación Profesional, el Gobierno aprobó el Real Decreto por el que se establece su calendario de implantación. El plazo será de cuatro años y ya el próximo curso 2023-2024 las administraciones competentes deberán empezar a ofrecer de manera gradual esta nueva oferta formativa.
Por otra parte, en el marco del Plan Justicia 2030, el Ejecutivo autorizó la celebración de un contrato de cien millones de euros para la digitalización y mejora de los servicios e infraestructuras tecnológicas de la administración de justicia.
Finalmente, se analizó el Balance de la Actividad Consular 2022 por el Consejo de Ministros, destacando el incremento de los casos de emergencias colectivas e individuales atendidos, principalmente a causa de la guerra en Ucrania y la evacuación de Afganistán. En total se atendieron 7200 casos, un 98,5 por ciento más que en 2021.
Además de estas situaciones de emergencia, las 179 Oficinas Consulares atienden diariamente a cerca de tres millones de ciudadanos españoles inscritos como residentes en el exterior, para trámites como la emisión de pasaportes o visados, la asistencia en el caso de detención o la gestión de los procesos electorales.