La finalización de la iniciativa «Guaido» para derrocar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, impulsada por Estados Unidos y seguida por la Union Europea, con una relevante implicación de España a través de su entonces ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrel, ha permitido que el gobierno y la oposición venezolana negocien en México un primer acuerdo para dirigir a programas sociales tres mil millones de dólares de fondos estatales retenidos en el extranjero.

Según informa Humberto Márquez desde Caracas, los recursos sobre los que trata el acuerdo son fondos del Estado venezolano bloqueados en Estados Unidos y naciones europeas que desconocieron en 2019 la reelección del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, adoptaron sanciones y reconocieron como presidente legítimo al parlamentario opositor Juan Guaidó.

El agudo deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos por las sanciones ha ido en paralelo con el de su economía, con la industria petrolera desplomada y varios años de hiperinflación; y cuya consecuencia internacional más vistosa ha sido la migración de siete millones de sus habitantes.

Ahora, en una negociación entre oficialismo y oposición, con la mediación de gobiernos de la región y Noruega, se ha pactado en México descongelar parte de esos fondos y destinarlos a programas sociales bajo el control de Naciones Unidas (ONU).

El acuerdo se produce cuando en Venezuela la pobreza total llega a 81,5 por ciento de su población (90,9 por ciento en 2021), según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, que estudió a 2300 hogares en todo el  país. Es la primera vez en siete años que se reduce, en parte atribuible a un rebote de la economía y a las remesas de los migrantes.

Venezuela es actualmente el país más desigual del continente americano y con Angola, Mozambique y Namibia uno de los más desiguales del mundo, pues el diez por ciento de mayores ingresos obtiene setenta veces más (553,20 dólares mensuales en promedio) que el diez por ciento más pobre (7,90 dólares).

Las remuneraciones mensuales promedio son de 113 dólares los empleados públicos, 142 dólares quienes trabajan por cuenta propia y 150 dólares los trabajadores de la empresa privada.

Las pensiones que entrega el Estado, equiparadas al salario mínimo, equivalían a 30 dólares a comienzos de año, pero con la depreciación de la moneda apenas llegan a nueve dólares mensuales este diciembre 2022.

El acuerdo de México

Jorge Rodríguez, presidente de la legislativa Asamblea Nacional y principal negociador del oficialismo, dijo que con los recursos que se liberen tras el acuerdo en México se atenderán la infraestructura y materiales de 2300 escuelas, y se obtendrán las vacunas de los esquemas pautados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se adquirirán medicamentos oncológicos, para pacientes con VIH, se recuperarán programas de radioterapia, bancos de sangre, y al menos veintiún hospitales, así como se destinarán más de mil millones de dólares a la red eléctrica nacional.

En su opinión «lo único que puede realmente solventar la crisis, el mejor programa social que puede existir, es un empleo digno, con un ingreso suficiente y con un programa de seguridad social y de salud pública que atienda a los más necesitados».

Los recursos para el acuerdo, en bancos de países del Norte, se liberarán gradualmente bajo la vigilancia de un comité gobierno-oposición y con administración de agencias de la ONU para licitar, ejecutar y supervisar los programas, en 2023 y 2024.

Y se anuncian para 2023 nuevas reuniones y acuerdos políticos, que pueden llevar a un alivio o levantamiento de las sanciones y, eventualmente, a una mejora en las condiciones de vida de los veintiocho millones de venezolanos.

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