La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó este jueves 30 de julio de 2020, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley del Impuesto sobre las transacciones financieras en España, conocido como ‘Tasa Tobin’, que ahora continuará su tramitación en el Senado.
Durante la sesión, los diputados que integran esta Comisión incorporaron al proyecto de ley dos enmiendas transaccionales de las 68 enmiendas al articulado que habían sido presentadas por los grupos parlamentarios, y el texto final fue aprobado por por veintiún votos a favor de los grupos parlamentarios de centro izquierda, catorce en contra de los grupos de centro derecha y una abstención de un grupo nacionalista.
La propuesta del Gobierno, con la que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en gravar con un 0,2 por ciento las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los mil millones de euros, informa Servimedia.
En el preámbulo del proyecto, el texto recuerda que España forma parte desde 2013 de un grupo de países de la UE (junto a Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal) que cooperan en la implantación armonizada de un impuesto de estas características, pero que, al no alcanzarse un acuerdo, varios países, como Francia e Italia, ya han actuado de forma unilateral en la creación de este tributo.
Así, el proyecto considera “oportuno” establecer ya este impuesto en España para «contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, habida cuenta que las operaciones que ahora se someten a tributación con carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta».
El texto, además, destaca que el hecho imponible del impuesto está constituido por la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, de forma que «se establece como principio de imposición el denominado principio de emisión, por considerarse que de esta manera se minimiza el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros en comparación con el principio de residencia, habida cuenta de que se someten a tributación acciones de sociedades españolas, cualquiera que sea la residencia o el lugar de establecimiento del intermediario financiero o el lugar en que se negocien».
ENMIENDAS
Antes de la sesión de hoy, la Ponencia parlamentaria ya había incorporado tres enmiendas al proyecto. Una de ellas, presentada por los grupos Socialista y Unidas Podemos, de carácter técnico y aprobada por unanimidad, precisa que cuando la adquisición de acciones no se efectúe en un centro de negociación, si interviene un intermediario financiero por la parte adquirente, será este intermediario el sujeto pasivo.
Por otro lado, se incorpora una enmienda transaccionada por los grupos Socialista, Unidas Podemos, Popular, Juntx per Catalunya y Ciudadanos para introducir un nuevo supuesto de exención, el de las denominadas adquisiciones de autocartera.
En tercer lugar, la Ponencia incorporó una enmienda transaccional sobre la base de enmiendas presentadas por PP, Vox y Juntes per Catalunya relativas al devengo del impuesto, fijándolo en el momento en que se produzca la anotación registral, ya que la propuesta inicial planteaba dos criterios diferentes de devengo según si la adquisición se produce en un centro de negociación o fuera del mismo.
Además, durante la sesión de este jueves, se incorporaron nuevas enmiendas transaccionales. Una de ellas, entre los grupos Socialista, Unidas Podemos y PNV, contempla que antes de la entrada en vigor del impuesto el Gobierno convocará a las comisiones mixtas de los conciertos de País Vasco y Navarra para determinar las capacidad normativa de estas comunidades respecto al nuevo tributo.
Otra enmienda, transaccionada por PP, Vox y Ciudadanos, y que fue aprobada por la Comisión, establece una mejora técnica sobre la declaración anual del impuesto, con el objetivo de reducir los costes del cumplimiento de esta ley.