Reporteros Sin Fronteras (RSF) señala que unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión afectan a la libertad de prensa y el derecho a la información en España, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos, y la sitúan en el puesto 32 de la Clasificación Mundial que hacen pública cada 3 de Mayo, día en que reflexiona sobre la libertad de prensa en el mundo.
RSF ha elaborado este informe de 2022 sobre cinco nuevos indicadores, junto al balance de agresiones del año, que reflejan con mayor exactitud aspectos antes más ocultos, ya que en años ocasiones prevalecía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas, pero la nueva metodología incluye otros indicadores, como el marco legal, el sociocultural o el económico.
Siguiendo este informe de RSF, se indica que es precisamente en este último en el que España anota su peor resultado, pese a haber registrado, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países.
Además, se está tramitando en el Congreso la posible derogación de los llamados delitos de expresión (injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc); el artículo de la conocida como «Ley Mordaza» que penalizaba la captación de imágenes por la prensa, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y las disposiciones más polémicas de esta ley están también en trámites para ser derogadas por las Cortes.
No es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa en España, aunque RSF anota la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha.
Lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales.
La esfera política no es tan responsable este año de las carencias de la libertad de prensa, como lo es acaso la esfera mediática. Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben competir contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica.
Por otra parte, la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa. Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura.
Es destacable, además, en el análisis español, el gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión. España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente «foxnewsizados» y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos.
En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en el país.
En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae claramente por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de «problemático». También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.
Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola).
Del mismo modo, RSF reseña que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes).
Para RSF, la Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa – difícil en democracias consolidadas- como «enredar» a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos.