La Comunidad de Madrid contratará la gestión del centro Mirasierra de Madrid por importe de quince millones 683 079,83 euros para un total de 279 plazas: 220 de residencia, 45 de centro de día y 14 de respiro familiar en centro de día, para personas dependientes mayores de 60 años y mayores 55 años afectados por alzhéimer.
El Gobierno regional mantiene actualmente un contrato para la gestión de este centro, cuya cuarta prórroga finaliza el 30 de septiembre de 2020, y tramita este nuevo contrato con el fin de «garantizar la continuidad para las personas a las que se les ha asignado una plaza».
El nuevo contrato cuenta con un plazo de ejecución de tres años, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de septiembre de 2021, y se tramita por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios.
Respecto a los criterios de calidad, que primarán sobre la oferta económica, se valorará la implantación de un plan anual de actividades de terapias innovadoras aplicadas a los cuidados, contar con un plan de fomento de la participación y la constitución de un comité de ética asistencial o adhesión a uno ya constituido.
Asimismo, se tendrá en cuenta el establecimiento de planes de formación para promover el modelo de atención centrada en la persona. También se tendrá en consideración que se apliquen medidas alternativas a la sujeción, así como la implantación de programas para prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios.
La aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la atención a los mayores será otro de los requisitos que se evaluará. Por ejemplo, se valorará el uso de sensores de cama con detección de movimiento y alarma que permita controlar caídas o el establecimiento de un sistema automatizado de llamada o mensaje diario para los usuarios del centro de día que usen el servicio de transporte, con el objetivo de minimizar tiempos de espera.
Mala gestión en centros de mayores
En abril 2020, la Consejería de Políticas Sociales de Madrid asumió la dirección de cinco geriátricos, debido a su situación «crítica», que se sumaban a otras ocho residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid debido a los resultados obtenidos tras las inspecciones llevadas a cabo por profesionales sanitarios, el personal de AMAS, del Cuerpo de Bomberos, del Ayuntamiento y de los efectivos desplegados de la Unidad Militar de Emergencia (UME).
La Fiscalía General del Estado mantenía a finales de mayo de 2020 más de 170 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en residencias de mayores y personas con discapacidad, de ellas 81 en Madrid.
Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa la supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 190 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil, de ellas más de veinte en Madrid.
Respecto al Centro de Mayores Mirasierra, la Cadena Ser informaba ya el 21 de julio de 2017 de protestas llegadas a su redacción por la gestión privada de este centro público de la Comunidad de Madrid a cargo de la empresa Mapfre Quavitae desde 1999, achacables a la falta de personal y a deficiencias en la climatización.
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