El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), ha solicitado al Gobierno de España, entrar en el Real Patronato de Discapacidad.
La organización ha mantenido una reunión telemática con el director general de Discapacidad, don Jesús Celada, a quien han solicitado expresamente, además de esa petición, otras que se han puesto encima de la mesa para dar voz a las entidades que representan.
En relación con el empleo para personas con discapacidad, el Consejo ha asegurado que los sindicatos y las entidades representativas de Centros Especiales de Empleo coinciden en la gravedad de la situación que están viviendo debido a la creación de la ‘Iniciativa Social’. De igual forma, han señalado que existe una diferenciación salarial discriminatoria que ha sido señalada en el XV Convenio de la Discapacidad y se ha hecho referencia a la exclusión de la mayoría de los Centros Especiales de Empleo de los contratos reservados públicos mediante la ley de contratos del sector público.
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De igual forma, la organización ha solicitado no cerrar las escuelas de Educación Especial ya que consideran que son un derecho fundamental de los niños y niñas con discapacidad, tal y como lo reclaman las familias que se sienten afectadas por la ley Celaá. Recuerdan que la disposición adicional cuarta dejaría a estos alumnos en un lugar comprometido y solicitan que sea retirada a tal efecto.
El director general de discapacidad, ha reconocido la excelencia y calidad de la educación especial y ha resaltado que la LOMLOE no pretende cerrarlos, sino conectar los dos sistemas educativos; el ordinario y el especial, para que ambos se integren. En ese sentido, ha manifestado la necesidad de confeccionar una memoria económica a diez años para que, con una correcta dotación presupuestaria, se adecúen estas escuelas y se homologuen los conceptos, especialmente en atención temprana.
En este sentido, se ha expuesto la necesidad de uniformar los criterios de servicio en las diferentes Comunidades Autónomas (C.C.A.A.) tanto desde una perspectiva sanitaria como educativa y de igualdad de trato; así como la reactivación de los servicios a domicilio o en el propio centro que no son del todo correctos.
Jesús Celada ha agradecido la concreción de las demandas y ha ofrecido ser el «puente» e interlocutor con los organismos competentes de las distintas áreas, tanto de educación como de empleo.
Por su parte, Albert Campabadal, presidente del CEDDD, ha agradecido la atención recibida y la voluntad de canalizar las demandas y otras sugerencias en los diferentes ámbitos que se plantean en el Consejo. Íñigo Alli, adjunto a la presidencia, ha presentado a los miembros de las distintas organizaciones personadas en la reunión. Ángel Luis González, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), Cristian Rovira, Presidenta de la European Confederation of Inclusive Enterprises (EuCIE); Sergio Pascual, secretario general de la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE); Julián Ruíz, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE); Imma Badia, secretaria de Acción Sindical de la Unión Sindical Obrera (USO); Ana De Luis Otero, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Baja Visión D.O.C.E. (Discapacitados otros Ciegos de España); José María Escudero y Luis Rojo de la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También; así como Raquel Díaz y Rosa Leira, del Centro ALTEA de Atención Temprana. La reunión fue dirigida por Marc Subiron, secretario general del CEDDD.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, (CEDDD), es una plataforma apolítica creada en 2015, cuyo compromiso es contribuir a promover un espacio de encuentro donde todos los interpelados trabajan en la misma línea. Actualmente, es la voz más transversal que existe en España, de más de 5.500 organizaciones, tanto de discapacidad como de dependencia.
El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad y las personas dependientes desde todas las áreas: educación, atención y asistencia, empleo, ámbito social y entorno familiar.