El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), ha creado el Consejo Sectorial CEDDD de personas mayores, para apoyar y proponer respuestas ante la dramática situación que viven estos en residencias, tanto públicas como privadas.
Debido a la pandemia que asola España, y ante la alarma sanitaria respecto a la atención de las personas mayores, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) ha leído un manifiesto en una rueda de prensa telemática, por la Sanidad Universal dentro de lo social, al que se suma el CEDDD.
En el manifiesto se plantea la situación desoladora de la dependencia en España y, por ello, se ha propuesto definir cómo debería ser el nuevo modelo. No sin antes agradecer, como no podía ser de otro modo, el impecable trabajo que los profesionales han llevado a cabo en las residencias de ancianos en España.
Dicho protocolo pretende garantizar los derechos y la atención de las personas mayores que estuvieran o no en situación de dependencia, de forma que se las pueda ofrecer una protección reforzada para estas situaciones de emergencia sanitaria. Además, respondería al abordaje de estas crisis sin que las personas mayores se vieran afectadas. La tercera edad es la que más ha sufrido en esta pandemia y sus derechos se han visto mermados por los numerosos casos de pacientes afectados y las muertes repentinas.
En dicho manifiesto por la Sanidad Universal dentro de lo social, la presidenta del CEAPS ha recogido la situación que atraviesa España y la realidad que afecta a este colectivo. Dice así:
“La pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación crítica al conjunto de la atención residencial y a las personas mayores en todo el país. Una realidad que afecta tanto a centros públicos como privados, grandes y pequeños, en toda nuestra geografía, con un impacto muy significativo en grandes núcleos de población.
Durante más de un mes, las organizaciones y profesionales del sector social hemos visto cómo la epidemia avanzaba segando vidas y dejando en una situación crítica a muchos centros, a pesar del esfuerzo titánico de organización, gestión y cuidado.
Estamos reclamando con firmeza ayuda a la Administración para que nos proporcione los recursos que permitan luchar contra el coronavirus y poder proteger de la mejor manera posible a nuestros residentes y profesionales.
Ya en estos últimos días, con desesperación, hemos rogado que los organismos públicos nos facilitasen equipos de protección y tests diagnósticos para personas usuarias y profesionales.
En definitiva, ayuda para impedir que cuando apareciese un caso en un centro este no se convirtiese en un vehículo de transmisión dentro del mismo.
Estas reiteradas demandas no han sido atendidas con la rapidez que la gravedad del momento exigía y, por eso, muchos de nosotros hemos pedido al Gobierno central y a los autonómicos, que la autoridad sanitaria tomase inmediatamente el control sanitario de los centros residenciales, puesto que la emergencia que vivimos no es una emergencia social, sino una emergencia sanitaria.
Por parte de las autoridades públicas hemos escuchado palabras de ánimo y la promesa de priorizar el apoyo a los centros residenciales, pero todos los que estamos día a día con las personas mayores sabemos que estas palabras no se han traducido en acciones reales valientes y decididas encaminadas a frenar la extensión del COVID-19 entre nuestros residentes y trabajadores.
Por eso y ante la publicación del Orden Ministerial SND/322/2020, de 3 de abril. EXIGIMOS de las comunidades autónomas, encargadas de su aplicación, su inmediato y total cumplimiento, en especial en lo que hace referencia a:
Que la autoridad sanitaria tome el control efectivo de la situación desde el punto de vista de salud con una supervisión constante y efectiva de las medidas que se recogen.
- Que los centros y profesionales dispongan de manera inmediata de los EPI necesarios para realizar las tareas de atención a las personas garantizando la seguridad de los trabajadores.
- Que tanto las personas usuarias como las profesionales tengan un acceso inmediato a los test de diagnósticos para poder ejecutar una planificación efectiva de los recursos de los centros, garantizar su salud y poder tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para frenar el avance de COVID-19.
- Que se implemente un mecanismo de recogida de información único y eficientes evitando las duplicidades existentes que crean confusión, ineficacia y agotamiento de profesionales y gestores.
Las personas mayores que viven en los centros residenciales son ciudadanos en plenitud de sus derechos y, por su situación de fragilidad, necesitan y merecen una especial intervención por parte de las autoridades públicas y del conjunto de la sociedad.
Desde el sector, organizaciones, gestores y profesionales expresamos nuestro compromiso, dedicación y decisión de no rendirnos y luchar por sus derechos. Si la calidad de una sociedad se mide por los esfuerzos que hace por cuidar a los más débiles, este es el momento de demostrarlo con decisión y valentía.
Muchas gracias.
Cinta Pascual
Presidenta de CEAPS”
Sobre CEDDD
CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que integra e impulsa la voz de más de 3000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con discapacidad, a los Centros de Educación Especial, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden –grupos residenciales, atención a domicilio–, colegios profesionales, etc. En suma, representa a más de 200 000 personas atendidas y sus familias, 350 000 profesionales y trabajadores y 1000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con discapacidad y/o con dependencia. El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas las áreas de influencia.