La suspensión cautelar por el Tribunal Supremo de los efectos electorales de las inscripciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática coincide con las posiciones defendidas por el Partido Popular y Vox, y reabre el debate sobre la independencia de la justicia.
El periodista Iñigo Sáenz de Ugarte cuestiona la actuación del Tribunal Supremo en el conflicto sobre la inscripción electoral de las personas nacionalizadas mediante la denominada ley de nietos.
En una columna publicada este domingo en el boletín Política para supervivientes, de elDiario.es, el autor sostiene que la decisión judicial refuerza las sospechas promovidas por el PP y Vox sobre la ampliación del Censo Electoral de Residentes Ausentes.
El Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática. La medida permanecerá vigente mientras los consulados comprueban si las personas afectadas descienden de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.
La resolución también alcanza a quienes todavía no figuran en el censo. Sus expedientes podrán continuar, pero la inscripción no producirá efectos electorales hasta que se acredite la condición de descendientes del exilio o se resuelva el litigio.
La crítica a la actuación del Supremo
Sáenz de Ugarte sitúa el auto dentro de la controversia política impulsada por Vox e Iustitia Europa. Ambas organizaciones situadas en la ultraderecha europea recurrieron la negativa de la Junta Electoral Central a intervenir sobre la aplicación de la normativa.
La Sala aprecia un riesgo grave para la objetividad y la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, una magistrada que suscribe un voto particular considera que el tribunal ha entrado en una cuestión que no formaba parte directa del recurso, según expone la columna.
El periodista también recuerda las declaraciones efectuadas en junio por Alberto Núñez Feijóo, quien atribuyó la ampliación del censo a una supuesta estrategia gubernamental de «ingeniería electoral».
Para resumir su interpretación del proceso, Sáenz de Ugarte escribe: «Feijóo dio la voz de alarma, Vox presentó el recurso y el Tribunal Supremo salió al rescate».
La columna señala además que el ponente del auto, Antonio Narváez, asistió en 2023 a una cena de fiscales conservadores con el presidente del PP. El autor utiliza este antecedente para cuestionar la apariencia de imparcialidad de la resolución, aunque el encuentro no demuestra por sí mismo una motivación política del tribunal.
Una medida provisional con efectos sobre el voto
Los datos oficiales citados por Sáenz de Ugarte sitúan en 333.696 las inscripciones practicadas en oficinas consulares hasta el 31 de mayo. Otras 238.065 personas habían solicitado entonces su incorporación al censo.
La decisión es cautelar y no resuelve todavía el fondo del procedimiento. Su aplicación puede impedir temporalmente el voto de ciudadanos españoles ya inscritos si los consulados no certifican el exilio de sus ascendientes.
El debate coincide con los llamamientos de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, contra las acusaciones políticas dirigidas a jueces y tribunales. Frente a esa posición institucional, Sáenz de Ugarte considera legítimo examinar críticamente las resoluciones y los vínculos públicos de quienes las adoptan.
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Datos de la resolución contrastados con EFE y las cifras publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
