Según el último estudio ‘Opinión pública y política fiscal’ publicado este lunes 27 de julio de 2020 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 47,1 por ciento de los españoles está dispuesto a pagar más tributos para tener mejores servicios públicos, y sólo el 18,9 por ciento quiere abonar menos impuestos aunque ello implique reducir los servicios públicos.
En cuanto a si el sistema es justo, el 77,2 por ciento no cree que paguen más impuestos quienes más tienen, mientras que el 15,5 por ciento sí piensa que lo es, informa Servimedia.
Además, el 40,3 por ciento de los españoles considera que paga «muchos» impuestos, mientras que el 44,2 por ciento considera que lo que los españoles abonan en impuestos es «regular» y el 10,1 por ciento cree que es «poco».
El 63,6 por ciento de los encuestados considera que los impuestos «son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos», mientras que un 18,7 por ciento considera que son «algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué» y un 14,4 por ciento los ve como «un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad».
Respecto a la pregunta de si prefieren que se mejoren los servicios públicos y prestaciones sociales aunque esto implique pagar más impuestos o si, por el contrario, prefieren abonar más tributos aunque haya que reducir los servicios públicos, una mayoría de encuestados prefiere pagar más impuestos y mejorar los servicios.
En concreto, de cero (pagar más) a diez (pagar menos), justo en el medio (cinco) se sitúan un 28 por ciento de los encuestados, mientras que entre el cero y el cuatro se sitúan un 47,1 por ciento, por lo que prefieren pagar más para tener mejores servicios, y entre el seis y el diez se posicionan el 18,9 por ciento de los encuestados.
En cuanto a la financiación de los servicios públicos y prestaciones con esos impuestos, el 33,3 por ciento de los encuestados piensan que se destinan demasiados recursos a Defensa, mientras que el siguiente servicio público considerado sobrefinanciado son las obras públicas (13,3 por ciento de los encuestados). Por el contrario, la investigación en ciencia y tecnología (81,2 por ciento), la sanidad (73,8 por ciento), la protección del medio ambiente (68,4 por ciento) y la ayuda a las personas dependientes (66,1 por ciento) son los ámbitos que los encuestados consideran que reciben «muy pocos» recursos.
Por otro lado, el 52,4 por ciento de los encuestados cree que la sociedad se beneficia «poco» de lo que los ciudadanos pagan a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, mientras que el 29,9 por ciento considera que la sociedad se beneficia «bastante», el 5,1 por ciento piensa que «nada» y el 7,7 por ciento que lo hace «mucho».
Asimismo, el 58,3 por ciento de los encuestados considera que las administraciones públicas le dan menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones, el 31,5 por ciento considera que recibe «más o menos» lo que paga y el 5,9 por ciento considera que recibe más de lo que paga.
En comparación con otros países «más avanzados» de Europa, el 16,8 por ciento de los encuestados no se atreve a valorar si en España se pagan más o menos impuestos, pero un 31,6 por ciento piensa que en España se paga más, el 35,9 por ciento cree que se paga menos y el 14,5 por ciento opina que la tributación es similar.
En cuanto a la forma más conveniente de recaudar, el 59,1 por ciento de los encuestados considera que los impuestos deberían recaudarse sobre todo a través de impuestos directos como el IRPF, «teniendo en cuenta la renta o la riqueza de las personas y empresas», mientras que el 23,6 por ciento cree que es mejor hacerlo a través de impuestos indirectos como el IVA «que afectan a todo el mundo por igual».
Además, el 48 por ciento está a favor de pagar impuestos de forma progresiva, de forma que quien ingresa más abone más, mientras que el 45 por ciento prefiere que todo el mundo pague el mismo porcentaje y un 2,4 por ciento aboga por que todos los contribuyentes paguen la misma cantidad.
Asimismo, el 45,3 por ciento de los entrevistados opina que la tributación de dos personas con los mismos ingresos debe ser distinta según el origen de los ingresos (si es capital, por trabajo, donaciones, herencias, alquileres, prestaciones…), mientras que el 46,5 por ciento prefiere que paguen la misma cantidad sin tener en cuenta el origen.
Fraude fiscal
Por otra parte, el 59,9 por ciento de los encuestados considera muy importante no evadir impuestos para ser buen ciudadano, mientras que sólo un 1,3 por ciento lo consideran nada importante. En total, siendo cero igual a «nada importante» y diez igual a «muy importante», los encuestados le dan una media de nueve de importancia a no evadir impuestos para ser un buen ciudadano.
En este sentido, es mayoritaria la opinión de que en España existe «mucho» fraude fiscal (47,8 por ciento de los encuestados), mientras que un 42,1 por ciento cree que hay «bastante» fraude y tan sólo un 5,5 por ciento y un 0,3 por ciento piensan que hay «poco» o «muy poco» fraude, respectivamente.
Además, el 47,7 por ciento de los entrevistados opina que la Administración hace «pocos» esfuerzos para luchar contra el fraude y el 13 por ciento piensa que los esfuerzos son «muy pocos». Por el contrario, el 24,7 por ciento opina que se hacen «bastantes» esfuerzos y el 6,7 por ciento que son «muchos».
Sobre las razones que mueven a las personas a cometer fraude fiscal, las cuatro más elegidas por los encuestados son «la falta de honradez y conciencia ciudadana» (28,3 por ciento); que «los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero» (28,2 por ciento); que «los que más tienen evitan o minimizan el pago de impuestos» (26,2 por ciento), y que «la escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren dichos ingresos» (22,6 por ciento).
En cuanto a las consecuencias de evadir impuestos, sólo el 1,3 por ciento considera que «en general, no tiene unos efectos realmente importantes», mientras que el 30,9 por ciento opina que «disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales» y el 31,2 por ciento cree que el fraude fiscal «crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros».
