Alfonso Merry del Val, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), ha recordado el grave impacto en la actividad comercial en España: una crisis sin precedentes.
El desplome del consumo sin precedentes hará que muchas empresas pierdan entre un 25 y un 50 por ciento de la facturación que tenían. Volver al día D, es el único pensamiento que tenemos que tener ahora, añade Merry del Val. Adoptar medidas, impulsar el consumo y que exista una colaboración público y privada, hará que se puedan relanzar las medidas económicas que entiende que deben ser en tres ámbitos de forma urgente.
En primer lugar, ofrecer garantías de liquidez mediante el apoyo fiscal y financiero, de modo que las empresas, al haber estado cerradas, puedan afrontar los pagos de proveedores, acreedores y los gastos derivados de los costes fijos de su estructura.
Por otro lado, adoptar medidas de flexibilidad laboral que permitan a las empresas y a los trabajadores llegar a futuros acuerdos para salvar la compañía y, por tanto, mantener el mayor empleo posible. De igual forma, evitar el miedo a consumir y fomentar medidas de impulso y apoyo para los consumidores.
Para ello, aconsejan, por un lado, ampliar el volumen de financiación garantizada por el Estado, para afrontar los gravísimos problemas de liquidez de las empresas que han tenido que cerrar total o parcialmente su actividad durante el estado de alarma, para dar confianza a proveedores y acreedores; suspender el pago de tributos y bonificaciones fiscales en el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad. De igual forma, extender las bonificaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, además de eliminar el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y bonificar fiscalmente a los nuevos creadores de empleo.
Es necesario que dentro de las medidas para la seguridad de los empleados, se faciliten test a los trabajadores, sobre todo a los que están en cuarentena, de modo que puedan incorporarse a su puesto de trabajo. Con ello, es necesario adaptar y modificar las condiciones de su jornada laboral y, por tanto, el horario para que, con una mayor flexibilidad, se adapten a los requerimientos de esta época.
Por otro lado, activar la entrada y salidas de los empleados en los ERTE por fuerza mayor, así como la aplicación a vacaciones en los momentos de inactividad, es conveniente para las empresas. Por ello, se debe facilitar una distribución de jornada plurianual de manera irregular llevando más allá del 31 de diciembre de 2020 la posibilidad de recuperación de las horas no trabajadas.
En cuanto a la anticipación de las medidas para recuperar la normalidad, es necesario establecer una suerte de “puente” entre los ERTE por fuerza mayor y la recuperación de la actividad, habilitando que se pueda negociar con los sindicatos un proceso “híbrido” en el que no haga falta proceder a abrir un ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas, o de producción), sino que la propia pandemia sea una causa productiva que se pueda anular, además de agilizar los trámites y plazos, y unificarlos en todo el territorio nacional. Las prórrogas autocomplacientes de determinadas administraciones territoriales en la resolución de los ERTE por fuerza mayor no se pueden repetir a futuro.
Para recuperar el mercado laboral es necesario recuperar el consumo y, por tanto, la confianza tanto de ciudadanos como de empresas mediante el relanzamiento del consumo doméstico, a base de planes renove y facilidades financieras; disponer de más libertad comercial para adaptar la oferta de servicio a la demanda y la recuperación económica, y apoyar al turismo de compras y ampliación de las zonas de gran afluencia turística.
Asimismo, aseguran que una simplificación de la normativa que reduzca los costes de transacción, las barreras al crecimiento de las empresas y por ello, los costes de oportunidad que hoy suponen las más de 300 normas de ámbito estatal, autonómico y local que soporta el comercio, dará cumplimiento a las medidas de buena regulación previstas en la ley de garantía de unidad de mercado. Algo que, necesariamente, buscan tanto empresarios como consumidores.
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