El boletín oficial de la Cortes Generales, sección del Congreso de los Diputados, ha publicado las enmiendas de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja a la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
El movimiento Cermi espera que la tramitación de dicha proposición de ley siga su curso y progrese con rapidez de forma que sea desterrado del ordenamiento jurídico español, una de las vulneraciones más graves contra las mujeres y niñas con discapacidad, siempre inspirada en la Fundación Cermi Mujeres, que fueron quienes promovieron dicha acción.
Aunque el grupo parlamentario socialista presentó enmiendas al texto normativo procedente del Senado, se considera que se ha superado ya una de las fases del procedimiento legislativo (la de las enmiendas), que tras la ponencia y dictamen permitirán que, una vez que se apruebe en la Comisión de Justicia, pase de nuevo al Senado.
Aproximadamente, existen unas cien personas al año (en gran parte mujeres) a las que se esteriliza de manera forzada, sin su consentimiento. Esta práctica destruye la voluntad de las mujeres con discapacidad, la posibilidad de tomar decisiones respecto a su plan de vida, y supone la cosificación del cuerpo, logrando un sometimiento pleno. Esta clara vulneración de derechos humanos en esta práctica, está tipificada como delito según el convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica).
Asimismo, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ha pedido de forma recurrente a nuestro país, en varias ocasiones, derogar urgentemente las leyes que permiten la esterilización forzosa y aborto coercitivo.
Aunque no se cuentan con datos diferenciados por sexo, organizaciones de referencia con las que trabaja la FCM (Poner Fin a las esterilizaciones forzosas de Fundación Cermi Mujeres), afirman que las afectadas son fundamentalmente mujeres y niñas con problemas de salud mental, con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidad severa.
El Comité de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su Observación General al artículo 6, apunta que a las mujeres con discapacidad se les niega más su capacidad jurídica que a los hombres con la misma connotación.
Esa incapacitación judicial previa es lo que lleva a la esterilización y a la pérdida de derechos (tales como el derecho a voto, hasta estas últimas elecciones). Los hechos se dibujan bajo una supuesta “protección” de la persona a quien tutelar y en muchos casos ante un posible embarazo no deseado tras una violación, sin embargo, la esterilización no evita agresiones sexuales, sino más bien las silencia.
Todo esto está unido a la creencia de que las mujeres con discapacidad no pueden ser madres, (ya que se presupone) que estas no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. A las personas con discapacidad se las considera “asexuadas” y son infantilizadas constantemente, dado que se encuentran con constantes trabas a la hora de tener libertad en sus derechos sexuales y reproductivos.
Este concepto se une a la idea de la discapacidad como carga; los cuidados como algo negativo y no como algo necesario de una sociedad de seres interdependientes. Se cree que las madres con discapacidad no podrán cuidar de sus hijos y serán sus abuelos quienes tendrán que hacerse cargo de los niños.
Por ello, gracias a las redes de apoyo de las personas con discapacidad, se puede hacer que esta esterilización forzosa se termine y, con ella, los conceptos de precariedad, los tabúes en torno a las mujeres con discapacidad y el eterno desamparo al que están sometidas por sus propias familias; personas que han ordenado su incapacitación, y por tanto, la violación de sus derechos como personas.