Miguel Ángel Pérez Triano ha presentado este lunes su renuncia como delegado del Gobierno en Ceuta y abandona también sus cargos en el PSOE de Ceuta. Atribuye la decisión al coste personal y familiar de una «campaña de acoso constante», pero su despedida devuelve al primer plano qué alertas remitió la Delegación antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
Miguel Ángel Pérez Triano ha solicitado por escrito su «renuncia formal» como delegado del Gobierno en Ceuta, siete meses después de asumir el cargo. En una comparecencia sin preguntas difundida por Radio Televisión Ceuta (RTVCE), anunció además que deja la secretaría general del PSOE ceutí, renuncia a su candidatura a la Presidencia de la Ciudad y abandona la política.
El delegado saliente sostuvo que ha trabajado durante casi ocho semanas en «un entorno muy hostil» y que su familia «no se merece esta presión». Denunció rumores, insultos, amenazas y la colocación de una corona de flores ante su domicilio. El ministro de Política Territorial y autoridad funcional de la respuesta estatal, Ángel Víctor Torres, respaldó su gestión y describió el señalamiento sufrido por Pérez Triano como «incomparablemente duro».
Dos afirmaciones distintas sobre los avisos
La renuncia incorpora una afirmación relevante para la investigación de la crisis. Pérez Triano aseguró que «desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos» y que, desde semanas antes, la Delegación gestionaba una crisis migratoria grave mediante «informes y comunicaciones diarias». Según Europa Press, también afirmó que el Gobierno central había sido avisado de la movilización en Marruecos para cruzar la frontera.
Torres, entrevistado horas antes en la COPE, reiteró que «en ningún caso nadie avisó» de que llegarían 70.000, 80.000 o 90.000 personas. Las dos formulaciones no son necesariamente incompatibles: una alude a avisos sobre movilizaciones y presión migratoria; la otra, a la magnitud excepcional que alcanzó la entrada. La cuestión pendiente es qué contenían exactamente los informes, quién los recibió, cuándo circularon y qué medidas suscitaron.
El debate ya había fracturado al equipo de la Delegación. El entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, dimitió el 10 de septiembre después de sostener que transmitió al delegado el aviso recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio. Pérez Triano había afirmado que no conoció aquellos mensajes ni la conversación telefónica con el servicio de inteligencia. El antecedente está documentado en la crónica del Observatorio Ceuta del 11 de septiembre.
La Audiencia Nacional contrastará las versiones
La renuncia coincide con una semana relevante para la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos del 30 y 31 de julio. Según la agenda judicial difundida por la prensa ceutí, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, declarará como testigo el miércoles 30 de septiembre. Gonzalo Sanz y el jefe de la Policía Local comparecerán el jueves 1 de octubre. Ninguno figura investigado en esas citaciones.
La jueza María Tardón ha reclamado comunicaciones, análisis de riesgo e informes de organismos policiales, militares y de inteligencia para reconstruir el recorrido de las alertas. Las declaraciones no fijarán por sí solas responsabilidades, pero permitirán contrastar quién recibió información, con qué grado de precisión y cómo la trasladó dentro de la Administración.
El cese todavía requiere el trámite formal correspondiente. El artículo 72 de la Ley 40/2015 establece que los delegados del Gobierno son nombrados y separados mediante real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno.
El País y otros medios sitúan como futuro delegado a David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta, y señalan que el Consejo de Ministros prevé formalizar el relevo este martes. Al cierre de esta entrega, ni La Moncloa ni el BOE habían confirmado el nombramiento, por lo que su identidad debe presentarse todavía como una previsión periodística.
Torres mantiene entre 3000 y 3500 personas fuera de acogida
La salida de Pérez Triano no detiene la gestión diaria. Torres reiteró este lunes que entre 3000 y 3500 personas permanecen fuera de los recursos, la misma horquilla que comunicó una semana antes. Situó en más de quince los dispositivos abiertos, con cerca de 2500 menores y más de 6000 adultos alojados, y aproximó a 8000 las personas que han regresado a Marruecos.
Estas magnitudes son estimaciones redondeadas y no forman un censo público comparable. El 24 de septiembre, el propio ministro había cifrado en 2383 los menores filiados y en 7533 las salidas hacia Marruecos, aunque el desglose ofrecido ese día sumaba setenta menos. La actualización de este lunes no aclara esa diferencia ni separa retornos voluntarios, devoluciones y expulsiones.
Torres atribuyó el atasco a la falta de espacios y a las amenazas de recursos judiciales contra nuevas instalaciones. Advirtió que, sin emplazamientos adicionales, Ceuta terminará funcionando como un gran Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Sobre los menores, mantuvo como prioridad la reagrupación familiar en Marruecos y afirmó que quienes no reúnan las condiciones para regresar permanecerán en Ceuta o en el resto de España.
El relevo institucional abre ahora tres comprobaciones concretas: cuándo aprobará el Consejo de Ministros el cese y el nuevo nombramiento; quién asumirá entretanto la coordinación territorial ordinaria; y qué documentación aportará la Delegación a la Audiencia Nacional para resolver la disputa sobre el alcance de los avisos previos.
