Julián Ordóñez Ropero[1]
La situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se encuentra en un estado de deterioro lamentable, como consecuencia de la mala gestión del Gobierno actual de nuestra Comunidad que ha conducido a la Atención Primaria al caos, sin recursos humanos suficientes, sin profesionales que puedan prestar la asistencia sanitaria que demandan y necesita la ciudadanía, con la inmensa sobrecarga que supone para los extenuados profesionales que quedan en activo, que ha dejado inactivos los servicios de urgencias extrahospitalarios, que no ha incorporado los rastreadores necesarios en la lucha contra la COVID-19 y que carece de toda humanización hacia sus empleados públicos a los que maltrata, desoye y ningunea sin considerar su conocimiento y experiencia en la lucha contra la pandemia.
No conforme con la situación actual, lejos de intentar solucionar la grave crisis a la que está avocando a nuestra Comunidad, siguen poniendo en marcha ideas y proyectos a golpe de noticia sensacionalista, sin dimensionamiento de sus consecuencias, sin estudio previo de necesidades y capacidad de recursos económicos y humanos para su ejecución.
El nuevo hospital de Valdebebas (Isabel Zendal), la idea estrella en la actuación frente a la pandemia después del también afamado Ifema, amenaza en convertirse en arma de destrucción tan efectiva para la Atención Hospitalaria como supuso en su día Ifema para La Primaria y Urgencias. En declaraciones de la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso y los responsables de la Consejería de Sanidad, la dotación de recursos humanos del nuevo hospital va a hacerse mediante «una asignación funcional voluntaria retribuida» de personal hospitalario.
Desde UGT le exigimos de nuevo el fin en sus políticas desmanteladoras de los servicios públicos y en concreto de la Sanidad a la que pretender eliminar desmembrándola, atomizando estructuras, instituciones, centros y equipos de trabajo para inutilizarlos y deshacerse de ellos.
No podemos hacer frente ni a esta, ni a ninguna otra pandemia desde el debilitamiento de nuestro sistema sanitario público. Toda intervención que se quiera que sea fructífera debe de partir del principio de adicción de nuevos recursos, no de sustraer de los habituales y cambiarles de nombre y lugar. Los trabajadores y profesionales de la sanidad tienen derechos laborales que han de ser respetados.
Señora presidenta, la humanización que preconizan desde la Consejería de Sanidad ha de ser aplicada también a todos sus profesionales. Y desde ese respeto tan merecido hacer frente a las necesidades actuales de incremento del número de camas hospitalarias aumentando el número de profesionales, sin disminuir la capacidad de funcionamiento de los hospitales públicos madrileños, especialmente cuando tenemos un aumento muy importante de las listas de espera y un gran número de personas que no han podido ser atendidas durante la primera oleada de la pandemia, ni se están pudiendo atender en esta segunda oleada.
Los hospitales tradicionales necesitan ahora, más que nunca, toda la inversión negada durante estos años de medidas restrictivas en servicios públicos. No podemos permitirnos degradar nuestra atención hospitalaria disminuyendo los efectivos, ya escasos de por sí, para derivarlos al nuevo hospital, todo lo contrario es lo que necesitamos en la actualidad; aumentar las plantillas de nuestros centros y poder retomar la actividad ordinaria en plenitud acompasada con la actividad generada por la propagación del virus de la Covid-19.
Para frenar de manera efectiva al virus, UGT exige al Gobierno de nuestra Comunidad un esfuerzo real de inversión, no solo en ladrillos, no solo en beneficios para las constructoras capaces de levantar un hospital en tiempo record, sino también en profesionales que son los únicos capacitados para la detección, el tratamiento, curación y por tanto para erradicar la propagación del virus.
Un centro hospitalario sin profesionales no es operativo, y tampoco será eficiente si se pone en marcha con un número insuficiente y lo que es peor puede restar eficiencia y poner en peligro el funcionamiento de otros centros si le son arrebatados sus profesionales.
Basta ya de medidas incoherentes, basta ya de destrucción de nuestra sanidad pública madrileña. UGT exige el esfuerzo necesario que garantice la salud de los profesionales, con el respeto de sus derechos, y la salud de todos la ciudadanía de nuestra Comunidad.
- Julián Ordóñez Ropero está al frente de la Secretaría del Sector de Sanidad y Servicios Sociosanitarios (FeSP) de la UGT en Madrid
