Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO Madrid, sostiene que la población de la localidad madrileña de Villalbilla es la última víctima de la estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso,« a la que parece darle igual tanto las advertencias de organismos nacionales e internacionales, desde Cáritas hasta la ONU, sobre la escandalosa desigualdad y segregación que afecta a la Comunidad de Madrid».

Agrega Isabel Galvín que, lejos de poner remedio, el PP retoma el dañino modelo de Esperanza Aguirre de cesión de inmuebles y terrenos públicos a empresas educativas privadas, «un modelo que la propia Cristina Cifuentes desechó porque, como sabemos de sobra, vulnera el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, segrega al alumnado, provoca desigualdad y favorece la corrupción».

Galvín explica que la Comunidad de Madrid retoma diecisiete años después un convenio suscrito por Aguirre y que permitió a la expresidenta regional ceder 78 terrenos e inmuebles públicos a empresas educativas privadas entre 2003 y 2012: «El convenio acordaba la construcción y gestión de dos centros privados-concertados en suelo público, uno de los cuales se construyó en 2007, pero el segundo no se llegó a construir y se ha mantenido a la espera de que confluyeran los intereses de la constructora y del Gobierno regional. Ya lo hicieron hace dos años con la cesión de una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados en Vicálvaro, y ahora vuelven a hacerlo en la localidad de Villalbilla».

Y añade que para justificar una actuación que para nada responde al interés general, el actual Ejecutivo alega que la construcción de un centro concertado en Villalbilla responde a las demandas de las familias. Pero si el convenio es de 2005, Galvín se pregunta «cómo podían saber entonces lo que las familias de la zona iban a demandar en 2022, antes incluso de que en la zona de el Viso (urbanización de Villalbilla donde se ubica la parcela pública cedida) estuviera urbanizada».

La Comunidad se parapeta tras una recogida de firmas en change.org que, a día de hoy, no llega a las setecientas, de una población de más de 13.000 habitantes. Una plataforma, además, subraya Isabel Galvín, «que carece de toda legitimidad, y la Consejería lo sabe perfectamente. En todo caso, menos de setecientas firmas para justificar un convenio que afectará a las familias de Villalbilla durante los próximos 75 años es inaceptable».

El negocio de la educación

La segunda excusa a la que se agarra la Consejería de Educación es que no les queda más remedio que cumplir con un convenio de hace diecisiete años, pero es evidente que la anterior presidenta, Cristina Cifuentes, había cancelado dicho compromiso sin ningún problema: «Lo que justifican como una obligación contractual es una decisión política que va en línea con la Ley Maestra y con el negocio de cesión de suelo que tanto han apoyado públicamente. Utilizan descaradamente el patrimonio de todos para su beneficio particular, un proceder de la peor derecha de este país», critica Galvín.

La responsable de la Federación de Enseñanza señala que para saber realmente cuál es la demanda real de las familias y qué necesita Villalbilla, basta con mirar a las cifras de escolarización, que son el mejor indicativo. Estas cifras indican que en Villalbilla, en este curso 55 alumnos se quedaron sin plaza en la educación pública y tuvieron que salir a estudiar fuera de la localidad, y otros 75 no consiguieron su primera opción en el momento de la última matriculación.

«Es decir, resume Galvín, 130 alumnos y alumnas cuya demanda de educación pública no se correspondió con la oferta. 130 alumnos cuya libertad de elección no fue respetada. Estas cifras dejan claro que lo que necesita Villalbilla, y lo que demandan las familias, es enseñanza pública».

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