La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha concluido con el desmantelamiento en Madrid de un «telecoca» que contaba con un ‘call center’ para atender a más de dos mil clientes, que ha culminado con la detención de las veintiocho personas relacionadas con el entramado.

En la operación, una de las mayores realizadas hasta la fecha contra esta modalidad delictiva, han participado más de 250 agentes y se han practicado veintiún registros domiciliarios simultáneos en los que se han intervenido más de 85.000 euros, casi cuatro kilos de cocaína, diez motocicletas, decenas de terminales móviles y efectos relacionados con la venta de droga: básculas de precisión, envoltorios y precintos; informa Servimedia.

La organización disponía de una «auténtica estructura empresarial» en lo referido a los repartos de tareas, regalos de fidelización a los clientes, compromisos de entrega en menos de veinte minutos, garantía de calidad y precintos específicos para marcar la calidad y el origen del estupefaciente.

El estupefaciente era habitualmente distribuido en motocicletas financiadas por la organización o en transporte público hasta el lugar acordado con el comprador, pero durante el estado de alarma sus miembros se adaptaron a la situación con entregas en el interior de supermercados próximos a los domicilios de los suministradores de la droga.

La investigación comenzó hace un año cuando los agentes detectaron varias ventas de monodosis de cocaína en las que se empleaba un ‘modus operandi’ distinto al habitual.

Las pesquisas determinaron que los investigados habían creado una «amplia infraestructura logística a modo de empresa», con una red clientelar de más de dos mil personas, y habían instaurado como eje de sus actuaciones un ‘call center’ donde recibían los pedidos de las dosis de cocaína a través de centralitas telefónicas y se coordinaban con el resto de la estructura del entramado.

Una vez hecho el pedido, a través de distintas centralitas contactaban con algunas personas contratadas como repartidores que tenía distribuidos estratégicamente por toda la ciudad -veinticinco en ocho zonas- para que lo entregaran en el punto acordado.

Para que los repartidores pudieran disponer de la droga necesaria para repartir entre los clientes, habían creado un enlace que se encargaba de preparar y elaborar las monodosis, todas con el mismo precinto, como «marca de calidad» de la organización, que periódicamente facilitaban a los distribuidores, según una estadística elaborada a partir del volumen de ventas.

Una vez que los investigadores acreditaron el entramado criminal y determinaron las tareas que desempeñaba cada miembro de la organización, planificaron un dispositivo para detener a todos ellos y practicar los referidos registros domiciliarios.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid y la ha impulsado la Fiscalía Especial Antidroga de Madrid.

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