Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, la mayor red de distribución de cocaína de la capital de España conocida, una organización de traficantes que contaba con una amplia red de pisos de seguridad en los que ocultaban grandes cantidades de cocaína para, posteriormente, traficar con ellas por todo el país.

En la operación, en la que se han incautado seiscientos kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que se ha llevado a cabo en las provincias de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Málaga y Valencia, han sido detenidas doce personas.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en Madrid y en la localidad malagueña de Marbella. Al frente de la organización se encontraba un hombre de origen marroquí, narcotraficante de gran relevancia internacional, que mantenía contactos con las organizaciones de Marruecos y Sudamérica suministradoras del estupefaciente.

El modus operandi de la organización consistía en la compra de grandes plantaciones de marihuana a sus cultivadores, con lo que sufragaban todos los costes que eran necesarios para posteriores operaciones de mayor envergadura, tanto de tráfico de cocaína como de hachís en grandes cantidades.

Una vez que las plantaciones eran recolectadas, se entregaba el producto a la organización, que procedía a envasar la sustancia vegetal en los garajes y naves habilitados al efecto para, acto seguido, enviarla mediante paquetes de unos veinte kilogramos al centro de Europa y a Países Bajos.

En el núcleo de confianza del líder de la organización se encontraban dos hermanos, uno como jefe de operaciones y otro como testaferro.

Funciones de seguridad

El avance de la investigación permitió identificar plenamente al resto de los miembros de la organización y el modus operandi que iban utilizando para importar las drogas que comercializaban por medio de una sofisticada red de distribución. Entre esos integrantes destacaba un conocido abogado que, además de representar los intereses jurídicos de la organización investigada, era parte plena de la organización. Este «narcoabogado» hacía labores de asistencia jurídica, asesoraba en cuestiones básicas de blanqueo de capitales e, incluso, habría sido responsable de hacer y ejecutar transacciones de cocaína.

Una vez que la cocaína había llegado a España a través de puertos como los de Valencia o Algeciras, la organización activaba una red de almacenamiento y distribución. Se pudo detectar que la organización frecuentaba tres inmuebles de la provincia de Madrid, en los que almacenaba droga o dinero en efectivo de las transacciones efectuadas.

Los tres inmuebles fueron sometidos a registro. En el primero de ellos se intervino un total de 230.000 euros, que era el dinero obtenido de diversas transacciones de droga durante los días anteriores a su detención. El dinero fue localizado en un falso techo del baño. En el segundo domicilio, conocido como «piso caleta», es decir, utilizado para ocultar los paquetes de cocaína que la organización habría traslado hasta Madrid, se intervino cerca de 150 kilogramos de cocaína. En la tercera vivienda fueron hallados más de 200 kilogramos de la misma sustancia.

La organización ofrecía su mercancía de una forma novedosa. Hasta el momento, las transacciones de cocaína solían hacerse de kilo en kilo, pero este grupo había encontrado la posibilidad de poder ofrecerlas en porciones menores, es decir, cada kilo era distribuido en tres partes de unos 370 o 390 gramos cada una de ellas. De este modo, habían encontrado una manera más comercial de darle salida a la droga que almacenaban al poder vender en cantidades menores los kilos que habían ocultado en dichos inmuebles. Así, cada una de estas pastillas era vendida a los distribuidores por un precio que solía oscilar alrededor de los 10.000 euros.

La organización estaba formada por un grupo de personas que no desempeñan actividad económica alguna. Por este motivo, se ha llevado a cabo una investigación patrimonial tanto de los principales investigados involucrados en los delitos de tráfico de drogas, como de las personas del entorno familiar o empresarial, las cuales contribuían a la ocultación y blanqueo de las ganancias generadas con el narcotráfico.

La investigación ha permitido, hasta el momento, el bloqueo de deiciséis inmuebles que eran propiedad de los diferentes integrantes de la organización, así como el bloqueo de numerosas cuentas.

Todo ese beneficio se reflejaba en su vida diaria. Disponían viviendas lujosas y vehículos de alta gama. De hecho, los agentes intervinieron más de veinte vehículos, uno de ellos valorado en más de 150.000 euros y otro en más de 250.000 euros. También han incautado seis vehículos con habitáculos o compartimentos conocidos como «caletas», construidos para minimizar el riesgo a la hora de hacer los transportes de estupefaciente por carretera.

Además, también se les intervino elementos de seguridad como detectores de frecuencia e inhibidores, que tenían la finalidad de salvaguardar tanto sus comunicaciones como sus desplazamientos. Prácticamente todos los integrantes de la organización eran expertos y guardaban extremas medidas de seguridad, sobre todo cuando transportaban o movían ciertas cantidades de droga.

Participación del GEO

Fruto de la investigación se logró detectar cómo varios miembros de la organización, unos días antes de ser detenidos, se prepararon para llevar a cabo un viaje a una provincia cercana a Madrid, en donde debían, presumiblemente, rescatar cierta cantidad de droga de un contenedor que habría llegado.

Miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se trasladaron hasta Valencia para asaltar el contenedor, aunque, por razones de seguridad, decidieron que era mejor tratar de recuperarlo cuando fuera trasladado hasta una nave cercana a la capital de España.

Cuando el contenedor ya se encontraba en la capital, procedieron a dar cumplimiento a las entradas y registros y a proceder a las detenciones en los diferentes inmuebles de los miembros de la organización.

Esa misma madrugada, una vez registrado el contenedor que procedía de Colombia, se logró intervenir alrededor de 208 paquetes de cocaína con un peso bruto que alcanzarían los 230 kilogramos. Esta sustancia habría sido introducida en el contenedor mediante el sistema conocido como «gancho ciego», es decir, con el desconocimiento de las empresas de transporte entre ambos países.

Confirmada la existencia de la droga en el interior del contenedor, se procedió a detener a todos los restantes integrantes de la organización. Fueron arrestadas doce personas y se practicaron quince registros de inmuebles en las ciudades de Badajoz, Guadalajara, Marbella, Madrid, Parla, Pinto y Pozuelo de Alarcón.

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