Unos veinte millones de personas, el 42 por ciento de la población española, viven en comunidades con unos servicios sociales calificados como débiles o irrelevantes. El Índice DEC 2025 constata que el lugar de residencia continúa determinando el gasto disponible, la cobertura y el acceso efectivo a prestaciones básicas, incluida la atención a la dependencia.
El sistema español de servicios sociales ha consolidado durante los últimos años buena parte de su estructura jurídica. Todas las comunidades autónomas cuentan con una ley que reconoce derechos subjetivos, catorce han desarrollado un catálogo de servicios y quince han integrado la atención a la dependencia en sus servicios sociales.
Ese avance normativo no se traduce, sin embargo, en una cobertura homogénea. El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, vuelve a señalar grandes diferencias entre territorios.
País Vasco, Castilla y León y Navarra ocupan las primeras posiciones de la clasificación. Extremadura, Cantabria y la Región de Murcia reciben, por el contrario, una calificación de desarrollo «irrelevante». Entre ambos extremos se sitúan comunidades con sistemas medios, débiles o todavía desequilibrados.
El informe evalúa la ordenación legal, la relevancia económica y la cobertura de servicios como la atención primaria, las rentas mínimas, la dependencia, las residencias, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la discapacidad, la protección de menores, la violencia de género y los recursos para personas sin hogar.
Su conclusión es que reconocer un derecho en una ley no garantiza por sí solo que exista un servicio suficiente. La capacidad económica, la planificación y la gestión de cada autonomía condicionan las posibilidades reales de recibir atención.
El gasto autonómico muestra la dimensión de la brecha
Las administraciones públicas destinaron en 2024 una media de 575,1 euros por habitante a los servicios sociales. La cantidad aumentó 27 euros en un año y representó el 10,4 por ciento del gasto público, pero su peso sobre el producto interior bruto descendió por cuarto ejercicio consecutivo, hasta el 1,75 por ciento.
La media oculta diferencias muy acusadas. El País Vasco gastó 1304 euros por habitante y Navarra 923. Entre las comunidades de régimen común, Castilla y León alcanzó 628 euros, un 77,9 por ciento más que Baleares, que se quedó en 353.
También cambia el esfuerzo en relación con la riqueza regional. Canarias dedicó a los servicios sociales el 2,79 por ciento de su PIB, casi tres veces el 0,97 por ciento de Baleares. Madrid destinó el 0,98 por ciento, el segundo porcentaje más bajo.
Estas diferencias presupuestarias se trasladan a la atención. Castilla y León dispone de 11,6 plazas residenciales de financiación pública por cada cien personas mayores de 75 años, frente a las 2,9 de Baleares. Andalucía presta ayuda a domicilio al 21,2 por ciento de ese grupo de edad, mientras Extremadura apenas llega al 0,9 por ciento.
La teleasistencia alcanza al 39,3 por ciento de las personas mayores de 75 años en Castilla-La Mancha, pero solo al 5,1 por ciento en Canarias. La cobertura de las rentas mínimas presenta una distancia todavía mayor: llega al 68,6 por ciento de la población bajo el umbral de pobreza en el País Vasco y se reduce al 0,15 por ciento en Castilla-La Mancha.
La desigualdad territorial en dependencia
La atención a la dependencia es uno de los componentes centrales del Índice DEC. En mayo de 2026, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atendía a 1.682.785 personas, según los datos incorporados al Real Decreto-ley 17/2026.
Desde diciembre de 2020, el número de beneficiarios con prestación efectiva aumentó un 55,2 por ciento y la lista de espera se redujo en más de la mitad. Pese a este crecimiento, los resultados autonómicos siguen dependiendo de los recursos y procedimientos de cada administración.
Las diferencias no afectan solo al tiempo necesario para obtener una valoración o un Programa Individual de Atención. También determinan qué servicio está disponible, cuántas horas se conceden, qué prestación económica se recibe y si existe una plaza pública cerca del entorno habitual.
La cobertura estatal de la ayuda a domicilio continúa siendo reducida y sus intensidades varían entre comunidades. En 2024, la media general del servicio fue de 23,8 horas mensuales, pero osciló entre las 30 horas de Extremadura y las 8,9 de Navarra.
La paradoja es que una comunidad puede atender a un porcentaje elevado de personas, pero conceder pocas horas a cada una. Otra puede ofrecer una intensidad mayor a un grupo mucho más pequeño. El indicador de cobertura, por tanto, no describe por sí solo la suficiencia de la atención.
Madrid mejora su cobertura con un gasto inferior a la media
La Comunidad de Madrid obtiene en 2025 su mejor puntuación desde el comienzo de la serie: 4,85 puntos sobre diez. Queda a quince centésimas del aprobado, pero mantiene una calificación global de servicios sociales «débil».
Las administraciones madrileñas gastaron en 2024 unos 439,9 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media nacional. El desembolso representó el 0,98 por ciento del PIB regional y el 9,49 por ciento de sus presupuestos públicos.
La región presenta, al mismo tiempo, resultados superiores a la media en varios servicios. Cuenta con un profesional de atención social primaria por cada 583 habitantes, frente a uno por cada 1363 en España, y dispone de 6,15 plazas residenciales públicas por cada cien mayores de 75 años.
La ayuda a domicilio llega al 20,32 por ciento de las personas mayores de 75 años, casi el doble que la media estatal, aunque su intensidad es inferior: 20,58 horas mensuales frente a 23,8. La teleasistencia alcanza al 32,36 por ciento y los centros de día, al 2,5 por ciento.
En el indicador específico de dependencia, Madrid obtiene 4,5 puntos, por debajo de los 4,9 de media. El estudio señala además la falta de una planificación estratégica vigente y una integración insuficiente de la dependencia en los servicios sociales municipales.
Las listas oficiales actualizadas a agosto de 2026 contabilizan 3006 personas esperando una plaza residencial para mayores y 2946 pendientes de un centro de día. En ayuda a domicilio aparecen 10.827 servicios pendientes en la capital y 6262 en el resto de la comunidad.
La propia Comunidad de Madrid advierte que una misma persona puede aparecer en varias listas de servicios compatibles. Las cifras no deben sumarse, por tanto, como si fueran personas diferentes.
La nueva financiación pone a prueba a las comunidades
El refuerzo financiero aprobado en junio de 2026 eleva las transferencias estatales por cada persona atendida. El nivel mínimo garantizado pasa a 90 euros mensuales para el grado I, 260 para el grado II y 660 para el grado III. Para el nuevo grado III+ de dependencia extrema se fijan 4930 euros.
El Gobierno calcula una aportación adicional de 6162 millones de euros entre 2026 y 2027. La financiación estatal alcanzaría 5513 millones este año y 7239 millones el próximo.
El aumento abre la posibilidad de reducir las diferencias territoriales, pero su resultado dependerá de las decisiones autonómicas: ampliación de plantillas, agilización de expedientes, creación de plazas y desarrollo de servicios domiciliarios y comunitarios.
Esta financiación ya está vigente. Distinta es la reforma general de las leyes de dependencia y discapacidad: el Congreso aprobó el proyecto el 14 de julio y lo remitió al Senado, pero la iniciativa continuaba su tramitación parlamentaria en septiembre, según la documentación de las Cortes Generales.
El reto consiste en convertir el reconocimiento común de los derechos en una protección comparable en todo el país. Mientras el territorio siga marcando diferencias tan amplias de gasto, cobertura e intensidad, la igualdad formal continuará lejos de una igualdad efectiva.
