La Comunidad de Madrid ha superado el millón de pacientes en lista de espera sanitaria, un hito que refleja una tendencia preocupante en el sector de la salud, al ser el peor registro desde que se tienen datos, incluso considerando el período de la pandemia, según datos de un estudio elaborado por la Cadena Ser.

En marzo 2024, la cifra exacta de madrileños esperando por operaciones, pruebas diagnósticas o consultas externas fue de 1.003.721, según datos de la Consejería de Sanidad. Este número no solo supera el récord previo de 972.643 personas en febrero, sino que muestra un incremento constante en todas las áreas, especialmente en las consultas de primera instancia, donde más de 700.000 personas están afectadas.

«Madrid llevaba meses rondando la cifra pero ahora sí, ya es oficial, Madrid supera el millón de pacientes en lista de espera sanitaria», informa la cadena SER, destacando que «para una operación esperan 93.000 madrileños y para una prueba 206.000».

La escalada en las listas de espera viene acompañada de un deterioro en los tiempos de espera. Por ejemplo, la espera media para una operación quirúrgica no urgente se ha incrementado a 50 días en marzo, casi cinco días más que el mes anterior.

«Es el peor dato desde que existen registros, incluyendo la pandemia. Suben todas las listas, especialmente la de primera consulta, el gran tapón, con más de 700.000 personas», señala la cadena SER.

La situación no se limita a las listas de espera, sino que también afecta al personal médico. Un ejemplo es una médica de Atención Primaria en el PAC de Tres Cantos, quien atendió a 146 pacientes en veinticuatro horas por la falta de facultativos en los municipios cercanos, una carga de trabajo que refleja la severa escasez de médicos en la región.

La conclusión de este estudio de la SER es que la sanidad madrileña enfrenta una crisis estructural que requiere una solución integral. Más allá de aumentar las plazas MIR, como sugiere la Consejería de Sanidad, es crucial una revisión profunda de la gestión y financiación del sistema de salud para mejorar la atención y reducir las listas de espera.

La situación en España

A nivel nacional, en 2023, el tiempo medio de espera para operaciones quirúrgicas era de 123 días, habiendo mejorado desde los 170 días en junio de 2020. Para las consultas externas, el 52.2 por ciento de los pacientes tenían una espera asignada superior a los 60 días, con un tiempo medio de espera de 89 días.

Las especialidades varían en tiempo de espera; por ejemplo, la cirugía plástica tiene los tiempos más largos, mientras que la dermatología presenta los menores. En Madrid, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica era de 52 días en diciembre de 2019, subiendo a 80 días en diciembre de 2020, y bajando a 73 días un año después.

A nivel semestral, la lista de espera para especialidades varía ampliamente, con cirugía general y digestiva, oftalmología, ORL, dermatología, urología, ginecología, cirugía plástica y neurocirugía entre las destacadas. Cada especialidad tiene sus propios tiempos medios de espera tanto para cirugías como para consultas externas.

Los datos reales pueden ser peores

Existen varios métodos por los cuales las comunidades autónomas en España pueden influir en la apariencia de las cifras de las listas de espera en la sanidad pública. Estas prácticas son conocidas a menudo como «maquillaje» de las estadísticas y pueden variar significativamente de una comunidad a otra debido a la descentralización del sistema de salud. Aquí se detallan algunos métodos comunes utilizados:

  1. Criterios de Inclusión
    Algunas comunidades pueden elegir no incluir en las listas de espera a los pacientes que han sido derivados a consultas de acto único o a pruebas diagnósticas que se resuelven en una sola visita. Esto puede reducir artificialmente el número de personas en espera.
  2. Tiempo de recuento
    El momento en que se toma el recuento de las listas de espera puede afectar los números reportados. Por ejemplo, si se hace justo después de un período de alta actividad quirúrgica o de consultas, las cifras pueden aparecer temporalmente más bajas.
  3. Suspensión temporal de la lista
    Algunas administraciones podrían optar por suspender temporalmente la inclusión de nuevos pacientes en las listas durante periodos específicos, como justo antes de hacer el recuento oficial.
  4. Reclasificación de casos
    Cambiar la clasificación de urgencia de los casos puede influir en las estadísticas. Por ejemplo, si se reclasifican pacientes de ‘urgente’ a ‘no urgente’, pueden ser movidos a una lista diferente que tal vez no se perciba como crítica.
  5. Exclusión de ciertos servicios
    Algunos servicios o procedimientos pueden ser excluidos completamente de las listas de espera reportadas, centrando la atención solo en aquellos servicios donde los tiempos de espera son más cortos.
  6. Diferentes sistemas de información
    La falta de un sistema unificado para el manejo de datos entre las comunidades autónomas puede llevar a diferencias significativas en cómo se recopilan y reportan los datos.
  7. Uso de listas de espera estructurales y no estructurales
    Algunas comunidades podrían diferenciar entre listas de espera «estructurales» (oficiales) y «no estructurales» (informales), reportando solo las primeras.

Estas prácticas pueden dificultar la comparación directa entre las comunidades autónomas y pueden dar una imagen distorsionada de la eficacia del sistema de salud.

La transparencia y la estandarización en la recopilación y publicación de datos son esenciales para obtener una verdadera imagen del estado de las listas de espera en la sanidad pública española.

Un problema central de la Sanidad Pública

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señala que el elevado número de personas de listas de espera es un problema central del funcionamiento de la Sanidad Pública, y pone como ejemplo que en lista de espera quirúrgica (LEQ) y en primera consulta (LEC) se encontraba el mayor número de personas hasta la fecha (849.535 personas en LEQ y 3.917.485 en LEC), datos que han ido empeorando progresivamente.

Considera que las elevadas listas de espera suponen un serio problema de salud para quienes están en ellas, agravado por el hecho de que se trata de esperas sumatorias (espera en AP + en consulta del especialista + en pruebas diagnósticas + en LEQ) y fomentan de manera clara la búsqueda de alternativas en el sector privado, generando una intolerable desigualdad, y en las urgencias hospitalarias que no paran de aumentar de manera inapropiada.

Señala que la LEQ, con una demora media de 128 días (la mayor desde junio de 2021 y un 24,3 por ciento de las personas que esperan más de seis meses) es grave, pero no es la más preocupante pues se supone que se trata de personas diagnosticadas y cuya demora puede en principio priorizarse por gravedad, pero la LEC es especialmente preocupante (101 días, la mayor desde diciembre de 2020, con un 56,3 por ciento de los pacientes esperando más de sesenta días) porque en ella pueden encontrarse personas con graves problemas de salud que pueden empeorar notablemente durante este tiempo.

Critica que las listas de espera tienen de nuevo una gran variabilidad según las distintas comunidades autónomas. La LEQ va desde 51 días en Madrid hasta 181 en Extremadura, aunque los datos de Madrid contrastan con la práctica diaria y están evidentemente manipulados (no se contabilizan a las personas que se niegan a ser derivadas a un centro privado, un diez por ciento del total y que tienen una demora oficial del doble de días, se contabilizan a partir de la consulta del anestesista y se utiliza una contabilidad creativa colocando a personas en situación de «transitoriamente no programables» de manera alternante, con lo que no se computan esos días).

Las LEC van desde 54 días de La Rioja a 149 de Canarias (esperan más de 60 días desde el 91,7 por ciento en Canarias hasta el 36,3 por ciento en el País Vasco. De nuevo Madrid ofrece datos contradictorios porque asegura tener una demora media de 67 días y que el 68,9 por ciento esperan más de sesenta días, lo que califican de «difícilmente creíble».

Y todo ello, concluyen, a pesar del aumento de derivaciones y contrataciones con el sector privado, que no solo no ha solucionado el problema sino que lo ha empeorado, al encarecer los costes asistenciales y producir una disminución de los presupuestos de los centros públicos; «evidenciando el fracaso de la estrategia privatizadora que solo favorece los negocios privados».

Desde la FADSP sostienen que la solución a este grave problema asistencial pasa necesariamente por reforzar el sistema sanitario público, con más presupuestos y medios humanos y materiales para la Sanidad Pública, una utilización intensiva de sus recursos y acabar con la deriva privatizadora del sistema sanitario.

Y lamentan que «desgraciadamente ni las comunidades autónomas ni el Ministerio de Sanidad están avanzando de manera concreta en este sentido, más allá de declaraciones bienintencionadas. Es la hora de actuar porque esta en peligro nuestra Sanidad Pública».

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