Naciones Unidas ha hecho público un informe elaborado por más de sesenta expertos y relatores[1] de la ONU sobre derechos humanos en el que se insta a facilitar un trato igualitario en los centros de salud a cualquier persona infectada por el coronavirus, sin excepción posible.
No debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud para salvar la vida, la crisis debida al coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos: personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas LGTBI, señala el documento.
«Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. La escasez de recursos o el uso de modelos de seguro médico público o privado no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes», subrayan los expertos, para quienes «todas las personas tienen derecho a la salud».
Más allá de la respuesta sanitaria
Los especialistas respaldan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y llaman a los Estados a actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan con el fin de prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos.
Y reclaman que los Estados tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados de forma desproporcionada en esta emergencia.
“Esos sectores incluyen a las mujeres, que de por sí se encuentran en desventaja en términos socioeconómicos, además de que llevan una mayor carga de responsabilidades en las familias y viven en alto riesgo de sufrir violencia de género”, detallaron.
Labor heroica
Los expertos reconocen la invaluable labor de los trabajadores de salud de todo el mundo, calificándolos como los héroes de la batalla contra la COVID-19: «Enfrentan cargas de trabajo inmensas, arriesgan la vida y se ven frente a dilemas éticos cuando los recursos escasean. Los trabajadores sanitarios necesitan todo el apoyo posible de los Estados, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto».
COVID-19 supone un grave desafío global, sostienen los especialistas, que instan a confiar en que el conocimiento científico prevalezca sobre la información falsa, los prejuicios, la discriminación, la desigualdad y la violencia.
Señalan que el sector privado, en particular, tiene una serie de responsabilidades de derechos humanos y aseguran que sólo con esfuerzos multilaterales concertados, solidaridad y confianza mutua, se podrá acabar con la pandemia y lograr sociedades más resilientes, maduras y unidas. «Todos enfrentamos juntos este desafío sin precedentes», recalcaron.
Finalmente, sostienen que, cuando esté disponible, la vacuna deberá ser para todos, sin discriminación: «Pero mientras tanto, un enfoque de derechos humanos es la vía para prevenir mayores amenazas a la salud pública», concluyeron.
- Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
