UGT ha emitido un comunicado en el que considera que el nuevo Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos de madrid sitúa al personal y al alumnado en condiciones de abandono e inseguridad, y recuerda al Gobierno regional que las garantías de salud y protección de menores de edad entra dentro de sus competencias.

«Ya sabíamos que no se estaban llevando a cabo los rastreos de los positivos, pero ahora no se harán los diagnósticos de los contactos», señala la UGT, y añade que «el nuevo Protocolo demuestra que la Consejería de Sanidad no ha sido capaz de aplicar las medidas establecidas para garantizar el control del contagio y la pandemia en los centros educativos madrileños. Lejos de aumentar los mecanismos y actuaciones para ello, han disminuido todas aquellas que eran de su competencia, demostrando una tremenda inutilidad para gestionar esta crisis y dar solución a las preocupaciones con que la ciudadanía se enfrenta a esta pandemia».

Entre las modificaciones del nuevo Protocolo la UGT destaca:

  • El alumnado positivo por covid pasará la cuarentena y se incorporará al aula sin tener que repetir la prueba PCR.
  • La falta de obligatoriedad de hacer dicha prueba a los contactos estrechos mientras no muestren síntomas compatibles con el virus.
  • La disminución del aislamiento de catorce a diez días para el alumnado confinado.
  • La reincorporación del alumnado confinado, por contacto estrecho o por pertenecer a un grupo de convivencia estable (grupo burbuja) sin necesidad de hacerse la prueba de PCR.
  • La disminución de seis a tres meses para confinamiento de las personas que ya han sufrido un contagio por COVID-19 en dicho período.
  • La disminución de la distancia de seguridad, de dos metros a 1,5 metros, establecida para considerarse contacto estrecho.

Con esta normativa, indica la UGT, el Gobierno regional deja fuera de los protocolos generales que establecen la práctica de pruebas PCR a los contactos de los casos positivos a más de un millón doscientos mil alumnos y alumnas, y alrededor de cien mil trabajadores y trabajadoras, además de sus correspondientes familias.

Estas medidas dejan en manos de las familias, si pueden financiarlo, las pruebas diagnósticas, lo que vuelve a abrir la brecha social y económica tan evidente en Madrid, ya que el Gobierno regional no ignora que los Centros de Atención Primaria y los Hospitales Públicos no tienen en este momento capacidad para hacer, en condiciones garantistas, estas pruebas.

UGT denuncia que el contacto de los coordinadores de covid de los centros educativos con la Dirección General de Salud Pública cuando se manifiesta un caso positivo o un brote continúa siendo inadecuado y, en muchos casos, inexistente.

Todo ello, concluye la UGT, produce una enorme inquietud y preocupación en toda la comunidad educativa por considerar que «nos encaminamos hacia una situación de menor control y garantías, mientras en nuestra Comunidad aumenta el riesgo de contagio».

Añade que «los medios establecidos no son los adecuados y parecen mera propaganda para justificar actuaciones de control de la pandemia que, en realidad, no existen o son ineficaces y dejan a los centros en una situación de abandono y a la comunidad educativa en una situación de indefensión».

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