Un informe realizado por el Ministerio de Consumo ha detectado incumplimientos en la venta de mascarillas para evitar el contagio por coronavirus.
Según informa Servimedia, el informe recoge las ocho mil actuaciones llevadas a cabo por inspectores durante los seis primeros meses de la pandemia (de marzo a septiembre de 2020) en las distintas comunidades autónomas.
El ‘Informe de actividades relativas a la vigilancia del mercado de mascarillas higiénicas y EPI a disposición del consumidor y otros productos relacionados con la Covid’ expone tanto la inspección física como la que tuvo lugar ‘online’.
Las inspecciones tuvieron lugar en comercios minoristas, seguido de distribuidores el 87 por ciento de las actuaciones correspondieron al estudio de las mascarillas higiénicas y mascarillas EPI.
Según Consumo, en ese tiempo se ha informado de más de 2,3 millones de unidades de mascarillas higiénicas y 1,6 millones de mascarillas EPI sobre las que se ha realizado algún tipo de actuación por incumplimiento.
«Este dato además podría ser superior pues, debido a las estructuras de datos de los sistemas informáticos y la explotación de los mismos en las distintas autoridades de vigilancia del mercado no se ha podido obtener esta información de todas ellas», añade el informe.
En concreto, se realizaron 4195 inspecciones físicas sobre mascarillas EPI, a las que hay que sumar 382 ‘online’; y 2164 inspecciones físicas de mascarillas higiénicas, a las que se añaden otras 280 inspecciones de este tipo de producto de forma ‘online’.
Sólo el 3,33 por ciento de las inspecciones de las mascarillas higiénicas fueron a fabricantes (frente al 72,15 por ciento de este tipo de producto en minoristas); y el 0,84 por ciento se actuó directamente con el fabricante en mascarillas EPI, frente al 64,78 por ciento en minoristas.
«Dentro de los comercios minoristas se ha detectado una gran proporción de irregularidades en bazares multi-producto, pero también en establecimientos especializados en otra tipología de productos, como ferreterías, droguerías, mercerías o incluso farmacias comunitarias. Asimismo, en el rango de establecimientos minoristas quedan englobados grandes supermercados e hipermercados, en los cuales se han hallado incumplimientos generalmente de carácter subsanable, fundamentalmente relacionados con la información en el etiquetado e instrucciones», puede leerse en el informe.
El Gobierno también señala que la mayoría de las actuaciones se hicieron en el comercio minorista, por lo que invita a la «reflexión» de que se deba aumentar el número de actuaciones en operadores económicos «más arriba en la cadena de distribución, de forma que se optimice el impacto de determinadas medidas en caso de incumplimiento».
«En términos generales, se ha revelado una falta de información y formación respecto de los productos que los operadores económicos comercializaban y la información que se ha estado facilitando a los consumidores en comercio minorista, en mucho casos imprecisa o incluso falsa o errónea», agrega el documento, que invita a «una mayor formación y concienciación tanto a operadores económicos como consumidores» de cara a lo que se debe exigir a estos productos.
