La Federación de Enseñanza de CC.OO. indica que la clasificación actual de los profesionales del ámbito educativo, socieducativo y asistencial como personal de riesgo de nivel uno, el más bajo, «no se ajusta a su exposición real y dificulta la protección de su salud», y pide al Gobierno que lo aumente al dos.
En concreto, el sindicato recuerda que el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov2 del 8 de junio de 2020 fija los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores con el fin de establecer medidas preventivas, y que en dicho procedimiento se incluye al personal de los centros educativos en el nivel uno de riesgo, es decir, en el más bajo, por lo que se considera que tiene una escasa probabilidad de exposición al virus, informa Servimedia.
CC.OO. alerta de que «esta asignación de nivel de riesgo no se ajusta a la realidad actual en los ámbitos educativos, socioeducativos y asistenciales y puede poner en peligro la salud de estos trabajadores y trabajadoras».
Agrega que esta situación se agrava de manera significativa cuando los profesionales de estos sectores forman parte de un grupo vulnerable (enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, obesidad mórbida, más de sesenta años y embarazo), ya que el nivel de riesgo de contagio uno no lleva asociado, en ninguno de los grados de patología previstos (controlada, descontrolada y comorbilidad), ni la adaptación del puesto de trabajo ni la incapacidad temporal ni la prestación por riesgo de embarazo de lactancia.
Por todo ello, la organización ha remitido una carta a los ministros de Educación y Formación Profesional y de Sanidad, Isabel Celaá y Salvador Illa, en la que revindica que se eleve el nivel de riesgo para los trabajadores de ese ámbito.
Se reclama que este personal sea incorporado, al menos, al nivel de riesgo dos de forma general y que se valore la inclusión en el nivel de riesgo tres del personal vinculado al ámbito de la discapacidad, protección de menores (centros de acogida y residenciales) y la educación especial.