La Convención Constitucional de Chile ha aprobado por 112 votos a favor y 32 en contra, una propuesta que define un estado plurinacional e intercultural que reconozca y promueva el desarrollo de los pueblos originarios que habitaron su territorio antes de la conquista española, iniciativa que ya forma parte del borrador de la Constitución que se propondrá a los chilenos en agosto o septiembre 2022 para su rechazo o aprobación en un referéndum.

La Convención debate y redacta la primera Constitución chilena fruto del trabajo de 155 constituyentes electos por votación popular en octubre de 2020 y que comenzaron sus tareas el 4 de julio de 2021, con una composición paritaria de hombres y mujeres y con diecisiete miembros de pueblos originarios. Su labor puede extenderse hasta el 4 de julio.

La norma aprobada el 17 de febrero define que «Chile es un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado».

En el último censo del país, de 2017, fueron 2,18 millones de chilenos quienes dijeron pertenecer a un pueblo originario, un 12,8 por ciento de los 17,07 millones de habitantes que tenía Chile entonces (hoy son 19,4 millones). El mapuche es el más numeroso, seguido del aymara, rapa nui, diaguita, atacameño, quechua, colla, kawesqar y yagan.

La Convención fue la respuesta a una insurrección popular a lo largo de 2019, cuya represión ensombreció el segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera, un empresario que ya había gobernado el país entre 2010 y 2014, y que será sucedido desde el 11 de marzo 2022 por el izquierdista Gabriel Boric, ganador de las elecciones de diciembre 2021.

Hasta ahora, Chile se ha regido desde 1980 por la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien impulsó con un entramado de normas un régimen neoliberal en lo económico y vertical y autoritario en lo político, que los gobiernos democráticos no lograron desmontar sino parcialmente desde 1990.

El resultado es un país con una dinámica economía exportadora de rubros mineros y agrícolas, pero con una de las sociedades más desiguales del mundo, lo que estuvo en la base del estallido del 2019, así como el incumplimiento de promesas de cambios, como una nueva Constitución, la reforma del sistema educativo o mejoras en los derechos sociales.

Ninguna Constitución chilena anterior menciona a los indígenas ni a  sus derechos, como sí hacen otras constituciones latinoamericanas surgidas en diferentes procesos desde 1980. El único precedente de declaratoria de Estado Plurinacional es el del vecino Bolivia, que lo hizo en la Constitución de 2009.

Empresarios en contra

Este proceso genera enorme preocupación en los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cuya directiva, encabezada por Juan Sutil, se reunió sucesivamente con la  presidenta de la Convención hasta enero, la mapuche Elisa Loncón, y con su sucesora, María Elisa Quinteros.

La CPC impulsó numerosas Iniciativas Populares de Norma para incluir sus posiciones en el debate. Invitó a todos a respaldar esas iniciativas «que defienden los valores de la libertad de pensamiento, el libre emprendimiento», entre otros, para alcanzar «una democracia robusta» con colaboración público-privada.

La CPC reunió 507.852 firmas y logró incluir dieciséis Iniciativas con sus puntos de vista frente al proceso constituyente. Tres de ellas ya fueron rechazadas: «Emprende Libre»,  «Modelo económico, libertad de emprender  y fomento a la mipymes», y «Agua para Todos». Aún se tramita una más: «Por una minería sustentable para Chile».

Los dirigentes empresariales han subido el tono de su oposición a la Convención a la que acusan de distanciarse del Chile real y del trabajo por una Constitución para todos.

Las compañías forestales poseen aproximadamente 1,9 millones de hectáreas en una macrozona del sur, a lo largo de tres de las regiones del país. Parte importante de esas hectáreas son tierras ancestrales.

La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, creada por el entonces presidente Ricardo Lagos el 2001 e integrada por veinticuatro miembros de representación transversal, recordó que 500.000 hectáreas fueron adjudicadas a indígenas entre 1884 y 1929. Lo comprobó tras revisar 413 títulos entregados entre aquellos años.

El propósito de esa Comisión fue «corregir la invisibilidad histórica de esos pueblos (originarios), reconocer su identidad, reparar el daño que les fue infringido y contribuir a la preservación de su cultura».

En cuanto a los recursos naturales, propuso reconocer a los indígenas el derecho de propiedad, utilización, administración y beneficio, el derecho preferencial en concesiones del Estado y el derecho de uso, gestión y conservación.

La redacción ya aprobada para el primer borrador será ahora analizada por la Comisión de Armonización que velará «por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno».

La versión que surja de allí será votada por el plenario que, por dos tercios, definirá el texto que votarán en un plebiscito  todos los chilenos.

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