El cuatro de septiembre 2022 los chilenos decían no a la nueva Constitución propuesta en el referéndum celebrado en esa fecha con una rotundidad que hizo tambalearse de alguna manera las cuadernas del gobierno del presidente, Gabriel Boric, quien apenas lleva seis meses en el cargo. Tanto es así, que al conocer el resultado el mandatario manifestaría sin tapujos: «Recojo este mensaje y lo hago propio, hay que escuchar la voz del pueblo».
Porque lo cierto es que la diferencia entre un 62 por ciento de votos negativos frente a un 38 por ciento de positivos no admite discusión, no hay por dónde suavizar el resultado, por mucho que se intente. El texto de la que estaba llamada a ser la nueva Constitución chilena ha sido redactado durante un año por una comisión de mayoría progresista y paritaria, con el que se intentaba dar salida de forma institucional al malestar existente y las posteriores revueltas ciudadanas que tuvieron lugar en el país durante el año 2019.
Un texto que ofrecía, entre otras cosas, cambios profundos para el país, el reconocimiento de los pueblos indígenas, que en Chile suponen el 13 por ciento de la población; la paridad de género, tener en cuenta la ecología y otros aspectos progresistas. Pero frente a ello también hay que decir que, a tenor de las informaciones publicadas en diferentes medios, un porcentaje importante de la población veía peligrar su status quo, su situación actual, que veían amenazada.
Como el gobierno hizo una defensa desde el primer momento de este referéndum y la consiguiente aprobación, una parte importante de la ciudadanía ha ido a las urnas como si se tratara de un plebiscito a un gobierno de izquierdas, cuando en realidad se trataba de cosas diferentes.
Después del resultado conocido, lo que ha quedado meridianamente claro en Chile es que la Constitución redactada en el año 1980 durante la dictadura del general golpista Augusto Pinochet sigue vigente, aunque, eso sí, con los consiguientes cambios introducidos posteriormente, por lo que puede decirse que la sombra del dictador sigue siendo alargada.
Pero junto a ello, también hay que decir que la inmensa mayoría de la ciudadanía chilena está favor de una nueva Constitución, como ya quedó patente en el plebiscito celebrado en el año 2020, en el que el 78 por ciento de los votantes manifestaron que había que cambiar la todavía vigente Constitución pinochetista.
Y en este sentido, el presidente Gabriel Boric ya está preparando el nuevo proceso constituyente que la sociedad requiere, por lo que ha puesto en manos del Congreso que indique el camino a seguir de cara a redactar un nuevo texto, que llegue a buen puerto en las urnas. «Queremos escuchar a todas las voces para seguir adelante con este proceso», declararía el mandatario.
Pero eso requiere, entre otras cosas, reunir a las fuerzas políticas que hicieron campaña en contra del texto ya rechazado, entre las que se encuentran, no conviene olvidarlo, el centro izquierda moderado, además de la derecha.
De los políticos que han pasado por La Moneda, sede presidencial en Chile, solamente la socialista Michelle Bachelet estaba a favor de aprobar la nueva Constitución. Por su parte, el expresidente Ricardo Lagos manifestó que el texto rechazado no ha servido para «unir a los chilenos», mientras que otro expresidente, el democristiano Eduardo Frei votó por el rechazo, al tiempo que pedía cambios, manifestando: «Este lunes se abre una nueva etapa».
Tanto expertos como analistas se preguntan cómo es posible que la Constitución que se proponía para sustituir a la del general Pinochet haya sido rechazada por un porcentaje tan abrumador, cuando Chile es un país plenamente democrático Las causas pueden ser varias, y ya se están apuntadas algunas.
Una de ellas ha podido ser el hecho de que votar era obligatorio, so pena de una multa, en un país en el que normalmente unos cuatro millones de personas no votan nunca. La desinformación ha sido otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de rechazo. En este sentido, mientras los promotores del sí tuvieron problemas para explicar el nuevo texto, los detractores del mismo dejaron entrever que caso de aprobarse perderían sus ahorros, sus casas, mientras que en el tema del aborto legal la iglesia hizo su campaña en contra, cosa que a nadie puede sorprender.
Consciente de la situación, el presidente ha pedido que en el Congreso se inicie el camino a seguir para llegar a un nuevo proceso constituyente. Entre todas las opiniones al respecto, hay una del diputado socialista Raúl Soto, que puede interpretarse tanto como un mensaje de esperanza o como una advertencia: «Tenemos una segunda oportunidad; probablemente sea la última».