El pasado día 25 de octubre (2020) los chilenos acudían a las urnas para enterrar con sus votos los vestigios heredados de la dictadura del general Augusto Pinochet, que duraría entre los años 1973 y 1990. El dictador chileno dio un golpe de Estado en dicho año 1973 asaltando con las llamadas Fuerzas Armadas la Casa de la Moneda, derrocando al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de izquierda de la Unidad Popular.
Allende se suicidaría dentro del edificio defendiendo la legalidad vigente. En el año 1980 se elaboraría una Constitución de corte neoliberal que, con algunas modificaciones a lo largo de los años, es la que ha estado vigente durante hasta ahora.
Han pasado de aquello cuarenta y siete años y los chilenos vuelven a recobrar la libertad plena que un día les fue arrebatada por aquel golpe de Estado, llevado a cabo el 11 de septiembre de 1973 y que, como no podía ser de otra manera, contó con el beneplácito de los Estados Unidos que, en plena época de la llamada guerra fría, no podía permitir que un marxista gobernara un país, aunque hubiese salido elegido democráticamente en las urnas. Gobernaba en la Casa Blanca por entonces el presidente Richard Nixon, teniendo como secretario de Estado a Henry Kissinger, un halcón de la política en aquellos años de lucha por la hegemonía mundial entre los dos colosos, Estados Unidos y la ya extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Con los resultados habidos el día 25 de dicho mes de octubre de 2020 puede decirse que ha triunfado la sociedad chilena con la voluntad de cambio que ha demostrado. En palabras del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, «ha triunfado la ciudadanía y la democracia y la paz sobre la violencia». En este sentido, la abrumadora mayoría del sí reflejada en el 78 por ciento de los votos indica que los chilenos están por la labor de editar una nueva Carta Magna que será elaborada por una llamada Convención Constitucional, mientras que por su parte un 21 por ciento se inclina porque sea un órgano mixto con el actual Parlamento.
A partir de ahora, y durante un tiempo, un equipo formado por 155 ciudadanos pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales elaborarán un nuevo texto de lo que va a ser la nueva Constitución, que será votada en el año 2022. Será un texto en el que van a tener especial relevancia los temas relacionados con los derechos sociales, algo que asusta a la derecha chilena, que en parte no quiere perder sus privilegios. En la actual Constitución, la elaborada por Pinochet y sus seguidores en 1980, se priorizaba de forma acusada un liberalismo en el que se garantizaba la solución privada para problemas públicos, como son temas tan importantes como sanidad, educación, y seguridad social.
Con los militares en el poder, a partir de esa fecha se llevaría a cabo una opción ideológica a favor de los derechos económicos, pero al mismo tiempo, y por ende, se dejaba de lado la mirada social, siendo una de las causas en las que han desembocado el malestar ciudadano que lleva haciendo acto de presencia en las calles de Chile durante el último año, desembocando en ocasiones en grandes manifestaciones de protesta.
A lo largo de los últimos treinta años, los diversos gobiernos han ido aplazando las reformas que la sociedad chilena demandaba y que el país necesitaba, y de ahí el malestar anteriormente citado. No es de extrañar, pues, que en estos momentos intelectuales, políticos y sociólogos chilenos de distinto signo debatan el posible camino a seguir en los próximos años en un país que tanto tiene que decir en América Latina tanto, en el presente como en el futuro.