La sección sindical de la CGT en Asispa informa de que recientemente se han mantenido reuniones entre responsables del Ayuntamiento de Madrid, de Samur Social y de la empresa Asispa, en las que se han acordado cambios en el perfil de las personas que pueden acceder al centro de acogida para refugiados de Caracolas (Vallecas), limitando la entrada de derivaciones de Samur Social, de familias con menores y mujeres solas.
Asimismo, se ha temporalizado la estancia de bastantes personas que llevaban muchos meses viviendo en Caracolas, bien porque son derivadas a otros centros, o bien porque deben buscar un alojamiento por su cuenta, con todas las complicaciones que supone para estas personas encontrar un alquiler cuando ni tan si quiera pueden formalizar un contrato de trabajo estable.
Debido a estas directrices, muchas personas usuarias se han marchado por lo que la ocupación ha disminuido, llegando a un tercio de su capacidad (cien personas de trescientas plazas).
Mientras tanto, la red de personas sin hogar se encuentra saturada y hay listas de espera de más de tres meses. En este contexto de abandono institucional muchos hombres solos llegan a Caracolas derivados de la central de Samur Social en la Latina, y a pesar de tener plazas disponibles en Caracolas, se les niega la entrada argumentando que deben esperar en situación de calle a que otros centros se vacíen para poder conseguir un alojamiento. De hecho, en el caso de que un hombre solo acuda a Caracolas a partir de las 23:00 horas debe esperar afuera hasta las siete de la mañana del día siguiente para que el equipo de trabajo social valore su derivación a otro centro.
Ante esta «nefasta gestión organizada e implementada desde el Ayuntamiento, Samur Social y Asispa» la CGT denuncia una vulneración grave de derechos humanos al impedir expresamente a muchas personas el acceso al centro, pese a la enorme cantidad de plazas libres que se encuentran disponibles.
Asimismo, denuncian que se abandone a personas en situación de calle en medio de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, y sostienen que «mientras se mantienen los beneficios de las empresas privadas y se imponen sus intereses no se atiende las necesidades básicas de la clase trabajadora y muchas personas quedan desprotegidas»