Hay una explicación cómoda para cada crisis en Ceuta y Melilla. Si gobierna la izquierda, la culpa será de la regularización de inmigrantes, del efecto llamada, de la debilidad diplomática o de cualquier otra fórmula preparada para el consumo interno. Si gobierna la derecha, se hablará de firmeza, de fronteras y de banderas, como si bastara cambiar el tono del Consejo de Ministros para modificar los planes de Marruecos.
Es una manera tranquilizadora de no mirar el problema.
Marruecos no presiona a España porque Pedro Sánchez sea progresista, porque se haya aprobado una regularización o porque la política migratoria española sea más o menos generosa. Marruecos presiona porque puede, porque le resulta útil y porque hace tiempo que comprendió que España interpreta cada provocación como un episodio aislado, nunca como parte de una estrategia.
La discusión española suele empezar siempre demasiado tarde. Empieza cuando cientos de personas alcanzan una valla, cuando aparece una patrullera donde no debería, cuando se cierra una aduana o cuando Rabat llama a consultas a su embajadora. Entonces nos precipitamos a buscar la causa inmediata, el error del Gobierno de turno, la declaración desafortunada, la ley recién aprobada.
A finales de julio de 2026 ni siquiera fueron cientos. Según cifró el ministro del Interior el 4 de agosto, entraron en Ceuta unas setenta y dos mil personas en cuestión de días —la mayor entrada de la historia del enclave, cerca del 86 por ciento de sus ochenta y cuatro mil habitantes— y el episodio dejó más de ochenta muertos. Y aun así lo tramitamos como se tramita todo aquí: como una emergencia sobrevenida, un pico en una gráfica, un asunto que se da por cerrado en cuanto el propio ministro puede anunciar, siete días después, que setenta mil de aquellas setenta y dos mil personas ya han regresado a Marruecos.
Conviene detenerse en esa cifra, porque dice más de lo que parece: setenta mil retornos en una semana no se improvisan. Solo son posibles si quien abrió la puerta acepta volver a cerrarla. La velocidad del regreso no mide la eficacia española; mide quién tiene la mano en el grifo.
Pero la causa inmediata suele ser solo el decorado.
Debajo hay otra cosa.
La Marcha Verde de 1975 tampoco fue una ocurrencia repentina. No fue una multitud que, impulsada por un entusiasmo espontáneo, decidió caminar hacia el Sáhara. Fue una operación política construida sobre una certeza: España estaba débil, aislada, dividida y demasiado preocupada por su propia supervivencia como para abrir un conflicto.
Conviene recordarlo cada vez que alguien afirma que todo esto se resolvería con un Gobierno más patriótico o duro. La dictadura franquista no detuvo la Marcha Verde. El régimen que fusilaba opositores llenaba cárceles y presumía de autoridad decidió no enfrentarse a Marruecos.
No fue la democracia la que entregó el Sáhara. No fue la izquierda. No fue una ley de regularización. Fue un Estado autoritario que, llegado el momento decisivo, descubrió que la retórica imperial no servía frente a una operación apoyada por intereses internacionales y diseñada para obligar a España a escoger entre la retirada y una guerra.
Por eso resulta casi cómico escuchar que un futuro Gobierno de derechas resolverá el problema de Ceuta y Melilla mediante una combinación de uniformes, discursos y fotografías en la frontera. Puede que endurezca el lenguaje. Puede que ordene más despliegues. Puede incluso que encuentre un rédito electoral en el enfrentamiento.
Y quizá sea exactamente eso lo que Marruecos esté esperando.
Porque Rabat no necesita una España dócil. También puede convenirle una España irritada, gesticulante, previsible. Un Gobierno que responda a cada provocación con otra provocación, que convierta cada crisis en una cuestión de orgullo nacional y que termine aceptando el terreno narrativo que Marruecos lleva décadas preparando: el de dos territorios supuestamente anómalos, coloniales, pendientes de una solución.
Ceuta y Melilla no son el Sáhara Occidental. Jurídicamente no lo son. Históricamente tampoco. Y esa diferencia, lejos de desactivar el paralelismo, explica por qué la presión adopta hoy otra forma. En el Sáhara, Marruecos disponía de una palanca que aquí no tiene: un título español colonial y frágil, un territorio inscrito en la lista de descolonización, un derecho de autodeterminación reconocido y un Frente Polisario que encarnaba la reclamación. Ceuta y Melilla no ofrecen nada de eso; la soberanía española no está en disputa ante ningún tribunal internacional. Precisamente por eso la Marcha Verde no puede repetirse de frente. No invoco 1975 como precedente jurídico, sino como precedente de método.
Lo que se repite no es el mapa: es la técnica. Porque la política internacional no se libra únicamente en los tribunales ni en los archivos. Se libra en la repetición. Una reclamación repetida durante años acaba adquiriendo apariencia de conflicto. Una frontera sometida permanentemente a tensión termina pareciendo provisional. Una ciudad convertida una y otra vez en noticia por avalanchas, cierres, incidentes y despliegues militares empieza a ser percibida desde fuera como un problema.
Ese puede ser el objetivo.
No entrar mañana en Ceuta y Melilla, sino conseguir que dentro de veinte años resulte normal discutir sobre ellas.
La próxima Marcha Verde no tendrá por qué parecerse a la primera. No necesitará trescientas cincuenta mil personas avanzando por el desierto con banderas y retratos del rey. Puede ser intermitente. Puede durar años. Puede componerse de pequeños episodios que, observados por separado, parezcan accidentes, crisis migratorias o disputas administrativas:
Una frontera que se abre durante unas horas.
Una patrullera que cruza demasiado.
Una aduana que nunca termina de funcionar.
Un mapa oficial en el que las ciudades aparecen integradas en Marruecos.
Una declaración diplomática.
Una campaña en redes.
Una presión comercial.
Un incidente que obliga a España a reaccionar y que después es presentado como una agresión española.
Nada de eso conquista una ciudad. Pero todo ello trabaja sobre la percepción de que la soberanía española es discutible, costosa y, quizá algún día, negociable.
La inmigración ocupa un lugar central en este mecanismo porque permite reunir presión política, drama humano y confusión moral. Quienes intentan cruzar la frontera no son un ejército. Son personas, muchas veces desesperadas, que no deben ser tratadas como invasores. Pero precisamente por eso su utilización resulta tan eficaz. España queda atrapada entre la obligación de defender la frontera y la obligación de respetar derechos fundamentales. Marruecos puede aparecer alternativamente como guardián, socio, víctima o mediador de una crisis que su propia actuación contribuye a regular.
Cuando vigila, es un aliado indispensable.
Cuando deja de vigilar, España descubre el precio de esa dependencia.
No hace falta imaginar una conspiración perfecta. Y conviene no exagerar en sentido contrario: no todo episodio responde a un plan, algunos son oportunistas y otros improvisados, y atribuir a Rabat una coreografía sin fisuras sería caer en la superstición inversa. Pero no hace falta un guion para reconocer una dirección. Basta con admitir una relación de poder que se mantiene constante, aunque los incidentes sean irregulares.
Marruecos sabe que la cooperación migratoria tiene valor político y económico. Sabe que Europa teme las llegadas masivas. Sabe que España teme el aislamiento diplomático y que sus gobiernos viven pendientes de la próxima crisis parlamentaria, de la próxima encuesta y del próximo titular.
Marruecos piensa en décadas. España piensa en ruedas de prensa.
El verdadero mar de fondo, sin embargo, no está solo en la frontera. Está en el desplazamiento del poder internacional hacia Rabat.
La relación entre Estados Unidos y Marruecos no es nueva ni circunstancial. Washington considera al reino alauí un socio estratégico en el norte de África, y sobre el Sáhara Occidental no se ha limitado a acercarse a las tesis marroquíes: las ha hecho suyas. Reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio en diciembre de 2020, como contrapartida a que Rabat se sumara a los Acuerdos de Abraham, y desde entonces no ha retrocedido. En octubre de 2025 impulsó en el Consejo de Seguridad la resolución que consagra el plan de autonomía marroquí como base de las negociaciones; el 1 de agosto de 2026, Donald Trump escribió a Mohamed VI que reconoce esa soberanía y que cualquier otra vía «es inaceptable». Y el respaldo ha dejado de ser solo diplomático: días antes, una agencia federal estadounidense comprometió su primera financiación pública a un proyecto privado en El Aaiún, la principal ciudad del Sáhara bajo control marroquí. Reconocimiento, dinero y presencia sobre el terreno.
Eso cambia el tablero
Durante años, España ha dado por supuesto que su pertenencia a la OTAN, su relación con Estados Unidos y la importancia de las bases de Rota y Morón convertían su posición estratégica en algo firme. Pero ninguna alianza es sentimental. Las bases no son medallas concedidas por buena conducta. Son instrumentos. Y los instrumentos pueden perder valor, compartirse o ser sustituidos parcialmente cuando aparece otro socio dispuesto a ofrecer ventajas.
Conviene ser preciso también aquí. Rota no es intercambiable: su valor está en una geografía concreta —la boca del Atlántico, la vigilancia del estrecho, los destructores de defensa antimisil— que Marruecos no puede ofrecer ni replicar. El peligro, por tanto, no es que Estados Unidos mude Rota a la costa marroquí. Es la erosión: que la posición española deje de ser exclusiva, que lo imprescindible pase a ser conveniente, que Washington descubra que puede repartir su apuesta. No hace falta que Rota se traslade para que Rota valga menos.
No hay una decisión conocida de Estados Unidos de abandonar Rota y Morón para instalarse en Marruecos. Afirmarlo como un hecho sería falso. Pero esperar a que exista una orden oficial de traslado para empezar a pensar en sus consecuencias sería una forma muy española de llegar tarde.
La cuestión no es si mañana los estadounidenses desmontarán Rota y cargarán sus instalaciones en un barco rumbo a Marruecos. La cuestión es si Washington está construyendo una alternativa estratégica que reduzca su dependencia de España.
Porque si esa alternativa existe, incluso de forma parcial, cambia la capacidad de presión de Rabat.
Marruecos no necesita que Estados Unidos le entregue Ceuta y Melilla. No funciona así. Le bastaría con que, llegado el momento, Washington considerara inconveniente enfrentarse a un aliado cada vez más importante por defender sin reservas la posición española.
Le bastaría la ambigüedad.
Le bastaría una llamada a la contención de ambas partes.
Le bastaría una propuesta de diálogo.
Le bastaría que una reclamación absurda empezara a ser tratada como una disputa legítima entre dos aliados.
Así comienzan muchas derrotas diplomáticas: cuando aquello que era indiscutible pasa a ser objeto de conversación.
Y Europa, mientras tanto, mira hacia otro lado. No por descuido, sino por geografía mental. La frontera que de verdad desvela a Bruselas está en el este: la guerra de Ucrania, el flanco báltico, los empujones de migrantes que Rusia y Bielorrusia lanzaron contra Polonia y Finlandia y que Europa nombró en el acto con la palabra exacta, «guerra híbrida». Cuando la presión llega del este, es una agresión que exige cerrar filas. Cuando llega del sur, es una crisis migratoria que cada cual gestiona en su casa.
El Mediterráneo se ha convertido en una servidumbre doméstica de tres países —España, Italia y Grecia—, administrada con presupuesto de Frontex y acuerdos de externalización, nunca tratada como una cuestión de soberanía. Y esa externalización esconde la paradoja mayor: el guardián al que Europa paga para vigilar la frontera sur es el mismo que decide cuándo abrirla. Europa no solo no mira; le ha entregado la llave al portero.
Se vio esta misma semana. Cuando setenta mil personas entraron en Ceuta, hubo socios que no reclamaron solidaridad con España, sino su castigo: Italia —con Meloni al frente—, junto a Chequia, Dinamarca y Finlandia, pidió suspender a España del espacio Schengen.
Que entre ellos figure Finlandia, que dos años antes había cerrado su frontera con Rusia por esa misma instrumentalización y había recibido la solidaridad europea sin fisuras, mide la asimetría con crueldad: al este, el chantaje migratorio concita cierre de filas; al sur, se salda amenazando con penalizar al país que recibe el golpe.
Y la amenaza, además, es jurídicamente hueca. Ceuta y Melilla no están «fuera» de Schengen: son territorio Schengen bajo un régimen específico, único en Europa, vigente desde la adhesión española de 1991 y amparado por el artículo 41 del Código de Fronteras. El control se hace a la salida —nadie viaja de las ciudades a la Península sin identificarse—, de modo que entrar irregularmente en Ceuta no es entrar en el espacio de libre circulación. La propia Comisión Europea descartó la expulsión y recordó que ningún migrante de este episodio se ha desplazado al continente. No se puede expulsar de un club a quien ya cumple, en su frontera más expuesta, una regla que quienes amenazan ni siquiera conocen.
Y conviene entender, por fin, qué clase de «enemigo» es Marruecos para Europa, porque ahí está la raíz de la indiferencia. No es un enemigo militar. Es un proveedor. El pulso que Rabat mantiene con la Unión no se libra con misiles, balas ni tanques: se libra con tomates, con fresas, con pimientos, con judía verde que llega a los supermercados del continente a un precio contra el que no puede competir el agricultor del sur peninsular, ni el francés, ni el alemán. Ese contencioso agrícola es la única frontera con Marruecos que Bruselas vigila de verdad, porque es la única que roza el bolsillo de sus votantes.
Y no es una metáfora: en octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos agrícola y pesquero con Marruecos por abarcar el Sáhara Occidental sin consentimiento saharaui, y obligó a etiquetar como procedentes del «Sáhara Occidental», y no de Marruecos, los tomates y melones de aquella tierra. Frente a un enemigo así no se despliega un ejército: se litiga un etiquetado.
Y quienes frivolizan y miran hacia otro lado están detrás de los Pirineos. Francia es hoy el principal valedor europeo de Rabat: reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en julio de 2024, selló el giro con una visita de Estado y hasta actualizó sus mapas, e impulsa el puerto marroquí de Nador, que estrangula todavía más a Melilla, con su aduana comercial cerrada por Marruecos desde 2018. Y, sin embargo, el único agravio que París registra contra Marruecos es el del tomate que arruina a sus agricultores. Abraza el proyecto y protesta por el precio; sostiene al patrón y se queja de la mercancía. Esa es la mirada del norte sobre el sur: capaz de conmoverse por una cosecha y de no ver una frontera.
España debería leer lo que está ocurriendo sin el filtro de su pequeña guerra cultural. La regularización de inmigrantes puede ser acertada o equivocada. Puede generar efectos no deseados y merece una discusión seria. Pero utilizarla para explicar toda presión sobre Ceuta y Melilla es confundir la cerilla con el incendio.
Y sin embargo la cerilla existe, y prende cuándo y con qué intensidad. El aumento de finales de julio de 2026 no cayó del cielo: varios analistas lo relacionaron con el viaje de Sánchez a Argelia a principios de mes, el gran rival regional de Marruecos. Los detonantes bilaterales son reales, y sería ingenuo despacharlos como puro decorado. Lo que sostengo es más modesto y más incómodo: que el material combustible estaba apilado desde mucho antes, y que discutir solo la cerilla es garantizar que nunca hablemos del incendio.
El incendio viene de antes
Viene de una reclamación territorial que Marruecos nunca ha abandonado. Viene de una memoria de éxito: la de 1975. Viene de la certeza de que la presión sostenida acaba produciendo concesiones. Viene de la creciente importancia internacional de Rabat. Viene de una España que cambia de estrategia con cada Gobierno y que interpreta cada crisis como si no guardara relación con la anterior.
El error sería creer que la firmeza consiste en gritar más fuerte.
La firmeza real sería asumir que esta tensión sobrevivirá a Sánchez, a Feijóo, a la regularización, a las elecciones y a la próxima crisis migratoria. Sería construir una política sobre Ceuta y Melilla que no dependa del partido gobernante. Sería dejar de comprar tranquilidad a corto plazo mediante concesiones que nadie explica. Sería exigir que los aliados definan con claridad qué significa defender la integridad territorial española.
Y sería entender que las provocaciones marroquíes no son necesariamente fallos de la relación bilateral. Pueden ser la relación bilateral.
No estamos ante una repetición literal de la Marcha Verde. La historia no se repite con el mismo vestuario. Marruecos no necesita repetir las imágenes de 1975 porque aprendió su enseñanza esencial: frente a una España dividida y una comunidad internacional dispuesta a mirar hacia otro lado, la presión gradual puede ser más eficaz que la guerra.
La próxima Marcha Verde no será verde.
Será fronteriza, migratoria, diplomática, económica y militar.
Y es posible que ya haya empezado.
