El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, negó haber recibido alguna «petición oficial» para activar el traslado de unos quinientos menores no acompañados hacia la Península. Vivas mantiene que la única vía que respalda es el reagrupamiento familiar en Marruecos o, en su defecto, la tutela por los servicios sociales marroquíes. Se trata de una posición política, no de un veto jurídico: mientras los menores permanecen en su territorio, Ceuta conserva un papel administrativo real en la tramitación de sus expedientes, pero no tiene competencia para decidir su destino final.
A su vez, el Ejecutivo confirmó ayer, a través del ministro Félix Bolaños, el calendario completo de comparecencias parlamentarias sobre la gestión de la crisis: la ministra de Defensa lo hará el 25 de agosto; Bolaños y la ministra de Sanidad el 27; los ministros de Exteriores e Interior y la ministra de Inclusión el 28; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se sumó ayer a la lista para el 31 de agosto. Son siete carteras distintas rindiendo cuentas por separado, lo que da la medida de cuántos departamentos están implicados en la respuesta.
Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa ha dado luz verde al traslado de más de 150 militares del Mando de Canarias a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, que ya cuenta con más de 2500 efectivos en la Comandancia General de la ciudad. El refuerzo busca aliviar la carga de unidades que llevan tres semanas volcadas en tareas de presencia y disuasión.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sostiene que está «todo preparado» para reforzar los juzgados de Ceuta con los dos magistrados y el personal que reclamó esta semana el Consejo General del Poder Judicial, aunque fuentes del departamento de Bolaños admiten que aún no ha llegado la petición formal del Consejo. La tensión entre el ministro y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, sobre la dotación de recursos judiciales sigue abierta.
Ministerio de Sanidad
El Ministerio de Sanidad atraviesa su jornada más tensa con el sector médico ceutí: la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos denunció que responsables de INGESA habrían advertido de «consecuencias», incluida la no renovación de contratos, a profesionales que hablaran con la prensa sobre la situación sanitaria. El Ministerio niega tajantemente que existan coacciones. En paralelo, INGESA continúa buscando médicos y enfermeros para reforzar el Hospital Universitario de Ceuta pese a que la ministra Mónica García insiste en que no hay colapso sanitario.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó ayer que las plazas de acogida humanitaria ya habilitadas ascienden a 1800 —por encima de las 1500 anunciadas el lunes—, distribuidas en los emplazamientos Loma Margarita y El Embolsamiento. La ministra ofreció además una rueda de prensa con motivo del desalojo de migrantes de la playa del Trampolín, que serán reubicados en dos centros organizados por el Gobierno, y anunció que «en los próximos días» se activarán nuevos recursos temporales.
Ministerio de Juventud e Infancia
El Ministerio de Juventud e Infancia mantiene desplegado en Ceuta a su secretario de Estado, Rubén Pérez, para avanzar en el plan de traslado de quinientas niñas a la Península sin transferir su tutela a las comunidades autónomas —una fórmula diseñada precisamente para no depender del visto bueno político de los territorios que se oponen al reparto. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sigue fijada para el 27 de agosto.
Oenegés
Save the Children advirtió el 19 de agosto de que no puede darse por hecho que todos los menores no acompañados que permanecen en Ceuta vayan a ser retornados: cualquier decisión, insiste la organización, debe adoptarse caso por caso atendiendo al interés superior del menor. La ONG sitúa en torno a cuatro mil los niños y niñas que continuarían en situación de calle, fuera del sistema de protección, y reclama el traslado a otros territorios como vía para aliviar la presión sobre Ceuta. Cruz Roja continúa repartiendo kits diarios de alimentación e higiene y prestando asistencia sociosanitaria en el marco de la declaración de emergencia de 6,5 millones de euros acordada con el Ministerio de Inclusión.
Debate político
En España, el enfrentamiento institucional entre Gobierno y Senado sobre las comparecencias se sumó ayer a la disputa, ya abierta, entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ por la dotación de los juzgados de Ceuta. La oposición ha ampliado su frente de exigencias: el PP reclama explicaciones a Bolaños sobre la cooperación judicial con Marruecos para identificar fallecidos y localizar menores, mientras Vox mantiene un lenguaje que el propio Bolaños calificó ayer de «delito de odio».
En el plano europeo, la posición de la Comisión —avalando el retorno de menores conforme a la directiva de retorno— sigue siendo la referencia que citan tanto el Gobierno de España como el de Ceuta para justificar posiciones opuestas sobre qué hacer con los menores que quedan en la ciudad.
Lo que Marruecos cuenta a su ciudadanía
Le360 publicó el 20 de agosto un reportaje que cuestiona la credibilidad de una joven marroquí cuyo testimonio, recogido por El País, había humanizado la travesía a nado hasta Ceuta, contrastándolo con su historial digital previo. Es un giro respecto al patrón dominante hasta ahora —atribuir la crisis a la desinformación digital y a redes de tráfico de personas—: por primera vez, el relato oficialista se dirige contra un testimonio individual concreto. El mismo medio resumía, en otra pieza del mismo día, que una semana después del pico de la crisis, España y Marruecos siguen sin coincidir en las cifras de menores identificados.
Conclusión de la jornada
Veintidós días después de la entrada masiva del 30 de julio, la jornada del 20 de agosto deja tres frentes abiertos y ninguno cerrado: ocho ministerios distintos rindiendo cuentas por separado ante el Congreso a lo largo de agosto, sin que ninguno haya resuelto el desencuentro entre Ceuta y Madrid sobre el destino de los menores; un sistema sanitario ceutí donde la disputa ya no es solo asistencial, sino sobre si se permite o no a los médicos hablar con la prensa; y una prensa oficialista marroquí que, agotado el argumento de la desinformación, empieza a cuestionar a quienes cuentan la historia desde el otro lado.
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